Al menos 30 presos políticos han sido trasladados a la cárcel de El Rodeo I, en el estado Miranda, desde el pasado 19 de febrero de 2024. La mayoría de estos traslados se hicieron desde la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y desde la cárcel militar de Ramo Verde.
Poco después de realizarse la transferencia de los privados de libertad por razones políticas surgieron las denuncias de tratos crueles, inhumanos y degradantes a las que han sido sometidos los presos de conciencia dentro de las instalaciones.
El pasado 10 de marzo, Delsa Solórzano, exdiputada y presidenta del partido Encuentro Ciudadano, informó que familiares de los detenidos políticos que fueron llevados a este centro penitenciario hicieron denuncias sobre los estados de salud de los detenidos.
“El Rodeo I se ha convertido en el nuevo centro de torturas para los presos de conciencia en Venezuela”, escribió Solórzano en una publicación de la red social X.
Los familiares del teniente coronel Igbert José Marín Chaparro igualmente denunciaron mediante un video las condiciones en las que se encuentras los presos políticos en El Rodeo I.
Describieron que, en la recién remodelada cárcel, el militar se encuentra en una celda insalubre que apenas cuenta con una letrina y carece de agua potable.
La abogada y directora de la organización Justicia, Encuentro y Perdón, Martha Tineo, informó en una entrevista con Efecto Cocuyo, el martes 12 de marzo, sobre la situación en este recinto carcelario, gracias al testimonio de familiares de algunos de los detenidos por motivos políticos.
¿Qué ocurre dentro de la cárcel de El Rodeo I?
Tineo señala que funcionarios de alto nivel del gobierno de Nicolás Maduro ordenaron, inesperadamente, el traslado de los presos políticos que se encontraban en otros centros de reclusión al módulo I de la cárcel de El Rodeo.
La defensora de derechos humanos explica que estos traslados contravienen lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, porque, en todo caso, la decisión de trasladarlos debe ser tomada por el órgano jurisdiccional que está conociendo las causas, bien sea el tribunal de control –si están en fase de control– o el tribunal de juicio –si están en fase de juicio– o el tribunal de ejecución, si es que ya se encontraran condenados.
“Debe ser el tribunal de la causa el que decida el centro de reclusión y esa decisión debe ser notificada tanto a los abogados de confianza como a los familiares, y no de esta forma en la que los familiares tuvieron conocimiento de manera informal porque se fueron avisando unos a otros, pero sin saber a ciencia cierta cuál era el paradero de sus familiares”, dijo Tineo.
¿Por qué están siendo trasladados a esta cárcel?
La directora de Justicia, Encuentro y Perdón reitera que el traslado de los detenidos es una decisión autónoma y se desconoce quien la dictó. Aunque presumen que fue emanada desde el más alto nivel de gobierno, ya que los traslados incluyeron a personas que estaban en diferentes centros de detención.
“Unos militares como en la cárcel de Ramo Verde o DGCIM, otros en cárceles de administración del Ministerio de Servicios Penitenciarios. Entonces, ¿quién es la autoridad que dio la orden? No lo sabemos, pero cualquiera que haya sido no es la competente, porque los competentes, en todo caso, son siempre los tribunales de la causa”, recalcó.
¿Qué derechos están siendo violados?
La abogada asegura que a las personas que están privadas de libertad por motivos políticos y que no han sido condenadas porque no se les ha demostrado su participación en un hecho punible, además del derecho a la libertad que se le viola, podrían estar presentes violaciones de derechos fundamentales que han sido documentadas.
“Tratos crueles, inhumanos o degradantes; en este caso la incomunicación con sus familiares”, afirma.
¿En qué condiciones están los presos políticos que están en El Rodeo I?
Tineo aseveró que gracias a la información suministrada por diversas fuentes supieron que los privados de libertad por motivos políticos que están El Rodeo I se encuentran incomunicados y que en el mejor de los casos se les garantiza una visita que no supera los 20 minutos.
La defensora de derechos humanos explicó que en estas visitas no se permite el contacto físico y solo se pueden ver con sus familiares a través de una reja o de un vidrio con una limitada posibilidad de escucharse o interactuar de manera adecuada.
Señaló que los privados de libertad por razones políticas se les restringe llevar cualquier tipo de insumos como alimentos, artículos de higiene personal, incluso libros, papelería y biblias.
“Incluso algunos tenían suministros médicos tales como tensiómetros, los que sufren de crisis hipertensivas o medidores de glucemia en el caso de los diabéticos, pero se los quitaron. No hay ninguna certeza de que los tratamientos médicos que ellos requieren efectivamente puedan cumplirlos, por lo que se teme una desmejora en sus condiciones de salud”, denunció la activista.
¿A qué se debe esta ola de represión dentro de esa prisión?
Tineo aseguró no conocer el por qué de la medida y las razones que la justifican. La abogada indicó que la situación que está ocurriendo en esta prisión mirandina supone un agravamiento en las condiciones de detención de los presos políticos.
“Por eso han sido nuestros pronunciamientos y exhortos a las autoridades, en el sentido de que por una parte cesen las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Venezuela y por otra que nos preocupa ver que lejos de que estén cesando por el contrario surgen hechos como estos que parecieran suponer un agravamiento en esas violaciones a los derechos humanos”, apuntó.