Seguros en sus casas pero no totalmente libres. Si bien la excarcelación de los miembros del equipo de Azul Positivo representa un alegría, expertos aseguraron que las ONG continuarán abogando por la libertad plena de los trabajadores humanitarios.
Luego de casi un mes de detención, el pasado miércoles, los cinco trabajadores humanitarios Layner Gutiérrez, Yordy Bermúdez, Johan León, Alejandro Gómez y Luis Ferrebus recibieron una medida sustitutiva de libertad que consiste en presentarse en tribunales cada 30 días. La detención generó una condena general de ONG venezolanas e internacionales e incluso Amnistía Internacional los declaró presos de conciencia.
“Por un lado hay sensación de mayor tranquilidad, pero fueron detenidos arbitrariamente pero no tienen libertad plena. Toca seguir exigiendo”, dijo la directora del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Beatriz Borges, en entrevista para Efecto Cocuyo este viernes 12 de febrero.
Para la abogada, la detención de personal humanitario no se puede ver como un caso aislado, sino como parte de una política de hostigamiento por parte del Estado venezolano. Lo ocurrido hace que los organismos multilaterales como la Organización de Naciones Unidas (ONU) continúen verificando que esta política y cómo se profundiza en otras organizaciones de la sociedad civil.
Consideró de que a pesar de que se les otorgó una medida sustitutiva de libertad, todavía hay un daño en proceso al no concederles la libertad plena. Lo ocurrido genera una política de terror y de miedo que limita el accionar de otras organizaciones por temor a ser sancionadas.
Se amplía el expediente
El director de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels, resaltó que las organizaciones multilaterales que se pronunciaron sobre el caso exigieron que los trabajadores fueran liberados porque consideran que nunca debieron estar presos, no que fueran juzgados y se respetaran sus derechos.
“El hecho que se haya dirigido al caso venezolano dice mucho de la arbitrariedad del caso”, dijo sobre la intervención del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, sobre la aprehensión.
Según pudo conocer el abogado, la ONG no tiene contemplado reanudar operaciones hasta tener más claro el panorama judicial de los cinco trabajadores. Sin embargo, en la decisión del tribunal no se contempla que no puedan continuar con sus labores humanitarias.
Para Daniels, la aprehensión de actores humanitarios “nos enseña que siempre se puede estar peor” en términos de detenciones arbitrarias.
“Debería estar en la lupa de estas organizaciones, tanto de la Misión (de Determinación de Hechos) que tiene que presentar un informe de septiembre este año como de la propia Fiscalía y esperemos que los compañeros que hayan llevado estos casos los hayan documentado y enviado la información porque efectivamente ahí estaríamos ante una ampliación del ámbito de crímenes de lesa humanidad en este caso por privación ilegítima de libertad y detenciones arbitrarias”, concluyó.