Desde el pasado sábado 25 de agosto, Perú restringió el paso de los venezolanos que no portaban con pasaporte por la frontera norteña en Ecuador, con el fin de lidiar con los cerca de 4 mil personas que ingresaron a diario desde mediados del año pasado.
En entrevista con Efecto Cocuyo, el director de Migraciones de Perú Eduardo Sevilla dijo que la medida se tomó haciendo “un adecuado balance entre la solidaridad y la seguridad”.
“En solo ocho meses hemos pasado de 100 mil a más de 400 mil migrantes venezolanos en el Perú. Consideramos prioritaria la regularización de los ciudadanos venezolanos para garantizar la protección de sus derechos y preservar el orden interno; y por ello es indispensable tener correctamente identificados a los migrantes”, añadió.
Es por esa razón que se realizó en Colombia un encuentro bilateral entre el jefe de Migraciones peruano y su par colombiano, Christian Krüger Sarmiento, donde acordaron hacer una base de datos común de ciudadanos venezolanos que servirá de insumo para elaborar políticas de salud, seguridad, trabajo y educación; en los países receptores.
Hasta la fecha, hay cerca de un millón de ciudadanos venezolanos viven en Colombia, mientras que Perú, la cifra supera las 414.000 personas; lo que lo convierte en el segundo país receptor de venezolanos en la región.
Lea también: Colombia, Brasil, Perú y Ecuador discutirán a puerta cerrada “éxodo venezolano”
“La principal coincidencia es que Perú y Colombia vamos a compartir información en tiempo real de los migrantes venezolanos que ingresan, permanecen o transitan por ambos países, así como de los documentos de viaje que utilizan”, informó Sevilla.
Agregó que “ello nos permitirá, entre otros aspectos, conocer cuántos optaron por el Permiso Especial de Permanencia (PEP, documento especial para regularizar la situación migratoria en Colombia); y cuántos por el Permiso Temporal de Permanencia (PTP, documento similar en Perú)”.
En los primeros tres días de implementada la medida ingresaron 3.890 personas (861 menores y 3.029 mayores). Eso significa que el promedio de ese periodo es de 1.296, cifra significativamente menor al promedio de los 3.500 migrantes diarios registrados en las semanas previas y al récord de más de 5.100 del pasado sábado 11 de agosto.
Las instalaciones del Centro Binacional de Auxilio Fronterizo (Cebaf) en Tumbes lucen despejadas y el control migratorio se realiza de manera ordenada y fluida. Las personas venezolanas ingresan con su pasaporte y, con una visión humanitaria, se exceptúa de ese requisito a las mujeres gestantes, madres y padres con hijos sin pasaportes; y personas en delicado estado de salud.
En tanto, el canciller de Perú Nestor Popolizio declaró a la prensa que nadie se quedará sin pasar por la frontera y se buscará solucionar su situación migratoria para que se reúnan las familias separadas por la forzada salida de Venezuela.
La medida de solicitar pasaportes tiene como objetivo: “tener una migración más informada, más ordenada y más segura”, refirió el ministro de Exteriores peruano.
Es por esa razón que desde que se dio la restricción de la pase de la frontera peruana sin pasaporte se han disparado los pedidos para tener el estatus de refugiado, y poder ingresar a Perú, con el firme propósito de regularizar su situación bajo el amparo de las leyes peruano.
En el Cebaf en Tumbes coordinan los pedidos de refugiados, el Gobierno peruano a través de la Dirección de Migraciones (que depende del ministerio del Ministerio del Interior), la Organización Internacional de Migraciones (OIM), la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la organización no gubernamental “Encuentros”.
Regina de la Portilla, representantes de la agencia de Acnur en América Latina dijo a Efecto Cocuyo que “desde enero, Acnur identificó la necesidad de establecer una presencia permanente en el Perú, considerando la creciente llegada de personas venezolanas al país. Sin embargo, ya estábamos trabajando desde hace años con nuestro socio Encuentros-SJS que tiene presencia en el país y en esta frontera en particular».
«A partir de abril, comenzamos a trabajar en el Centro de Atención Binacional Fronteriza en Perú, brindando orientación y asistencia humanitaria. En los últimos días hemos reforzado nuestra presencia, para complementar los esfuerzos del Gobierno y garantizar la protección de quienes así lo requieren”, añadió.
