Más de 240 organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales, y particulares rechazaron este miércoles la intervención judicial de la Sociedad Venezolana de la Cruz Roja, ordenada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Mediante un comunicado, estas ONG definen la actuación judicial como una decisión contraria a los más elementales principios del Estado de Derecho y el debido proceso, que «además, viola el derecho a la libertad de asociación en Venezuela, establecido como derecho civil y político, reconocido en los pactos internacionales de DD. HH y cuya garantía es una de las bases fundamentales de las libertades democráticas”.
“Partiendo de presuntas irregularidades en la Cruz Roja, no gestionadas previamente ante un tribunal, y con base en denuncias y testimonios anónimos, el TSJ dictó una medida cautelar que, en realidad, constituye una sentencia de fondo anticipada, y que genera cambios irreversibles en la Cruz Roja, en vulneración del derecho a la defensa, al debido proceso, a la presunción de inocencia y a la libertad de asociación”, agrega el escrito.
Las ONG aseveran que el dictamen del TSJ agrava «las ya severas privaciones que sufre la población por la emergencia humanitaria compleja, ratificando la ausencia de un sistema de administración de justicia independiente, y lesionando el derecho a la libertad de asociación de carácter esencial para brindar ayuda humanitaria, basada en los principios humanitarios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia».
Las 247 agrupaciones civiles, que se apoyan en el respaldo de más de 577 firmas, hicieron varias solicitudes:
1. Que el Tribunal Supremo de Justicia cese el patrón de intervención de las diferentes expresiones de la sociedad civil en Venezuela y haga valer su libre desarrollo dentro de los principios del estado de derecho y de las normas del derecho internacional de protección del espacio cívico.
2. Que se respete la voluntad y capacidad de decisión de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja, para que sus órganos naturales decidan los cambios que deban hacerse en la misma, garantizando la continuidad de sus labores con base en los principios humanitarios de Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad, Independencia, Voluntariado, Unidad y Universalidad.
3. Que cesen las medidas o acciones legislativas, administrativas y judiciales desde el Estado Venezolano dirigidos al cierre del espacio cívico en el país, así como los discursos y campañas de criminalización, estigmatización y persecución de las organizaciones no gubernamentales.
4. Que se abra el espacio cívico para con ello aumentar las labores que la sociedad civil realiza con los fines de llevar ayuda humanitaria a los sectores más afectados por la emergencia humanitaria compleja, la defensa de sus derechos humanos y las posibilidades de desarrollo.
5. Que el Estado Venezolano garantice el ejercicio del derecho a la asociación, tal como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los pactos internacionales sobre Derechos Humanos firmados por la República, garantía que es fundamental para fortalecer una ruta democrática en Venezuela.
6. Que tanto la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas como a la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU registren y hagan seguimiento de este ataque al espacio cívico en Venezuela. Su documentación sobre el proceder del TSJ en otros casos de judicialización ha recogido el patrón de intervención estatal, que no ha cesado.
Entres la ONG que apoyaron este rechazo están Acceso a la Justicia, Sinergia, Acción Solidaria, Amnistía Internacional, Lambda, Azul Positivo, Cecodap, Gran Cine, Consorven, Neuroven y más.