ONG siguen sin conocer razones de la detención del activista Pedro Hernández y su familia

La tranquila localidad de Aroa, en el municipio Bolívar del estado Yaracuy, se convirtió esta semana en el epicentro de un nuevo episodio de represión política en Venezuela. Pedro Hernández Oropeza, un activista de 40 años conocido por su labor en defensa de los derechos de los campesinos, fue detenido el pasado 16 de septiembre por funcionarios encapuchados de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Sin orden judicial ni explicación, Hernández fue subido a una patrulla, dejando a su comunidad en vilo y sin información sobre su paradero. La arbitrariedad escaló al día siguiente, cuando cuatro familiares de Hernández –su padre, Pedro Hernández Serrano; su esposa, Natalia Álvarez; su hermano, Daniel Enrique Hernández; y su primo, José Hernández, quien también es su abogado– fueron arrestados en el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) de San Felipe.

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Los familiares acudieron a exigir claridad sobre la detención de Pedro, pero terminaron privados de libertad en un operativo que testigos describen como intimidatorio.

Una bebé de cinco meses, hija de Pedro y Natalia, estaba presente en el momento de los arrestos, rodeada de agentes armados que separaron a la pequeña de sus padres. La menor, ahora bajo el cuidado de otros familiares, se convirtió en un símbolo de la crudeza de estas acciones.

Castigo colectivo

Organizaciones de derechos humanos, como Foro Penal y Caleidoscopio Humano, han denunciado el caso como una desaparición forzada y un acto de “castigo colectivo”, señalando un patrón de persecución que recuerda al “Sippenhaft” nazi, con el que en tiempos de Hitler se reprimía a familias enteras para silenciar a disidentes.

Hasta este viernes 19 de septiembre aún no se conoce el paradero exacto de los cinco detenidos ni su estado de salud. “Esto es un mensaje claro: si alzas la voz, no solo te persiguen a ti, sino a todos los tuyos”, expresó un activista local que prefirió mantenerse anónimo por temor a represalias.

Hernández, exmiembro del Movimiento Vinotinto y cofundador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Yacambú, ya había enfrentado hostigamiento en 2016 por denunciar saqueos en Aroa.

En 2020, se alejó de la política activa para dedicarse a su familia, pero su trabajo con la ONG Campo, que apoya a trabajadores rurales, lo mantuvo en la mira de las autoridades.

El contexto actual, marcado por la crisis postelectoral de julio de 2024, ha intensificado la represión en Yaracuy, un estado donde la disidencia rural ha sido especialmente castigada, según denuncia la ONG Espacio Público.

“Reiteramos la necesidad de garantizar, con carácter inmediato, la seguridad y el retorno seguro de Pedro Hernández, así como la liberación y protección integral de sus familiares, asegurando que su integridad física y moral no se vea comprometida”, expresó en un comunicado la organización Justicia, Encuentro y Perdón.

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Lo que dice el oficialismo

El gobernador de Yaracuy, Gerardo Márquez, ha negado las acusaciones de desaparición forzada, insinuando que los detenidos estarían vinculados a un supuesto plan para “asaltar una unidad militar”.

Sin embargo, no se han presentado pruebas ni cargos formales. Mientras tanto, líderes opositores como María Corina Machado y Edmundo González Urrutia han elevado el caso ante la comunidad internacional, exigiendo la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la ONU.

“Es una escalada brutal contra quienes defienden la libertad”, afirmó Machado en un comunicado.

El Observatorio Venezolano de Prisiones reporta que, al 8 de septiembre, hay 823 presos políticos en el país, 45 de ellos en desaparición forzada. La familia Hernández se suma a esta alarmante estadística, dejando a Aroa sumida en el miedo y la incertidumbre.

Organizaciones locales e internacionales claman por la liberación inmediata de los detenidos y acceso a los centros de reclusión para verificar su integridad.