A casi un mes de los hechos ocurridos en el parque nacional Yapacana, en el estado Amazonas, donde según el balance oficial dos personas murieron y al menos seis resultaron heridas tras los enfrentamientos entre militares y civiles, “la calma ha vuelto”.
“Por ahora esto está calmado, la gente está saliendo por voluntad propia”, dijo a Efecto Cocuyo Narcisa Pereira, líder de una comunidad indígena oriunda del Yapacana.
Pereira señaló que lo que ocurrió en Yapacana era algo que estaba anunciado y no solo allí, sino también en otros municipios del estado Amazonas donde se está practicando la minería ilegal, porque ya la artesanal, que practicaban los pueblos ancentrales, no existe.
Ella y otros indígenas han debatido mediante redes sociales sobre el daño causado por mineros ilegales al parque Yapacana.
“Esta modalidad minera era practicada por foráneos y nuestros hermanos indígenas nativos de esas comunidades eran solo asalariados, se realizaba de una manera depredadora”, se lee en un comunicado distribuido por los indígenas.
Tras el desalojo de las comunidades indígenas de las instalaciones del Yapacana, son muchos los que temen quedar a la deriva.
Una fuente entrevistada por Efecto Cocuyo que prefiere mantener el anonimato por temor a represalias, señala que los Jivi y Kurripaco fueron los más afectados por el desalojo del parque Yapacana.
“Esos enfrentamientos fueron horribles y mucha gente perdió todo, ahora hay que comenzar desde cero”, afirmó.
Durante el pasado mes de marzo la ONG SOS Orinoco denunció que más de 3 mil 200 hectáreas del Yapacana estaban envenenadas y deforestadas con mercurio. La organización afirmó que en la zona existían 86 máquinas extractoras de oro en la cima del tepuy.
Tareas de vigilancia
Este jueves, 5 de octubre, Domingo Hernández Lárez, comandante estratégico operacional de la Fanb, informó que más de 150 funcionarios del Instituto Nacional de Parques (Inparques) y 150 milicianos se sumarán a las tareas de vigilancia y protección del parque nacional.
El militar aseguró que estas personas ayudarán en labores de reforestación y de recuperación de las áreas afectadas por la minería ilegal.
“Los asentamientos y campamentos de minería ilegal que violen el ordenamiento jurídico territorial venezolano serán desmantelados y destruidos”, escribió el funcionario mediante su cuenta en la red social X.
Hernández Lárez señaló que el pasado 24 de septiembre, más de 25 mil militares se desplegaron en Yapacana, para “erradicar” definitivamente la minería ilegal en ese territorio.
Aseguró que desde el mes de julio han expulsado a más de 14 mil personas que eran señaladas como mineros ilegales, quienes vivían dentro del parque nacional. Indicó que durante los operativos desmantelaron más de 4.500 estructuras de tipo campamentos que eran usados para la minería ilegal.
El jefe del Ceofanb informó sobre la detención de 51 personas acusadas de la práctica de minería ilegal en ese territorio, 42 de ellas eran extranjeras, 37 provenían de Colombia, dos de Brasil, dos de Ecuador y un ciudadano de Perú.
La ONU emitió un llamado
Tras los enfrentamientos registrados en Yapacana, el coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Venezuela, Gianluca Rampolla, pidió al Gobierno de Nicolás Maduro investigar los hechos.
“Reiteramos disposición a apoyar para que se investiguen los hechos y para promover soluciones duraderas desde el respeto integral al Estado de derecho, los derechos humanos y de la naturaleza”, expresó el funcionario de la ONU en un mensaje publicado en la cuenta en X de ese organismo en Venezuela un día después de los hechos.
La ONG Control Ciudadano solicitó al Ministerio Público abir una investigación contra los funcionarios civiles o militares responsables del resguardo ambiental por el presunto incumplimiento de sus obligaciones al no impedir los daños en el parque Yapacana, durante los últimos 10 años.