Los venezolanos que tienen pasaporte lo sellan y entran al país de manera regular. Además damos la bienvenida a la medida de flexibilizar las medidas para proteger a los más vulnerables, como con los niños y las niñas, los adultos mayores y las personas con discapacidad.
Cuando se identifica a un menor no acompañado se remite el caso a las autoridades competentes. En Perú es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp) el primer responsable de recibir a los menores no acompañados y analizar caso por caso para poder solucionarlo en beneficio del menor. La presencia del Mimp en el Cebaf ha sido clave para esta respuesta integral y su trabajo ha sido muy importante.
La Comisión Especial de Refugiados del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú tiene la competencia de recibir y analizar las solicitudes de la condición de refugiado. Cada una de las solicitudes de la condición de refugiado es analizada de manera individual para establecer si la persona es reconocida como refugiada.
Las personas solicitantes de la condición de refugiado en Perú deben esperar tiempos diferentes para una resolución, dependiendo también del caso, pues hay algunos que por su naturaleza requieren de tratamiento prioritario. Por ello esto puede tardar unos meses, o hasta un año. Ante el aumento de solicitudes podemos esperar que se alarguen los tiempos de análisis y resolución, dijo de la Portilla.
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Para Acnur sólo un enfoque regional coordinado e integral puede permitir hacer frente a la magnitud de la situación. Por ello, consideramos positivo que las autoridades migratorias de los diferentes países estén analizando esto de manera conjunta. También estamos trabajando con un enfoque regional para dar respuesta a las personas venezolanas, trabajando en conjunto con la OIM.
Acnur celebra las políticas generosas que muchos países de acogida de personas venezolanas han adoptado, como por ejemplo el Permiso Temporal de Permanencia en Perú, que permite a las personas venezolanas el acceso a la educación y al trabajo, y con esto al seguro social, ayudando a que se garanticen sus derechos básicos.
Así mismo, Acnur está trabajando en complementar los esfuerzos de Gobierno y fortalecer su respuesta para los que llegan y las poblaciones receptoras. Trabajamos duro para proteger y asistir a las personas refugiadas, pero nuestro objetivo final es encontrar soluciones que les permitan reconstruir sus vidas, por ello tenemos un enfoque de trabajo en la integración e inclusión.
Según informó la Cancillería peruana, se ha pasado de 34.000 peticiones para ser refugiados en el 2017 a más 120 mil este año. En el 2016, solo hubo 4.360 peticiones, mientras que en el 2015 ascendió a 433 pedidos.
Feline Freier explica a Efecto Cocuyo que no se está respetando “la Declaración de Cartagena” que tiene una definición más amplia de lo que se definió era un refugiado en 1951, que incluye a personas que huyen no solo por la persecución individual, por las violaciones a los derechos humanos, violencia generalizada y cualquier situación que afecta el orden público.
“Es sumamente importante que por fin se está hablando de lo que está pasando, hay que llamar la atención crear más conciencia para apoyar la labor humanitaria de OIM y del Acnur, pero tenemos que aprender de los refugiados que llegaron de Siria a Europa y no cometer el error de no dejarles trabajar”, indicó Freir.
Por un lado, necesitamos apoyo internacional pero internamente la sociedad debe estar informada de la importancia que es acoger e integrar al venezolano al mercado laboral.
Las noticias falsas en contra de los inmigrantes venezolanos se han esparcido en las redes sociales y si bien la mayoría son absurdas, reflejan temores xenófobos, que hacen unos busquen diferenciarse de los otros sin razón alguna. Lo ideal para mí es que las políticas migratorias no deben ser reacciones demagógicas, sino que deben basarse en los hechos racionales y es conocido que la migración reactiva la economía.
Para Frier, de acuerdo a la data de la Organización Internacional para las Migraciones, casi el 60% de los inmigrantes venezolanos en el Perú tiene un título técnico o universitario, y por ello, “una gestión migratoria sensata se enfocaría en la acreditación de títulos para disminuir la presión sobre ciertos sectores como los que se dedican a la venta ambulante y el sector de servicios en Lima, aprovechando el capital humano de los inmigrantes venezolanos.
