Las imágenes de lo que ocurre en la morgue a cielo abierto instalada en el puerto de La Guaira o en el cementerio habilitado en Carayaca para el enterramiento masivo de personas comienzan a modelar la percepción colectiva de la respuesta estatal a la emergencia causada por los terremotos del 24 de junio de 2026. La gestión de muertes masivas tras un desastre sísmico no es solo un desafío logístico, sino una prueba de fuego para la ética de un Estado, advierte Diana Osuna, experta en la materia. 

Osuna es  antropóloga egresada de la Universidad Central de Venezuela, docente en la  Escuela de Sociología de esa casa de estudios e investigadora del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. A partir de la tragedia de Vargas, en 1999, la experta se ha esforzado en sistematizar la “ruta de los cadáveres”: ese tránsito crítico donde la urgencia operativa por despejar escombros suele colisionar con el rigor de los protocolos forenses y el derecho a la identidad. 

La primera advertencia de Osuna tiene que ver con la transparencia de los procedimientos y la participación de los deudos. Explica que en escenarios de catástrofe, la muerte violenta y masiva rompe abruptamente con la noción cultural del “buen morir” y los rituales de despedida. Así pues, cuando el Estado no informa oportuna y suficientemente sobre las labores forenses cunde la desconfianza, lo cual empeora la situación.

-¿Cuál es la importancia de la gestión estatal de los fallecidos? 

-Cada persona tiene una relación muy personal con sus muertos. Cuando esa relación es perturbada porque se desconoce el paradero de los restos o porque el destino final de estos fue traumático, la canalización del duelo se dificulta. En un desastre, el duelo es colectivo. Si el Estado no garantiza una gestión técnica y digna, la incertidumbre empeora la situación. 

La sistematización de la información no entorpece la labor científica; al contrario, le otorga legitimidad. Cuando las autoridades son claras sobre los protocolos, mitigan la duda y el miedo de los familiares, permitiendo que la labor forense se realice con el respaldo, y no bajo la sospecha, de la población.

La identificación es el desafío

En un contexto de muertes masivas por aplastamiento, como el correspondiente a los terremotos del 24 de junio, la identificación de las personas fallecidas es un desafío técnico y ético.

Diana Osuna explica que en cada fase del proceso se afrontan dilemas y, a pesar, de las guías y manuales validados internacionalmente, a veces no hay respuestas correctas: “Pensemos en el uso de la maquinaria pesada para la remoción de escombros en la etapa inicial de recuperación.  La maquinaria puede fragmentar los restos, destruyendo evidencia vital para la identificación y causando un impacto psicológico devastador en los familiares que presencian el proceso”.

-¿Qué implicaciones tiene que el rescate lo haya hecho un familiar?

-Cuando un familiar debe escarbar con sus manos —como el caso del ciudadano que recuperó a su esposa antes de que llegara la ayuda técnica— se evidencia una saturación de la capacidad oficial. Si bien hallar el cuerpo facilita el inicio del duelo, la falta de pericia técnica puede comprometer la preservación de los restos. En desastres que superan el umbral de los 12 días, el reconocimiento visual se dificulta. Allí adquieren mayor importancia  los esfuerzos de identificación.

-¿Cuál es su valoración de la instalación de una morgue en el puerto de La Guaira?

–La creación de centros de acopio centralizados es necesaria y vital para evitar que los restos terminen dispersos en distintas morgues hospitalarias sin control. Sin embargo, hay imágenes que nos pueden resultar chocantes, como la disposición de cuerpos en el piso. 

-¿Cuáles son las técnicas de identificación que se usan en estos casos?

-Ante la descomposición avanzada, se aplican técnicas de rehidratación de tejidos para recuperar las crestas papilares y permitir la toma de huellas dactilares. 

-¿Las bases de datos del Saime permiten el cotejo para identificar a las personas fallecidas?

-La infraestructura de identidad biométrica del paíssugiere que existe capacidad de cotejo. Sin embargo, más allá de la tecnología, lo crucial es el registro técnico: si no hay un familiar para comparar hoy, debe quedar una prueba sólida para mañana.

-¿Cuáles son los datos que se deben acopiar en casos de personas cuya identidad se desconoce?

