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Las mujeres privadas de libertad en Venezuela son invisibilizadas y sufren de doble violencia: institucional y también son víctimas de agresiones sexuales, afirma la directora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OPV), Beatriz Girón.

En el país solo existe una cárcel que se construyó específicamente para mujeres, que es el Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof), en el estado Miranda. El resto convive en los anexos femeninos en cárceles de hombres.

Estos lugares, advierte Girón, no poseen la infraestructura necesaria para esta población. “Las mujeres menstruamos, necesitamos un aseo permanente, en esos centros no hay agua, no se les dota de toallas sanitarias, la atención médica es precaria”, describe.

Otras vulneraciones presentes son la falta de un control prenatal regular para las mujeres privadas de libertad que están embarazadas. También identifican fallas en el traslado a los centros de salud por el déficit de transporte, además del intercambio de “sexo por privilegios” que según Girón “no son casos extraordinarios”.

Señala que han recabado muchos testimonios, pero las víctimas no quieren que los casos se denuncien por temor a represalias contra ellas y sus familiares por parte de los agresores.

A las mujeres en las cárceles o los calabozos se les viola además su derecho a la visita conyugal, “solo pueden ser visitadas por otras mujeres, no por sus esposo o parejas”, señala la abogada. Para quienes dan a luz privadas de libertad no hay espacios para mantener a sus hijos fuera del recinto carcelario y la población penal.

Aunque la normativa nacional y de convenios internacionales suscritos por el Estado refiere que las cárceles de mujeres deben ser custodiadas e incluso dirigidas por mujeres, la directora del OPV señala que esto no se cumple. Sin embargo, destacó que “muchas custodias hacen un trabajo invalorable, salen a buscarles las tollas, medicinas, colaboran mucho con las presas”.

Girón declaró que “en Venezuela no hay un problema de leyes y falta de instrumentos”, sino que “hay una falta de voluntad en querer hacer las cosas bien”.

Recordó que en el sistema judicial existen las figuras de los jueces de ejecución y los fiscales penitenciarios que deberían velar porque la población penitenciaria se encuentre en condiciones dignas, “pero tampoco están haciendo su trabajo, no están chequeando las condiciones de reclusión, no procesan las denuncias”.

Desde que se creó el Ministerio de Servicio Penitenciario en 2011, bajo el Gobierno de Nicolás Maduro, solo ha habido mujeres al frente de ese despacho: Iris Varela y Myrelis Contreras. Sin embargo, la abogada Beatriz Girón lamenta que ni siquiera por eso se genere empatía o sororidad con las mujeres detenidas.