El Estado venezolano se encuentra presentando el V Examen del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tras 8 años de no comparecer ante el Comité de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.
Las autoridades venezolanas están siendo evaluadas sobre el cumplimiento de los derechos fundamentales en el país y las respuestas ante los 18 miembros que conforman el Comité no han sido las más acertadas.
Desde este martes 10 de de octubre, los miembros del Comité han cuestionado algunos de los argumentos emitidos por funcionarios venezolanos, como Tarek William Saab, fiscal designado por la extinta Asamblea Constituyente; Henry Tamaure, segundo vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); Yván Gil Pinto, ministro de Relaciones Exteriores; Edgar Toro representante de la Defensoría, y Alana Zuloaga, viceministra de política interior y seguridad jurídica.
Durante la evaluación, los miembros expertos del Comité han cuestionado la independencia de los poderes públicos venezolanos y han debatido sobre la violencia basada en género, la inscripción en el registro electoral, la violación de los derechos indígenas, las condiciones de reclusión de los presos en el país y la libertad de expresión.
Un fiscal defensor de un Gobierno
Una de las intervenciones que más llamó la atención durante la presentación del V examen fue la de José Santos, miembro del Comité, quien cuestionó la defensa de Tarek William Saab hacia el Ejecutivo venezolano.
“Yo fui fiscal general y asistente del fiscal general de mi país, y yo sé de lo que usted está hablando; pero jamás he visto a un fiscal general defender de tal forma en este Comité a un Gobierno de su país, cuando su rol aquí es presentar su situación de independencia”, dijo el diplomático.
Durante su derecho de palabra, Saab señaló que en Venezuela no se pueden considerar presos políticos a personas que atentan contra el alto gobierno y que llamen a la sublevación de civiles. El fiscal aseguró hasta la fecha se han otorgado 12.148 medidas cautelares, 643 libertades plenas y 49 medidas humanitarias a privados de libertad.
Informó que en Venezuela hay 10 fiscales detenidos por estar vinculados en casos de corrupción y que desde el año 2018 hasta 2022 se ha logrado un “descenso de 40 % de violaciones de derechos humanos asociados a la integridad física”.
“El Ministerio Público, una vez al mes, ofrecen asistencia en las plazas Bolívar de todo el país; brindando atención personalizada. Hemos logrado un descenso de 63 % en el número de homicidios”, sostuvo ante el comité evaluador.
Saab señaló que desde 2016 la Fiscalía ha imputado a más de 5 mil funcionarios por violar los derechos civiles y políticos, incluyendo privación del derecho a la vida.
El Fiscal indicó que el Ministerio Público ha creado fiscalías encargadas de atender casos contra la población Lgbtiq+ y que han tramitado 68 denuncias, 37 en 2022 y 31 hasta agosto 2023.
“Hemos imputado a 38 personas”, aseguró, sin mencionar casos como el de los 33 hombres detenidos de forma arbitraria en el estado Carabobo, donde hasta el momento no se han imputado a ninguno de los funcionarios que actuaron durante el operativo.
Canciller inconforme con el número de preguntas
A la delegación que representa al Estado venezolano no les gustaron las preguntas hechas por los miembros del Comité durante el V examen. El ministro Yván Gil Pinto expresó su inconformidad por el gran número de preguntas realizadas durante la audiencia del martes 10 de octubre.
En total, los miembros del comité hicieron 61 preguntas, que se sumarán a las hechas este miércoles 11 de octubre.
Ante la falta de respuestas por parte de la delegación venezolana, los miembros del Comité solicitaron información por escrito.
Wafaa Bassim, miembro del Comité, destacó que la delegación venezolana no respondió sus preguntas sobre la condición de la mujer, el empoderamiento de las mujeres vulnerables y sobre los casos de tortura.
Los miembros del Comité mostraron su rechazo a las descalificaciones emitidas por la delegación venezolana y aseguraron que nunca habían sido tan descalificados durante las audiencias del Comité.
“Nunca habíamos recibido tantas descalificaciones. Tenemos derecho a pedir que se nos respete. No vamos a caer en el campo de las descalificaciones”, dijo Gómez Martínez, miembro del Comité.
Preguntas sin respuestas durante el V examen
Héléne Tigroudja, miembro del Comité de la ONU, señaló que la audiencia del martes fue una oportunidad perdida, porque muchas de las preguntas hechas por los miembros del organismo quedaron sin respuestas.