Para Gurmendi, “el Perú debería lidiar con la crisis como lo que es, según su propio Derecho interno: una crisis de refugiados. Los refugiados no pueden ser impedidos de entrar al país. Ellos tienen hasta un año de residencia temporal legal para poder sustentar su caso y que se decida si son o no refugiados (artículo 39 del Reglamento)».
«La realidad, sin embargo, es diferente: de los 100 mil pedidos que mencionas, apenas 400 han sido otorgados. Algo anda claramente mal con las definiciones que está usando Cancillería”, advierte.
Hay dos componentes en juego: Uno es ayudar al venezolano a hacer aquello para lo que es bueno. Hay ingenieros electrónicos instalando decodificadores y cardiólogos atendiendo en restaurantes. Hace no mucho un amigo me comentó de una enfermera venezolana que trabajaba como mesera en un restaurante y terminó salvándole la vida a un peruano que tuvo problemas respiratorios. Estas son historias de colaboración que le levantan a uno el ánimo, pero no deja de ser un problema que tengamos a mano de obra calificada compitiendo por posiciones en restaurantes y bodegas. Es necesario que el Perú facilite el reconocimiento de títulos.
El otro componente es el de la competencia entre peruanos y venezolanos que no tienen títulos. Definitivamente hay un impacto al corto plazo que, si no es atendido, puede ser manipulado por ciertos sectores xenofóbicos para cultivar una reacción negativa del local frente al extranjero que luego se traduzca en votos o popularidad.
El enemigo aquí no es el venezolano, que también quiere vender arepas en la misma esquina en la que un peruano vende empanadas. El problema es una sociedad en donde el subempleo y la explotación laboral han sido tradicionalmente aceptadas, lo que le quita opciones de movilidad social a las personas. Venezolanos y peruanos, en vez de pelear, deberían unirse para exigir el tipo de reformas que les permita trabajar y salir adelante. Es una buena oportunidad para hacer reformas positivas en materia laboral, para llegar a un sistema diferente al actual, donde sólo una minoría tiene acceso a los beneficios de la formalidad.
El padre de la periodista peruana Mabel Barreto tiene una enfermedad degenerativa hace 7 años, y siempre tenía problemas para conseguir enfermeros que lo atiendan los domingos y feriados. Hasta que en marzo pasado llegó José Weismuller Jiménez, quien es enfermero de profesión, graduado en la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos (Unerg) y con experiencia laboral en el Hospital Privado de Barquisimeto (Lara) y en el Centro de Resocialización Psiquiátrica El Pampero.
Sin éxito, Barreto intento comprobar las referencias laborales de Weismuller pero no pudo establecer comunicación con los hospitales en Venezuela.
“Entonces entró en juego el factor confianza”, explica Barreto. “Nosotros somos una familia de migrantes. Vinimos de Huancayo a Lima. Mi hermana vive hace más de 20 años en España. Mi papá y yo vivimos algunos años allá. Sabemos lo que es ser migrantes. Desarraigarse. Sufrir para obtener permisos de residencia y de trabajo. Tener a la familia lejos. ¿Cómo no confiar en alguien que pasaba por la misma situación?”, refiere.
José Weismuller se integró al equipo de enfermeros del padre de Barreto y su padre se revitalizó. Se le paga igual que un enfermero peruano y casi todo lo que gana lo envía a Venezuela, donde tiene una madre enferma, tres sobrinos huérfanos y varios hermanos y hermanas que necesitan su aporte para sobrevivir.
“Gracias a su apoyo, he recuperado parte de mi dinámica familiar. Confianza es una palabra clave en el circuito de atención que tenemos para mi padre. Hoy es domingo y yo, terminando un cuadro de faringitis aguda, permanecí por primera vez en este día de la semana lejos de la casa donde está papá, mi casa en El Callao. Sé que José está ahí cuidándolo y que lo hace bien. Mi padre no pasará frío y tendrá todas sus medicinas a tiempo, hará sus ejercicios puntualmente, recibirá su comida, rica y calentita, a tiempo. Y escuchará que le hablan con cariño. José llegó de Venezuela y generó estos cambios en nuestras vidas.
Hoy nos toca confiar”, concluyó Barreto.
