Un grupo de siete organizaciones no gubernamentales emitió un comunicado en el que piden al gobierno nacional respetar la libertad y los derechos durante la realización del proceso de primarias en Venezuela, pautadas para el próximo 22 de octubre.
Las organizaciones Acceso a la Justicia, Centro de Justicia y Paz (CEPAZ), Civilis Derechos Humanos, Laboratorio de Paz, Observatorio Global de Comunicación y Democracia (Ogcd), Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) y Voto Joven pidieron a los actores nacionales e internacionales que van a participar en las elecciones que defiendan el derecho a la participación política de los venezolanos, así como la necesidad de reconocer los resultados de las primarias.
También le exigen al Estado el cumplimiento de los pactos y los estándares para la celebración de las elecciones y vigilar y proteger el derecho de las personas a que decidan participar en el proceso como expresión del ejercicio de los derechos políticos.
Adicionalmente, también exhortan a que se cumplan las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral para realizar procesos electorales con garantías democráticas, que incluyen revertir y suprimir la prerrogativa de la Contraloría General de despojar a ciudadanos/as de su derecho fundamental a presentarse a las elecciones mediante un procedimiento administrativo y sin notificación oportuna
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“En ese sentido, es absolutamente crítico que las elecciones Primarias se realicen en una atmósfera de convivencia democrática, respeto de los derechos de la ciudadanía a participar plenamente en los asuntos públicos del país y en un marco de libertad, cumplimiento del Estado de derecho y observancia de las condiciones y los resultados del proceso a celebrarse el próximo domingo 22 de octubre”, dijeron las organizaciones mediante un comunicado.
Las organizaciones denunciaron las acciones de intimidación, persecución y criminalización como una “práctica recurrente del gobierno venezolano de inhabilitación de dirigentes políticos opositores o disidentes por vías administrativas a quienes que identifica como una amenaza para su continuidad en el poder”.
Los firmantes expresaron su rechazo a las inhabilitaciones políticas de algunos de los candidatos por considerar que constituyen un cercenamiento inaceptable del derecho de las personas a postularse y ser elegidas.