ONG protestan ante el PNUD para exigir que Karim Khan se reúna con víctimas de violación de DDHH 

LA HUMANIDAD · 29 OCTUBRE, 2021 15:03

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Albany Andara Meza | @AlbanyAndara


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Cuando a Miyanllela le ordenaron que se diese la vuelta en la mañana del 8 de enero de 2021, ella miró fijamente al agente vestido de negro y le dijo que quería que la matara de frente, como a su hijo, Richard Jesús Briceño. El joven trabajaba en una cauchera, tenía 23 años y fue asesinado de un disparo a quemarropa en el pecho, arrodillado en un callejón de La Vega, al oeste de la capital de Venezuela.

Aunque otra funcionaria insistía en que tenían que ponerla de espaldas porque era el «protocolo», el hombre guardó el arma tras unos minutos, porque había dos menores de edad presentes en el lugar. 

Ese día las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) se llevaron a la suegra de Richard, bajo la excusa de que escondía y ayudaba a miembros de bandas delictivas de la zona. Seis meses y una semana después la soltaron sin decir una palabra. Miyanllela cuenta su historia este viernes, con la esperanza de obtener justicia de parte de entes internacionales, ante la negligencia del Estado venezolano para atender el caso de ejecución extrajudicial. 

Varias ONG y familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos se reunieron este 29 de octubre frente a la sede del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), en la avenida Francisco de Miranda de Caracas, para exigir que sus denuncias sean escuchadas por el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan. 

Khan, que visitará Venezuela en los próximos días, es el encargado de tomar una decisión sobre el caso de Venezuela y de abrir o no una investigación contra altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro

Khan, que visitará el país en los próximos días, es el encargado de tomar una decisión sobre el caso de Venezuela y de abrir o no una investigación contra altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad. 

Padres, hermanos y parejas de venezolanos que han sido asesinados extrajudicialmente pidieron respuestas para las muertes injustificadas, en su mayoría cometidas por funcionarios de las FAES. A su vez, familias de presos políticos y organizaciones que protegen a niños y adolescentes se manifestaron para solicitar resoluciones a la fiscalía venezolana y a la CPI. 

«Exigimos que el fiscal Karim Khan vea lo que realmente está sucediendo en Venezuela. Recientemente acaban de trasladar presos políticos a celdas comunes, para maquillar donde de verdad se aplica tortura a los privados de libertad, simplemente por pensar distinto al régimen. Ser catalogado «traidores a la patria», los convierte de una vez en muertos en vida», comentó Leida Brito, popularmente llamada «la abuela del casco rojo», una activista social que es conocida por protestar en Caracas desde 2017, en favor de los derechos humanos. 

El mismo modus operandi

Decenas de madres de victimas de ejecuciones por partes de agentes de seguridad narraron detalles sobre un mismo modus operandi: un grupo de funcionaros, comúnmente de la FAES, ingresa en algunas casas dentro de zonas populares con el argumento de buscar miembros de bandas delictivas, amedrentaran a las familias, sacan a los hombres jóvenes sin leer ningún cargo y les disparan.

Posteriormente arreglan la escena para que pareciera que hubo un enfrentamiento en el que se vieron obligados a defenderse.  

«Veinte funcionarios del FAES llegaron a mi casa. Mi muchacho les levantó las manos y les dijo «No me maten, yo soy un chamo sano» y ellos le dieron un único tiro en el tórax. Le robaron sus zapatos y su ropa, él llegó desnudo a El Llanito, se llevaron su teléfono y hasta una colonia que cargaba. Ya mi hijo cumplió tres años de muerto y el caso sigue en imputación, estancado en tribunales», indicó Carmen Elena Arroyo.

Es la madre de Cristian Alfredo Charris Arroyo, de 26 años de edad, asesinado en 2018. Aunque ha intentado que la fiscalía atienda su caso, se ha encontrado con una enorme pared de concreto llamada «burocracia». 

«El asesino de mi hijo, que debiera estar preso, hoy en día está activo en El Helicoide. Y varias veces lo he visto en la calle», dijo. 

