¿Qué ha pasado tras un mes del anuncio de excarcelaciones masivas en Venezuela?

El 8 de febrero de 2026 marca el primer mes desde que Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, prometió el inicio de un proceso de excarcelaciones masivas en Venezuela. 

Durante estas cuatro semanas, la expectativa de los familiares y el trabajo de las organizaciones de derechos humanos se concentraron en las puertas de los centros de reclusión. Sin embargo, los registros de las ONG revelan una brecha entre el discurso oficial y la cantidad de personas que efectivamente han recuperado su libertad bajo medidas cautelares.

Hasta el 5 de febrero, la organización Foro Penal mantiene un registro de 383 personas excarceladas. Esta cifra representa una fracción de los más de 700 presos políticos que la organización contabiliza en las cárceles venezolanas. Por su parte, Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) ofrece un balance más elevado en su reporte del viernes 6 de febrero, donde estima que más de 880 personas permanecen detenidas por motivos políticos. Entre este grupo se encuentran más de 130 mujeres, 230 militares y funcionarios de seguridad, tres periodistas y cuatro defensores de derechos humanos.

La libertad no es una gracia ni un gesto de buena voluntad, es un derecho humano y en Venezuela hay al menos 881 personas privadas de ella por una decisión política. No están presas por falta de leyes ni por ausencia de mecanismos jurídicos, están presas porque no se ha querido… pic.twitter.com/3P0tzOXr0J

— Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) February 6, 2026

En el contexto de este proceso, Delcy Rodríguez anunció el pasado 30 de enero una amnistía general. La funcionaria, quien asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026, informó durante la apertura del año judicial que la medida busca cubrir el período de violencia política desde 1999 hasta el presente. 

Mientras se discute esta ley, las madres y familiares de los detenidos mantienen vigilias y campamentos en las afueras de la Comisaría de la Policía Nacional Bolivariana en Caracas (Zona 7), la cárcel de El Rodeo y El Helicoide, donde enfrentan condiciones climáticas adversas y problemas de salud por el agotamiento.

La brecha entre el discurso y la realidad del “goteo”

Gabriela Buada, defensora de derechos humanos y coordinadora de la ONG Caleidoscopio Humano, analizó en entrevista para Efecto Cocuyo la dinámica de este último mes. Para la activista, la característica principal de las autoridades actuales es la incoherencia en lo referente a la persecución y las violaciones al debido proceso. 

Buada resalta que el anuncio de Jorge Rodríguez del 8 de enero no guarda proporción con la realidad documentada en las prisiones, especialmente tras el contexto postelectoral de 2024 que dejó un saldo de al menos 2.000 personas detenidas.

“Es incongruente el discurso cuando hace el anuncio a lo que estamos viendo durante este mes, que las organizaciones apenas registramos entre 360 y 380 personas excarceladas”, afirmó Buada. 

La defensora señaló que el proceso ocurre de manera fragmentada, bajo una modalidad que denomina “a cuentagotas”. Según su testimonio, esta estrategia genera un impacto inhumano en las víctimas y sus familias, quienes permanecen a la intemperie a la espera de noticias que no llegan con la celeridad prometida.

Buada también alertó sobre la situación de los grupos vulnerables que aún no han sido priorizados. 

“Todavía tenemos en nuestra lista de mujeres presas políticas, todavía quedan 56 mujeres en centros de detención”, detalló. Además, informó que existen al menos 60 personas con cuadros críticos de salud que necesitan atención inmediata y que no han sido nombradas durante este mes de espera. 

Para la coordinadora de Caleidoscopio Humano, el retraso no responde a trámites administrativos ni a la revisión de expedientes, sino a una falta de voluntad política para “abrir la puerta de los centros de reclusión”.

Carlos Julio Rojas salió de la cárcel y se quitó la mordaza

Carlos Julio Rojas, periodista y activista vecinal, recuperó su libertad el 14 de enero de 2026 tras casi dos años de prisión. En un contacto telefónico, Rojas relató las condiciones de su detención y el momento en que recibió la noticia de su salida. 

El periodista describió su paso por El Helicoide como una experiencia llena de castigos y aislamiento, incluyendo 35 días en celdas de castigo conocidas como “tigritos”, donde convivió con roedores en condiciones extremas.

Sobre el día de su liberación, Rojas explicó que los rumores dentro del penal aumentaron tras el anuncio de Rodríguez. 

“En la mañana de ese 14 de enero me llaman y me dicen que debo ir a la enfermería”, recordó. Tras una revisión médica, el director de la cárcel le ordenó recoger sus pertenencias. Rojas relató que, antes de salir, las autoridades intentaron grabar un video donde él afirmara haber recibido buen trato. “Solo les puedo decir que ustedes (custodios del sebin) me garantizaron el derecho a la comida y una atención médica primaria”, fue su respuesta ante las autoridades del Servicio Bolivariano de Inteligencias Nacional (Sebin).

El activista fue trasladado hasta su residencia en La Candelaria en una camioneta oficial. Durante el trayecto, los funcionarios le advirtieron que no debía declarar a los medios de comunicación. 

“Para un periodista, un defensor de derechos humanos, no poder declarar, no poder hablar, es una forma de tortura”, manifestó Rojas, quien decidió romper la barrera tras dos semanas de silencio preventivo. 

A pesar de estar en su casa, el periodista aclaró que su libertad no es plena, pues debe presentarse ante los tribunales cada 30 días y tiene prohibición de salida del país, aunque en su boleta de excarcelación el juez no le prohíbe realizar su activismo o declarar a los medios de comunicación. 

El futuro de la amnistía y el destino de El Helicoide

El proceso de excarcelaciones se vincula actualmente con el proyecto de Ley de Amnistía, aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional. Gabriela Buada expresó su preocupación por la opacidad del texto legal. 

“Cómo apruebas en primera discusión un texto que ni siquiera está al público, ni siquiera las víctimas conocen”, cuestionó. Para la defensora, la falta de transparencia vicia el proceso y sugiere que la ley se utiliza más como una herramienta de discurso político que como un beneficio real para las víctimas.

Por otro lado, Carlos Julio Rojas se refirió a la propuesta oficial de cerrar El Helicoide y convertirlo en un centro de recreación. El periodista rechaza esta idea y propone, en cambio, la creación de un museo de la memoria. 

“El Helicoide en democracia debería ser convertido en un museo como existe en otros países que han pasado por regímenes autoritarios”, afirmó. Según Rojas, conservar el espacio tal como funcionó durante los años de represión es la única forma de garantizar que estos hechos queden sembrados en la memoria del venezolano y no se repitan.

Mientras el mes de febrero avanza, la situación jurídica de los excarcelados sigue siendo incierta. Rojas subrayó que vive bajo una “espada de Damocles”, pues continúa en fase de juicio ante el Tribunal Segundo de Terrorismo, bajo la supervisión del juez José Antonio García Morán. 

Tanto Buada como Rojas coinciden en que la verdadera justicia no se alcanzará hasta que se eliminen las medidas cautelares y se publique una lista clara y transparente de todos los beneficiarios, permitiendo que las familias pongan fin a las vigilias en las puertas de las prisiones.