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Foto principal: El Comercio
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Desde el pasado sábado 25 de agosto, Perú restringió el paso de los venezolanos que no portaban con pasaporte por la frontera norteña en Ecuador, con el fin de lidiar con los cerca de 4 mil personas que ingresaron a diario desde mediados del año pasado.
En entrevista con Efecto Cocuyo, el director de Migraciones de Perú Eduardo Sevilla dijo que la medida se tomó haciendo “un adecuado balance entre la solidaridad y la seguridad”.
“En solo ocho meses hemos pasado de 100 mil a más de 400 mil migrantes venezolanos en el Perú. Consideramos prioritaria la regularización de los ciudadanos venezolanos para garantizar la protección de sus derechos y preservar el orden interno; y por ello es indispensable tener correctamente identificados a los migrantes”, añadió.
Es por esa razón que se realizó en Colombia un encuentro bilateral entre el jefe de Migraciones peruano y su par colombiano, Christian Krüger Sarmiento, donde acordaron hacer una base de datos común de ciudadanos venezolanos que servirá de insumo para elaborar políticas de salud, seguridad, trabajo y educación; en los países receptores.
Hasta la fecha, hay cerca de un millón de ciudadanos venezolanos viven en Colombia, mientras que Perú, la cifra supera las 414.000 personas; lo que lo convierte en el segundo país receptor de venezolanos en la región.
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“La principal coincidencia es que Perú y Colombia vamos a compartir información en tiempo real de los migrantes venezolanos que ingresan, permanecen o transitan por ambos países, así como de los documentos de viaje que utilizan”, informó Sevilla.
Agregó que “ello nos permitirá, entre otros aspectos, conocer cuántos optaron por el Permiso Especial de Permanencia (PEP, documento especial para regularizar la situación migratoria en Colombia); y cuántos por el Permiso Temporal de Permanencia (PTP, documento similar en Perú)”.
En los primeros tres días de implementada la medida ingresaron 3.890 personas (861 menores y 3.029 mayores). Eso significa que el promedio de ese periodo es de 1.296, cifra significativamente menor al promedio de los 3.500 migrantes diarios registrados en las semanas previas y al récord de más de 5.100 del pasado sábado 11 de agosto.
Las instalaciones del Centro Binacional de Auxilio Fronterizo (Cebaf) en Tumbes lucen despejadas y el control migratorio se realiza de manera ordenada y fluida. Las personas venezolanas ingresan con su pasaporte y, con una visión humanitaria, se exceptúa de ese requisito a las mujeres gestantes, madres y padres con hijos sin pasaportes; y personas en delicado estado de salud.
En tanto, el canciller de Perú Nestor Popolizio declaró a la prensa que nadie se quedará sin pasar por la frontera y se buscará solucionar su situación migratoria para que se reúnan las familias separadas por la forzada salida de Venezuela.
La medida de solicitar pasaportes tiene como objetivo: “tener una migración más informada, más ordenada y más segura”, refirió el ministro de Exteriores peruano.
Es por esa razón que desde que se dio la restricción de la pase de la frontera peruana sin pasaporte se han disparado los pedidos para tener el estatus de refugiado, y poder ingresar a Perú, con el firme propósito de regularizar su situación bajo el amparo de las leyes peruano.
En el Cebaf en Tumbes coordinan los pedidos de refugiados, el Gobierno peruano a través de la Dirección de Migraciones (que depende del ministerio del Ministerio del Interior), la Organización Internacional de Migraciones (OIM), la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la organización no gubernamental “Encuentros”.
Regina de la Portilla, representantes de la agencia de Acnur en América Latina dijo a Efecto Cocuyo que “desde enero, Acnur identificó la necesidad de establecer una presencia permanente en el Perú, considerando la creciente llegada de personas venezolanas al país. Sin embargo, ya estábamos trabajando desde hace años con nuestro socio Encuentros-SJS que tiene presencia en el país y en esta frontera en particular».
«A partir de abril, comenzamos a trabajar en el Centro de Atención Binacional Fronteriza en Perú, brindando orientación y asistencia humanitaria. En los últimos días hemos reforzado nuestra presencia, para complementar los esfuerzos del Gobierno y garantizar la protección de quienes así lo requieren”, añadió.
