Ver más de

¿Cómo valoras esta información?

1

QUÉ CHÉVERE

QUÉ INDIGNANTE

QUÉ CHIMBO

La ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) rechazó la condena de seis años y ocho meses de cárcel para los homicidas del capitán de corbeta, Rafael Acosta Arévalo, a quienes sentenciaron este martes 24 de septiembre.

En un comunicado, Provea calificó de «insuficiente», porque además «no establece responsabilidades directas relacionadas a la tortura y tratos crueles».

Este martes el Tribunal 36 de Control del Área Metropolitana de Caracas, a cargo de la jueza Norelys León Saab, condenó al teniente Ascanio Antonio Tarascio Mejía y al sargento segundo Estiben José Zárate Soto, ambos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), por el delito de homicidio preterintencional concausal.

«Con esta decisión, el gobierno de facto intenta escapar de la responsabilidad absoluta en otro asesinado por tortura, acción penada entre 15 y 25 años por la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes vigente desde julio de 2013. Es una sentencia que estimula el uso de la tortura por parte de organismos policiales y militares. Reafirma además que en Venezuela se creó una estructura institucional para favorecer el abuso de poder, las violaciones a los derechos humanos y la impunidad», dijo Provea este miércoles 25 de septiembre.

El capitán Acosta Arévalo fue detenido el 21 de junio y fue acusado de estar supuestamente implicado en un intento de golpe de Estado contra Nicolás Maduro. Estuvo una semana en los calabozos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y cuando lo presentaron en tribunales el 29 de junio falleció, producto de los golpes que recibió durante su aprehensión.

Aunque la defensa intentó que acusaran a los responsables por delitos de tortura, ni la Fiscalía del Ministerio Público a cargo de Tarek William Saab que fue designado por la Constituyente, ni el tribunal que conoció el caso aceptaron la calificación de este delito.

Provea dijo que «el capitán Rafael Acosta Arévalo sufrió tratos crueles y torturas por parte de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, organismo que tiene como mandos superiores al ministro de la defensa y a Maduro. Al capitán se le acusó de formar parte de un grupo de militares que darían un supuesto golpe de Estado».

Añadieron que «el gobierno de facto violó las garantías constitucionales del debido proceso en el caso de Acosta, donde jamás se comprobó su supuesta implicación en el golpe y tampoco se imputó formalmente por el estado, muriendo torturado y siendo inocente e igualmente violó su derecho a la vida».

La ONG instó a la conformación de una comisión internacional independiente para que se puedan establecer las responsabilidades por la muerte del oficial.

Es decir que se logre «garantizar una investigación seria y responsable sobre este caso que conduzca en el futuro al castigo tanto de los autores materiales como de la cadena de mando.  No podemos aceptar impunidad en este caso, y que mediante una aparente acción de ‘justicia’ solo se está garantizando impunidad y generando un grave precedente que alienta la aplicación de la tortura».

Lea el comunicado completo de Provea en este enlace