Cinco años de las protestas masivas de 2017: entre recuerdos dolorosos y la espera por la justicia

LA HUMANIDAD · 2 ABRIL, 2022 09:36

Ver más de

Deisy Martínez


¿Cómo valoras esta información?

2
QUÉ CHÉVERE
QUÉ INDIGNANTE
QUÉ CHIMBO

Se cumplen cinco años de las masivas protestas antigubernamentales de 2017 en Venezuela. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (Ovcs) presentó un balance en el que totalizaron 6.729 manifestaciones desde el 1 de abril hasta el 31 de julio de ese año en todo el país, equivalente a 56 actividades de calle diarias.

Hubo un importante saldo rojo como consecuencia de las protestas que corrieron como pólvora por zonas urbanas, rurales, sectores residenciales y populares en varias zonas del país, principalmente Caracas, Mérida, Táchira, Miranda y Lara: 157 muertes en 14 estados, según el Ovcs.

«Con el Plan Zamora se exacerbó la represión y la violencia en Venezuela. Se han registrado extraoficialmente 157 muertes desde el 6 de abril hasta el 31 de julio del presente año. En este lapso el Ministerio Público ha reconocido el fallecimiento de 129 personas. Distrito Capital, Miranda, Lara y Carabobo concentran el mayor número de víctimas», reportó para entonces la ONG.

Se considera que las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del 27 y 29 de marzo, con las que se despojó de sus competencias a la Asamblea Nacional (AN), elegida en 2015, de mayoría opositora, fueron el detonante del descontento ciudadano que ya se había asomado en 2014. El pronunciamiento de la entonces fiscal Luisa Ortega Díaz, quien denunció ruptura del orden constitucional, contribuyó.

«Rebelión popular»

«Desde Provea la calificamos como una rebelión popular por su magnitud, cantidad de personas, extensión territorial y en el tiempo. Durante una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el Gobierno habló de 90 protestas al día durante cuatro meses, cifra mayor a lo que las ONG habíamos registrado», señaló el coordinador general de Provea, Rafael Uzcátegui.

Más de cuatro meses de acciones de calle, cronología #AUnAñoDeLasProtestas

En declaraciones a Efecto Cocuyo, el defensor de derechos humanos sostiene que el objetivo principal de las manifestaciones que fue promover «la transición por colapso» del gobierno de Nicolás Maduro no fue alcanzado, dada la fuerte represión aplicada por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a través de la Guardia Nacional (GNB), junto a otros organismos de seguridad del Estado y la cohesión en torno al Ejecutivo Nacional.

«Lo que derrotó el Gobierno no fue una estrategia de la oposición sino el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica, por eso coincide el final de la protesta con la intensificación de la migración, el país fue derrotado y los derrotados salieron caminando por la frontera en la búsqueda de un mejor futuro», dijo.

Represión

El Ovcs denunció que el denominado Plan Zamora ejecutado por el gobierno de Maduro no solo incluyó acciones conjuntas de la Fanb, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Milicia, sino a grupos civiles armados facultados «inconstitucionalmente» para actuar en el control de orden público o en cualquier otro ámbito que se decidiera.

«Se destaca que en estos 4 meses (abril-julio) se registraron acciones violentas de grupos paramilitares en al menos 523 protestas. En la mayoría de las protestas donde se presentaron estos grupos se reportaron heridos de bala, principalmente en el Distrito Capital, Miranda, Táchira, Mérida, Lara, Carabobo, Aragua y Anzoátegui» señaló la ONG en su balance.

En la memoria colectiva quedó grabada la irrupción de los organismos de seguridad, entre los cuales también estuvieron las Faes y colectivos en las zonas residenciales para reprimir a los manifestantes. En el caso de Caracas se recuerda especialmente el terror sembrado entre los habitantes del Conjunto Residencial El Paraíso (los verdes), donde fueron allanados apartamentos, según se denunció, sin orden judicial.

Neomar Lander aspiraba a vivir en una Venezuela mejor

¿Para qué sirvieron las manifestaciones?

«Nada justifica perder a un hijo de 17 años ni a ninguno de los que fueron asesinados pero al menos todo lo que sucedió sirvió para que el mundo se diera cuenta de lo que estaba pasando en Venezuela», expresa el señor Iván Urbina, padre de Fabián Urbina, uno de los jóvenes asesinados en 2017.

Fabián Urbina falleció el 19 de junio de 2017, cuando participaba en una manifestación contra el Gobierno en las inmediaciones del distribuidor Altamira, en Caracas. Por el hecho fue responsabilizado un funcionario de la GNB – quien le propinó un disparo en el tórax – y condenado a 15 años de prisión.

El motivo del joven fue querer un mejor país. Su papá destaca que aún con 17 años, el estudiante no concebía que no hubiera medicinas en los hospitales ni en las farmacias y que escasearan los alimentos. Protestó contra el Gobierno, dijo, porque consideraba responsable a sus políticas.

Esperan por la justicia internacional

«Es mi deseo y el de todos los familiares que perdieron a sus seres queridos, a sus hijos, que se haga justicia. Se condenó al GNB que mató a mi hijo a 12 años (en 2020), nosotros apelamos y le aumentaron tres años más, pero creemos que el castigo no se ajusta a lo que hizo. El asesino no fue cualquiera, fue un funcionario uniformado que se suponía debía proteger a la gente y mi hijo era menor de edad», rechazó Urbina.

El GNB, señaló, no solo acabó con su hijo sino que fracturó a la familia. Contó a Efecto Cocuyo que tres meses después de la muerte de Fabián, su hermana mayor se fue del país y la salud de su esposa quedó resentida.