La diplomática destacó que los miembros del Comité han dedicado incontables horas de investigación y que los resultados de la documentación no se basaron en las redes sociales porque no las usan.
Cuestionó que haya 3.5 millones de personas, en su mayoría jóvenes, que no han podido registrarse en el CNE y que a estos se les está impidiendo su derecho a la participación política.
José Santos, miembros del Comité, indicó que para muchos de los temas planteados en la audiencia del V examen no hay información de carácter público.
Santos preguntó a la delegación venezolana sobre el cierre de los centros clandestinos de detención y los casos de civiles procesados por jurisdicción militar.
Otras de las preguntas realizadas por Santos fueron sobre las personas privadas de libertad y detenidas por motivos políticos que han sido procesadas por tribunales contra el terrorismo. El diplomático también pidió información sobre cuáles medidas toma el Estado para evitar que las autoridades carcelarias no cumplan con las órdenes de excarcelación.
“¿Pretende el Estado tomar medidas para prevenir detenciones arbitrarias, sobre todo a defensores de derechos humanos? Comentarios sobre las casi 15 mil supuestas detenciones arbitrarias entre 2014 y 2016”, cuestionó.
Ministro Gil Pinto sobre venezolanos en el exterior e inhabilitaciones
El ministro Gil Pinto indicó que las sanciones han dificultado el trabajo de los consulados y su personal. Alegó que han dificultado tener información sobre venezolanos en el exterior, según el diplomático venezolano, las sanciones también han impedido la compra del papel para imprimir los documentos de identidad.
“Cuando el antiguo Grupo de Lima desconoció a nuestro Gobierno, electo constitucionalmente, se afectaron los derechos de los venezolanos migrantes a sus documentos”, dijo.
El alto funcionario aseguró que en Venezuela hay 100 % de cobertura en la entrega de documentos de identidad, con excepción de los países donde se les impide tener consulados.
Durante la audiencia del V examen, Gil indicó que el arco minero del Orinoco se encuentra delimitado y reconoció que hay presencia de bandas criminales asociadas a la trata de personas y tráfico de sustancias ilícitas.
Explicó que las acciones del TSJ sobre los partidos políticos solo se han realizado bajo pedido de miembros de los mismos y que en el país los derechos políticos nunca se pierden.
“Todos tienen derecho a ser electos y votar. Hay son casos de inhabilitación de cargos públicos debido a asociaciones con casos de corrupción. Los inhabilitados aun así pueden participar en elecciones”, dijo.
El ministro señaló que la Contraloría no tiene la facultad de limitar el disfrute de los derechos civiles y políticos en el país y que solo se puede realizar mediante la orden de un tribunal.
Ante la respuesta del ministro Gil Pinto, José Santos, representante del Comité, aseguro que le parece extraña la respuesta del funcionario venezolano sobre que una persona inhabilitada pueda participar en las elecciones, aun cuando en el marco de los próximos comicios hay candidaturas anuladas por inhabilitaciones.
Las cárceles en Venezuela
Alana Zuloaga, viceministra de política interior y seguridad jurídica, indicó que en el país hay 52.567 privados de libertad dentro de los centros penitenciarios y que 26.619 de ellos son hombres y 2.436 son mujeres; mientras que en los centros de detención preventiva hay 20.242 hombres detenidos y 2.663 mujeres presas.
Zuloaga informó que en Venezuela hay 84 centros penales, 38 para hombres, 21 para adolescentes y 17 centros penitenciarios femeninos.
La funcionaria añadió que durante el 2020 el Gobierno aplicó un plan de vacunación para toda la población carcelaria y que los centros penitenciarios cuentan con “salas de atención primaria y atención a condiciones crónicas de salud”.
Libertad de expresión
Edgar Toro, de la Defensoría, aseguró ante el Comité que en el país cualquier persona defensora de los derechos humanos puede ir a un órgano de justicia y solicitar protección.
Dijo que para el año 2019 en Venezuela funcionaban 934 emisoras de radio, de las cuales 535 eran privadas y que operan 182 emisoras AM y 342 canales de televisión abierta. “Esto muestra como en Venezuela se ejerce el derecho a la libertad de expresión”, añadió.
Estas declaraciones contradicen a lo emitido por las organizaciones que defienden la libertad de expresión en el país, que aseguran que en los últimos 20 años se cerraron 285 emisoras de radio en el país, lo que representa 71 % del total de medios clausurados en la era chavista.