-Ubicación exacta y circunstancias del hallazgo, huellas dactilares recuperadas mediante técnicas forenses, estatura, sexo y rasgos morfológicos remanentes, datos odontológicos. También es clave asignar un código correlativo a cada persona, un número único que vincula físicamente el cuerpo con su expediente y su ubicación en lugar donde es enterrado. Bajo ninguna circunstancia se debe recurrir a la cremación. La cremación es la destrucción definitiva de la evidencia física que posibilita la identificación.

-¿Por qué actuar con prisa en enterrar personas sin identificar si no hay riesgo sanitario?

-Ante la falta de refrigeración, se debe proceder a la inhumación siguiendo reglas estrictas. La recomendación técnica es el enterramiento individual en hileras identificadas, permitiendo que cada cuerpo sea localizable para una futura entrega. 

Osuna considera que la gestión técnica de los cuerpos de las personas fallecidas marcará la diferencia en término de la memoria que se comienza a construir sobre los terremotos del 24 de junio. Un tratamiento digno facilitará los duelos, tanto los individuales como los colectivos, concluye.

Los desastres no son “naturales”

El análisis de los terremotos del 24 de junio desde la antropología y la historia permite comprender las implicaciones sociales, culturales y políticas. Andrea Noria, antropóloga venezolana y post doctorada en Historia,  es una voz autorizada en esta intersección y considera que la conceptualización del fenómeno sísmico es clave.

“Terremoto y desastre no son sinónimos. Un terremoto es un evento físico; el desastre es una consecuencia de las incapacidades o el desbordamiento de las capacidades para afrontar la emergencia que causa el sismo”, explica la experta.

Siguiendo a Noria, la manera en que nos referimos a lo ocurrido en Venezuela a partir del 24 de junio (y no sólamente ese día) marca una diferencia importante: “El término desastre natural para referirse a un terremoto es incorrecto y, de hecho,  es una categoría que ha sido desechada en la literatura especializada”. 

Según la académica, culpar a la naturaleza solo sirve para eludir la responsabilidad social y estatal, e insiste en destacar la responsabilidad del Estado. La sociedad civil, prosigue, tiene un rol complementario en la formación preventiva y la relación con el espacio local, pero la estructura de protección debe ser una garantía institucional.

Para ilustrar esta tesis, Noria comparó los terremotos de Haití y Chile en 2010: a pesar de que el evento en Chile tuvo una magnitud superior, la catástrofe en Haití fue mucho mayor debido a la fragilidad institucional y pobreza estructural del país caribeño. 

En su opinión, en un país como Venezuela, el Estado debe tener la capacidad institucional de transmitir a la población que habita un territorio sísmico, y cuando el Estado falla en esta pedagogía y en el mantenimiento de infraestructura preventiva, el fenómeno natural encuentra un terreno fértil para la tragedia.

-¿A qué se refiere con diversas formas de entender los terremotos?

-En principio, a la separación de la definición técnica —riesgos naturales asociados a elementos geomorfológicos— de la construcción social de la respuesta.  El impacto de un terremoto depende de la vulnerabilidad acumulada. 

Finalmente, Andrea Noria se refiere a los impactos diferenciados de un desastre, vinculados a medios y condiciones de vida que, por ejemplo, permiten comprender las diferencias entre lo ocurrido en La Guaira y en Chacao en términos de respuesta. 

La experta explica que Chacao posee un capital económico y social que le permite más holgura en la gestión de la crisis: “Tras un sismo, la resolución de la emergencia involucra cuestiones como el acceso a servicios básicos y  la gestión de escombros. En Chacao, una familia puede desplazarse a un hotel y cubrir sus necesidades básicas; en zonas vulnerables de La Guaira, esa opción no existe”.

-¿Las identidades también marcan diferencias en la afectación?

-Los desastres afectan a las personas de manera diferencial. Mujeres, niños y ancianos son más vulnerables. En la gestión de albergues, por ejemplo, la ausencia de una perspectiva de género ignora necesidades críticas de higiene, salud menstrual y reproductiva. Si la política pública no contempla estas realidades desde la equidad, la gestión de la emergencia será incompleta y fallida.