«Penalizar a un adolescente porque acose puede generarle más daños», afirma experto sobre violencia escolar en Venezuela

LA HUMANIDAD · 14 MAYO, 2022 08:00

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Albany Andara Meza | @AlbanyAndara


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Videos y casos de violencia escolar se han vuelto cada vez más frecuentes en las últimas semanas, en Venezuela. Al menos nueve adolescentes han resultado imputados en lo que va de mayo por agredir físicamente a sus compañeros, según los reportes de Tarek William Saab, fiscal general del país. 

La situación ha generado alerta entre instituciones educativas y organizaciones no gubernamentales, además de reavivar el debate sobre el acoso en los diferentes estados venezolanos. Este 11 de mayo, Saab informó que el Ministerio Público ha procesado 74 casos vinculados a este tema entre enero y abril de 2022. Las imputaciones realizadas hasta el momento contemplan los delitos de «lesiones personales».

Carlos Trapani, abogado y coordinador del servicio jurídico de Cecodap, recordó que los adolescentes tienen responsabilidad penal cuando se encuentran entre los 14 y 18 años, de acuerdo con la legislación venezolana. También expresó que la ley no reconoce al acoso como un delito, porque ni siquiera hay artículo que lo defina.

«Sin embargo, en el marco del acoso se puede cometer un delito. Por ejemplo, si el joven acosa físicamente (empuja, pellizca, jala el pelo o pega) y eso escala hasta que le disloca la mandíbula o fractura a alguien, esas son lesiones gravísimas y, de acuerdo con la Lopnna, si son susceptibles a privación de libertad. Y tienen una pena no menor de cuatro años ni mayor de seis», explicó a Efecto Cocuyo

No obstante, agregó que penalizar a un adolescente porque acose probablemente le generará más daños en términos de desarrollo. 

«Penalizar a un adolescente de esta forma porque acose, puede generar más daños. Lo que hay que hacer es que el adolescente tenga conciencia de que ese acto es violento y que no lo repita. El llamado es a reconocer el rol fundamental de la familia, que tiene la responsabilidad de custodiar, vigilar y cuidar a niños y adolescentes», puntualizó. 

Colegios en alerta

Según los reportes del fiscal general, el 4 de mayo fue imputado por lesiones personales un adolescente inscrito en el colegio Loyola Gumilla en Puerto Ordaz, estado Bolívar. Esto a raíz de un incidente de violencia registrado el 27 de abril. 

El 5 de mayo fueron imputadas tres adolescentes en Maracaibo, estado Zulia, por agredir a una compañera con síndrome de Down en la cancha deportiva Angelito, en el barrio Francisco de Miranda. El 6 de mayo, la Fiscalía Novena del estado Bolívar imputó a un estudiante del Liceo La Coromoto. 

El 7 de mayo, se les atribuyó la responsabilidad por hechos de violencia a otros tres jóvenes de la Unidad Educativa Carmen Ruiz en Charallave, ubicada en Miranda. El 10 de mayo, fue imputado un adolescente en el Colegio Teresiano de El Paraíso, en Caracas. 

Los centros educativos se mantienen en alerta, al mismo tiempo que el tema del acoso escolar cobra fuerza en redes sociales. Los vídeos de diversas peleas y hechos relacionados se viralizan rápidamente. Una de las últimas investigaciones reportadas por Saab involucra a un caso detectado en La Guaira, estado Vargas. 

Sobre el abordaje de estas situaciones, el fiscal ha recibido reiteradas criticas por exponer la identidad de algunos de los menores de edad en vídeos y tweets, violando así el derecho a la privacidad e intimidad establecido en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna). Además, ONG aseguran que exponer los casos en redes no hace más que entorpecer cualquier proceso. 

«Emitir juicios, calificaciones o adelantar opiniones en redes sociales vulnera garantías fundamentales como la presunción de inocencia, la confidencialidad, la defensa, el debido proceso y el juicio educativo reconocidos en la ley», expresaron desde Cecodap. 

Acoso escolar y comunidad lgbt

Aunque el acoso escolar esté recibiendo atención institucional en 2022, es un problema de vieja data que varias organizaciones no gubernamentales han denunciado en reiteradas ocasiones en el país. En 2020, un informe de Tamara Adrian, activista, profesora, abogada y miembro de la Asamblea Nacional de 2015, reveló que al menos 55% de las personas de la comunidad Lgbt sufrieron acoso en sus colegios. 

La mayoría de estos casos se presentaron en centros de educación secundaria en Venezuela. Hoy en día, Cecodap y la Red por los DDHH de Niños, Niñas y Adolescentes insisten que es necesario que todos los planteles cuenten con protocolos y herramientas para gestionar los incidentes que se presenten, sin que se vulneren los derechos de los involucrados. 

Carlos Trapani aclaró que el clima escolar se construye y que es fundamental que la prevención del acoso venga desde la familia, la escuela y la comunidad. El gobierno debe revisar que los colegios cuenten con recursos y personal de orientación en este tema, señaló. 

«Siempre hemos insistido que el énfasis tiene que estar en la prevención. Los casos de acoso son los más difíciles de abordar, porque toca el tema de la comunicación, de la familia, los vínculos y el rol de la escuela y en función a eso requieres una intervención integral, porque la violencia es multicausal», dijo a Efecto Cocuyo

Las consecuencias para los imputados

A pesar de que los nueve adolescentes han sido imputados en el país, no se ha informado sobre la penalización de cada caso. Trapani expresó que, cuando se trata de menores de edad, no se habla de pena sino de medidas socieducativas, que pueden ir desde amonestaciones, orientaciones de conducta, semi libertad y hasta privación de libertad. 

«En el caso de adolescentes de 14 años en adelante van al tribunal de responsabilidad penal, porque la jurisdicción penal es diferente a la del adulto», dijo.

Por lo tanto, hasta ahora no hay información sobre las medidas de cada joven imputado o si estos serán enviados a alguna entidad de atención para adolescentes adscrita al sistema penitenciario.

Declaraciones del fiscal 

Este 11 de mayo, Tarek William Saab notificó el desarrollo de un Plan Nacional de Prevención al Acoso, iniciado durante la segunda semana de mayo. Con este, se espera que los fiscales superiores y provisorios se reúnan con los representantes y protagonistas de los centros educativos en todo el territorio nacional para ofrecer charlas para evitar la violencia escolar en todas sus formas. 

Además, comentó que se presentó ante la asamblea una Ley para Prevenir, Sancionar y Atender el Acoso Escolar hacia Niños Niñas y Adolescentes, para atender el problema.

Actualmente no hay cifras actualizadas sobre el fenómeno del bullying o el acoso escolar en Venezuela. Sin embargo, la ONG internacional Bullying Sin Fronteras señaló, en 2017, que el problema afectaba al menos a un 80 % de los colegios del país.