Los venezolanos que tienen pasaporte lo sellan y entran al país de manera regular. Además damos la bienvenida a la medida de flexibilizar las medidas para proteger a los más vulnerables, como con los niños y las niñas, los adultos mayores y las personas con discapacidad.
Cuando se identifica a un menor no acompañado se remite el caso a las autoridades competentes. En Perú es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp) el primer responsable de recibir a los menores no acompañados y analizar caso por caso para poder solucionarlo en beneficio del menor. La presencia del Mimp en el Cebaf ha sido clave para esta respuesta integral y su trabajo ha sido muy importante.
La Comisión Especial de Refugiados del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú tiene la competencia de recibir y analizar las solicitudes de la condición de refugiado. Cada una de las solicitudes de la condición de refugiado es analizada de manera individual para establecer si la persona es reconocida como refugiada.
Las personas solicitantes de la condición de refugiado en Perú deben esperar tiempos diferentes para una resolución, dependiendo también del caso, pues hay algunos que por su naturaleza requieren de tratamiento prioritario. Por ello esto puede tardar unos meses, o hasta un año. Ante el aumento de solicitudes podemos esperar que se alarguen los tiempos de análisis y resolución, dijo de la Portilla.
Lea también: La nueva categoría de venezolanos: expatriados, asilados, migrantes o refugiados
Para Acnur sólo un enfoque regional coordinado e integral puede permitir hacer frente a la magnitud de la situación. Por ello, consideramos positivo que las autoridades migratorias de los diferentes países estén analizando esto de manera conjunta. También estamos trabajando con un enfoque regional para dar respuesta a las personas venezolanas, trabajando en conjunto con la OIM.
Acnur celebra las políticas generosas que muchos países de acogida de personas venezolanas han adoptado, como por ejemplo el Permiso Temporal de Permanencia en Perú, que permite a las personas venezolanas el acceso a la educación y al trabajo, y con esto al seguro social, ayudando a que se garanticen sus derechos básicos.
Así mismo, Acnur está trabajando en complementar los esfuerzos de Gobierno y fortalecer su respuesta para los que llegan y las poblaciones receptoras. Trabajamos duro para proteger y asistir a las personas refugiadas, pero nuestro objetivo final es encontrar soluciones que les permitan reconstruir sus vidas, por ello tenemos un enfoque de trabajo en la integración e inclusión.
Según informó la Cancillería peruana, se ha pasado de 34.000 peticiones para ser refugiados en el 2017 a más 120 mil este año. En el 2016, solo hubo 4.360 peticiones, mientras que en el 2015 ascendió a 433 pedidos.
Feline Freier explica a Efecto Cocuyo que no se está respetando “la Declaración de Cartagena” que tiene una definición más amplia de lo que se definió era un refugiado en 1951, que incluye a personas que huyen no solo por la persecución individual, por las violaciones a los derechos humanos, violencia generalizada y cualquier situación que afecta el orden público.
“Es sumamente importante que por fin se está hablando de lo que está pasando, hay que llamar la atención crear más conciencia para apoyar la labor humanitaria de OIM y del Acnur, pero tenemos que aprender de los refugiados que llegaron de Siria a Europa y no cometer el error de no dejarles trabajar”, indicó Freir.
Por un lado, necesitamos apoyo internacional pero internamente la sociedad debe estar informada de la importancia que es acoger e integrar al venezolano al mercado laboral.
Las noticias falsas en contra de los inmigrantes venezolanos se han esparcido en las redes sociales y si bien la mayoría son absurdas, reflejan temores xenófobos, que hacen unos busquen diferenciarse de los otros sin razón alguna. Lo ideal para mí es que las políticas migratorias no deben ser reacciones demagógicas, sino que deben basarse en los hechos racionales y es conocido que la migración reactiva la economía.
Para Frier, de acuerdo a la data de la Organización Internacional para las Migraciones, casi el 60% de los inmigrantes venezolanos en el Perú tiene un título técnico o universitario, y por ello, “una gestión migratoria sensata se enfocaría en la acreditación de títulos para disminuir la presión sobre ciertos sectores como los que se dedican a la venta ambulante y el sector de servicios en Lima, aprovechando el capital humano de los inmigrantes venezolanos.