Rosa Pérez protestó por la ejecución de su hijo, Genyill Chacón Pérez, ingeniero en sistemas, llevada a cabo por seis funcionarios del FAES el 12 de junio de 2019. Fue asesinado en el segundo piso de su casa en La Trinidad, minutos después de haber sido despertado de forma violenta. 

«Mi hijo no era un delincuente. Era un profesional», contó a Efecto Cocuyo

De acuerdo con cifras del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), solo en el primer semestre del 2021 se registraron 30 muertes por intervención judicial. Según Monitor de víctimas y Provea, el número de fallecidos en la parroquia La Vega durante enero fue de 23, en lo que las organizaciones llamaron «una política de exterminio en los barrios». 

En 2020, la Organización de los Estados Americanos (OEA) publicó un informe en el que registró más de 18.000 ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Venezuela desde 2014. 

Las familias de los presos políticos

Familiares de los venezolanos arrestados por la «Operación Gedeón», el ataque marítimo fallido contra Venezuela ocurrido en mayo de 2020, solicitaron un debido proceso y la libertad para estas personas.

«Son más de 80 militares y civiles que fueron detenidos injustamente. Ha sido un proceso muy difícil, ni siquiera sabemos cuál es el abogado que le asignó el gobierno a mi esposo. Exigimos por la libertad por todos los muchachos de la Operación Gedeón. Por favor, señor fiscal general, ayúdenos», declaró la esposa del sargento mayor José Antonio Moreno Peñaloza. 

Joel García, abogado especialista en Derecho Penal, indicó que en Venezuela no existe imparcialidad judicial, por lo que es fundamental contar con la visita de Karim Khan, para que todas las voces de las víctimas puedan ser escuchadas claramente. 

Organizaciones protestan ante el PNUD para exigir que Karim Khan se reúna con víctimas de violaciones de DDHH

«No nos podemos quedar callados ante un estado que reprime, que secuestra y que asesina», manifestó el padre Wilfredo Corniel, sacerdote de la parroquia San Miguel Arcángel en El Cementerio, quién acompañó a Franklin Leal a manifestar por la libertad de su hijo, el capital Franklin Antonio Leal Mendoza, detenido el 20 de abril de 2020 en Ramo Verde. 

Leal Mendoza fue acusado de intentar tomar las instalaciones de Ramo Verde y permaneció arrestado sin juicio por tres semanas. Posteriormente, se le relacionó con la Operación Gedeón y resultó detenido sin un proceso judicial. Lleva 490 días encerrado.  

«En ese tiempo, mi esposa murió de depresión. Yo tuve que llevar las cenizas hasta el lugar de reclusión de mi hijo para que él se despidiera de ella. Señor fiscal general de la Corte Internacional, Karim Khan, no permita que le tapen los ojos», indicó el padre del militar. 

Organizaciones protestan ante el PNUD para exigir que Karim Khan se reúna con víctimas de violaciones de DDHH

Según el balance de la organización Foro Penal, en Venezuela había un total de 254 presos políticos, para el 25 de octubre de 2021. De estos, 122 son civiles y 132 pertenecían a algún cuerpo militar. 

Los niños desaparecidos 

La ONG Funvenides (Fundación Venezolana de Niños Desaparecidos), denunció 108 casos de niños desaparecidos en Venezuela, víctimas de secuestro parental internacional, algunos sacados del país con documentos falsos para tráfico o trabajos forzados. Otros son extranjeros, que no estaban residenciados en Venezuela y que fueron trasladados entre diferentes países. 

«Hay 35 niños venezolanos judicializados que están desparecidos para sus padres y también para los tribunales. Todos estos niños de la pancarta están dentro de algún proceso judicial (custodia, patria potestad, etc.), pero los niños no aparecen. Eso no se puede explicar», expresó Martin Geymonat, director de Funvenides. 

Exigió una audiencia con Karim Khan, para presentar las pruebas y los datos migratorios de los niños, donde se corroboran que varios tribunales venezolanos fueron cómplices de numerosas desapariciones mediante la venta de sentencias judiciales.