El presidente editor del diario El Nacional, Miguel Henrique Otero, aseguró que fue imputado por la fiscalía y las familias de los periodistas Carola Briceño y Ramón Hernández han sido amenazadas por una serie de trabajos que publicaron sobre los hermanos Morón Sánchez y su presunta relación con el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del mandatario Nicolás Maduro.
En entrevista que concedió a su medio, aseguró que la investigación del Ministerio Público «tiene que ver con los trabajos de investigación que hemos publicado sobre los hermanos Morón, Santiago José y Ricardo José, porque aunque yo he sido imputado, y aún no tenemos claras las razones, los dos periodistas que realizaron los trabajos han sido requeridos por la Fiscalía».
Añadió que «los dos periodistas que realizaron los trabajos han sido requeridos por la Fiscalía. Aunque ellos no viven en Venezuela, Ramón Hernández y Carola Briceño, amenazaron a sus familias. Les dicen que no deben publicar más cosas. Contra ellos no pueden hacer nada porque están fuera del país, pero amenazan a sus familias», denunció.
Este miércoles 25 de enero, tanto el jefe de redacción de El Nacional como la jefa de Recursos Humanos debieron declarar en la Fiscalía, después de que los sacaran de sus viviendas con funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).
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Por qué persiguen a El Nacional
Pese a estas amenazas, Otero afirmó que seguirán publicando informaciones en el medio digital, después de que este periódico, fundado en agosto de 1943, dejó de circular por falta de papel periódico en 2018.
«Esta es una nueva arremetida contra el medio por publicar cosas que le molestan al régimen», recalcó desde España el representante del medio.
La sede de El Nacional fue confiscada en febrero de 2022, después de que un tribunal ordenó resarcir al primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, quien había demandado al medio y ante la falta de pago de una onerosa multa, le entregaron el edificio que se encuentra en Los Cortijos, en el Área Metropolitana de Caracas.
«Hemos padecido todo tipo de agresiones, incluso en un momento determinado nos pusieron una bomba, han agredido a los periodistas en el ejercicio de su profesión, nos han acosado administrativamente, tributariamente y después nos impidieron tener acceso a papel prensa. Pasamos a ser una plataforma web y después, con la demanda de difamación de Diosdado Cabello, nos quitaron el edificio con el Ejército porque no fue un juicio legal», recordó Otero.
También informó que este nuevo ataque y la citación al jefe de redacción, José Gregorio Meza, y la jefa de Recursos Humanos se sumará a un expediente que llevan ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el gobierno de Nicolás Maduro.
«Vamos a denunciar todos estos atropellos. Y defenderemos a nuestros trabajadores, pero estamos hablando de una corporación criminal que ataca a la gente de esta manera», insistió.
Con información de El Nacional