La crisis humanitaria compleja en Venezuela está lejos de resolverse a corto plazo: en 2021 la ONU estimó que 7 millones de personas requerían asistencia en el país; en 2023 propuso la meta de atender a 5,2 millones y en octubre de este año asegura haber ayudado solo a 1,7 millones en 24 estados, de acuerdo con cifras recientes de su Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha).
De hecho, según las cifras del Financial Tracking System (FTS) de Ocha, hasta octubre de 2023 en la nación se han movilizado 227.6 millones de dólares para apoyar a los habitantes en condición de vulnerabilidad, lo que cubre 30,5% del Plan de Respuesta Humanitaria, cuyo requerimiento total es de 719.6 millones de dólares para poder ofrecer soluciones efectivas.
Por ello, el fondo fiduciario aprobado recientemente por la Organización de Naciones Unidas (ONU) de 3.000 millones de dólares, destinados para abordar la grave situación en el territorio nacional, resulta fundamental para miles de venezolanos sin acceso a la salud, alimentación o servicios básicos, asegura Feliciano Reyna, presidente de Acción Solidaria y defensor de derechos humanos.
«De 5,2 millones de personas que contempla el plan a alcanzar, hasta agosto había llegado a 1,7 millones. Estamos lejísimos de los que hace falta», dijo Reyna a Efecto Cocuyo este 19 de octubre.
«Con las licencias que se están dando, si el Estado venezolano recibe unos recursos adicionales, también tenemos que exigir que haga inversión en lo social, servicios públicos, en esas áreas que están muy afectadas», agregó.
Reyna recordó las cifras publicadas por Hum Venezuela, que en marzo de 2022 advirtió que 94,5 % de la población se encontraba en el umbral de la pobreza y que el salario había caído en 91,1 %.
«Las necesidades son muy grandes, la gente necesita ese alivio y lo necesita hoy. En la vulneración de los derechos de las personas, esos avances deberían ser inmediatos», expresó.
Qué dijo la ONU
Este 17 de octubre, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, dio la autorización para que la organización comience a administrar el nuevo fondo para atender la emergencia humanitaria en territorio venezolano.
Las conversaciones sobre el tema datan de 2021, durante las reuniones del “diálogo de México”, en las que la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro se sentaron en una mesa de negociaciones. La aprobación del fondo fiduciario ocurre un año después de que ambos acordaran liberar recursos retenidos en el extranjero para financiar programas en las áreas más perjudicadas por la crisis.
«Esta inversión se hace siempre con organizaciones de sociedad civil locales, con productores locales. Las áreas prioritarias son salud (que tiene que ver con infraestructura, equipamiento, vacunación, que es esencial). Después tienes unas combinadas: el área educativa y la alimentación», explicó Reyna.
Como tercera prioridad identificó las políticas de atención a adultos mayores. Añadió que la cuarta se refiere al problema eléctrico en el país, que ha modificado significativamente las dinámicas cotidianas, laborales y académicas en los estados del occidente.
«Si es posible que empiece a mejorar la producción petrolera, sobre todo lo importante es que eso empiece a aliviar las necesidades de la población. Una población que está tan necesitada de esa asistencia», puntualizó el defensor de derechos humanos.
Cómo y cuándo llegarán los fondos
Hasta ahora no hay fecha oficial de cuándo ingresarán al país los fondos aprobados por Naciones Unidas ni de cómo se distribuirán. Entre los retos específicos para la ONU están el minimizar el fraude y la corrupción, y establecer mecanismos de control para garantizar la correcta ejecución de los programas acordados.
«El fondo es tan importante por los montos de los que se ha hablado, aunque sepamos que no van a entrar de una sola vez. Está planteándose que sea unos recursos manejados por Naciones Unidas», dijo Reyna.
Indicó que es necesario que se establezcan mecanismos transparentes para poder movilizar el dinero. En especial con el historial de corrupción en el que autoridades del gobierno de Maduro se han visto involucrados.
«Debería estar reflejado en una plataforma en la que se haga seguimiento: entró tanto, se está invirtiendo en tales áreas, se está llegando a tantas personas en tantos estados. Eso te da unos medios de transparencia y una formalidad que permite hacerles seguimiento», culminó.
La noticia del fondo fiduciario ha movilizado también al sector público, que continúa exigiendo al gobierno de Maduro las reivindicaciones de sus derechos laborales y la restitución de la seguridad social en el territorio.