Para Gurmendi, “el Perú debería lidiar con la crisis como lo que es, según su propio Derecho interno: una crisis de refugiados. Los refugiados no pueden ser impedidos de entrar al país. Ellos tienen hasta un año de residencia temporal legal para poder sustentar su caso y que se decida si son o no refugiados (artículo 39 del Reglamento)».
«La realidad, sin embargo, es diferente: de los 100 mil pedidos que mencionas, apenas 400 han sido otorgados. Algo anda claramente mal con las definiciones que está usando Cancillería”, advierte.
Hay dos componentes en juego: Uno es ayudar al venezolano a hacer aquello para lo que es bueno. Hay ingenieros electrónicos instalando decodificadores y cardiólogos atendiendo en restaurantes. Hace no mucho un amigo me comentó de una enfermera venezolana que trabajaba como mesera en un restaurante y terminó salvándole la vida a un peruano que tuvo problemas respiratorios. Estas son historias de colaboración que le levantan a uno el ánimo, pero no deja de ser un problema que tengamos a mano de obra calificada compitiendo por posiciones en restaurantes y bodegas. Es necesario que el Perú facilite el reconocimiento de títulos.
El otro componente es el de la competencia entre peruanos y venezolanos que no tienen títulos. Definitivamente hay un impacto al corto plazo que, si no es atendido, puede ser manipulado por ciertos sectores xenofóbicos para cultivar una reacción negativa del local frente al extranjero que luego se traduzca en votos o popularidad.
El enemigo aquí no es el venezolano, que también quiere vender arepas en la misma esquina en la que un peruano vende empanadas. El problema es una sociedad en donde el subempleo y la explotación laboral han sido tradicionalmente aceptadas, lo que le quita opciones de movilidad social a las personas. Venezolanos y peruanos, en vez de pelear, deberían unirse para exigir el tipo de reformas que les permita trabajar y salir adelante. Es una buena oportunidad para hacer reformas positivas en materia laboral, para llegar a un sistema diferente al actual, donde sólo una minoría tiene acceso a los beneficios de la formalidad.
El padre de la periodista peruana Mabel Barreto tiene una enfermedad degenerativa hace 7 años, y siempre tenía problemas para conseguir enfermeros que lo atiendan los domingos y feriados. Hasta que en marzo pasado llegó José Weismuller Jiménez, quien es enfermero de profesión, graduado en la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos (Unerg) y con experiencia laboral en el Hospital Privado de Barquisimeto (Lara) y en el Centro de Resocialización Psiquiátrica El Pampero.
Sin éxito, Barreto intento comprobar las referencias laborales de Weismuller pero no pudo establecer comunicación con los hospitales en Venezuela.
“Entonces entró en juego el factor confianza”, explica Barreto. “Nosotros somos una familia de migrantes. Vinimos de Huancayo a Lima. Mi hermana vive hace más de 20 años en España. Mi papá y yo vivimos algunos años allá. Sabemos lo que es ser migrantes. Desarraigarse. Sufrir para obtener permisos de residencia y de trabajo. Tener a la familia lejos. ¿Cómo no confiar en alguien que pasaba por la misma situación?”, refiere.
José Weismuller se integró al equipo de enfermeros del padre de Barreto y su padre se revitalizó. Se le paga igual que un enfermero peruano y casi todo lo que gana lo envía a Venezuela, donde tiene una madre enferma, tres sobrinos huérfanos y varios hermanos y hermanas que necesitan su aporte para sobrevivir.
“Gracias a su apoyo, he recuperado parte de mi dinámica familiar. Confianza es una palabra clave en el circuito de atención que tenemos para mi padre. Hoy es domingo y yo, terminando un cuadro de faringitis aguda, permanecí por primera vez en este día de la semana lejos de la casa donde está papá, mi casa en El Callao. Sé que José está ahí cuidándolo y que lo hace bien. Mi padre no pasará frío y tendrá todas sus medicinas a tiempo, hará sus ejercicios puntualmente, recibirá su comida, rica y calentita, a tiempo. Y escuchará que le hablan con cariño. José llegó de Venezuela y generó estos cambios en nuestras vidas.
Hoy nos toca confiar”, concluyó Barreto.
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Especial para Efecto Cocuyo
Foto principal: El Comercio