«Mi esposa aún llora todos los días la muerte de nuestro hijo y su salud es delicada, hay una sensación de vacío muy grande, uno medio aprende a vivir con la pérdida pero nos destrozó. Esperamos que los organismos internacionales logren la justicia que aquí no ha sido posible», añadió.

Familia de Fabián Urbina considera insuficiente condena de 15 años para su asesino

La Corte Penal Internacional (CPI) abrió una investigación formal contra el Estado venezolano por crímenes de lesa humanidad durante las manifestaciones masivas, tras abrirse un examen preliminar en 2018. La Corte apunta a la cadena de mando puesto que la «justicia venezolana» solo ha encarcelado a algunos de los autores intelectuales.

Las violaciones de derechos humanos también fueron documentadas y reflejadas en informes de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas, de la alta comisionada Michelle Bachelet y abordadas por la Cidh que en reiteradas ocasiones condenó la fuerte represión de las protestas.

Al igual que Urbina padre, Uzcátegui confía en que los organismos internacionales hagan justicia en el caso venezolano.

«Es un precedente en la CPI y el mayor desprestigio para Nicolás Maduro al ser señalado por crímenes de lesa humanidad y no hay vuelta atrás, no volverá a contar con prestigio internacional», advirtió.

Memoria en voces

Entre las más de 100 personas que perdieron la vida en 2017, en su mayoría jóvenes, están los nombres de Luis Guillermo Espinoza (15 años), Juan Pablo Pernalete de 20 años, Miguel Castillo de 27 años, Leonardo González Barreto (48), Diego Arellano (31), David José Vallenilla de 22 años, Daniel Queliz de 20 años y Neomar Lander de 18 años.

Fiscalía presenta pruebas contra militar implicado en asesinato de David Vallenilla

La imagen de un policía militar disparando a David Vallenilla en La Carlota dio la vuelta al mundo

En esa búsqueda de justicia, para que no sean olvidados, sus familiares persisten en la denuncia. Hoy en día, muchos padres que perdieron a sus hijos están organizados con acompañamiento de algunas ONG, para darse apoyo mutuo y continuar el camino hasta que los verdaderos responsables sean castigados.

«Yo salgo a la calle porque no veo un futuro en Venezuela», fueron palabras de Miguel Castillo, citadas por su madre, Carmen Bracho, durante el evento semipresencial, Memoria en Voces, organizado por la ONG Defiende Venezuela, este jueves 31 de marzo, en la sede del BOD de La Castellana.

Recordó con pesar que su hijo quería vivir en un país de oportunidades, en cambio, contó recibió de parte de la GNB, el disparo de una metra que atravesó su brazo, pulmón y corazón en una manifestación en Las Mercedes, Caracas. Era el 10 de mayo de 2017.

Defender de DDHH

Neils Queliz, no solo perdió a su único hijo, Daniel Queliz, el 11 de abril de 2017, cuando protestaba contra el gobierno en Los Parques, al sur de Valencia, en el estado Carabobo, sino a su esposa. En menos de un mes, contó en un video transmitido en el evento, su esposa decidió quitarse la vida al no soportar el dolor. «También mataron a mi esposa», condenó.

Por la muerte de Daniel, se responsabiliza a la policía regional, pues sus funcionarios llegaron a reprimir a tiros lo que se aseguraba era una manifestación pacífica. El joven recibió un disparo en la cabeza, fue auxiliado y trasladado a un centro de salud, pero ingresó sin signos vitales.

«Vamos a seguir luchando, documentando para que la justicia sea posible», subrayó luego.

Para José Gregorio Pernalete el infierno comenzó cuando su hijo, Juan Pablo Pernalete, estudiante de la Universidad Metropolitana, murió producto del impacto de una bomba lagrimógena en el pecho, el 26 de abril de 2017 en Altamira.

Familia de Juan Pernalete

Madre de Juan Pablo Pernalete: Mi hijo fue un defensor de DDHH sin saberlo

A pesar del dolor, junto a su esposa, Elvira Llovera, con quien estuvo presente en la torre del BOD, afirma con determinación que seguirán alzando la voz ante el mundo para que llegue la justicia.

«El nos dejó un testigo, la defensa de los derechos humanos, porque sin saberlo fue un defensor de DDHH», afirma Llovera.

 La deuda de los políticos

El 4 de agosto de 2017, se instaló la polémica Asamblea Nacional Constituyente (ANC) como estrategia del gobierno de Maduro para «imponer la paz» en Venezuela. La ANC fue producto de unas cuestionadas elecciones (30 de julio) durante las cuales también se produjeron 10 muertes en medio de las protestas. La llegada de la instancia «supraconstitucional» marcó el fin de cuatro meses continuos de manifestaciones.

De la época, Uzcátegui también recuerda que la clase política de oposición no acompañó lo suficiente a la protesta masiva en todo el país, por tratarse de un movimiento que no lideraba ni controlaba. Desde allí, advierte, la calle ha sido muy difícil de reactivar con la misma fuerza.

También cuestiona lo que llama una «política de olvido» no solo por parte del Gobierno que niega crímenes de lesa humanidad sino por parte de la oposición, a la que cuestiona no haber hecho nunca un balance de lo ocurrido, de las lecciones que dejó y del aprendizaje, para reorientar la ruta hacia el cambio político.

«En febrero de 2019, ya con Juan Guaidó en la escena, hubo protestas pero de corta duración y hasta el día de hoy no ha vuelto a haber grandes movilizaciones. La clase política no termina de reconocer, porque es impopular, que ahora el cambio se proyecta a largo plazo, que el diálogo y la negociación política sustituyeron a lo inmediato», agregó.