La ONG Laboratorio de Paz presentó este 6 de noviembre el informe “UE: Embargo de armas y sanciones individuales contra violadores de DDHH en Venezuela”, en el que advierte que si se levantan las sanciones de la Unión Europea (UE) se podría suspender el embargo de venta de armas a un país que tiene una investigación en la Corte Penal Internacional (CPI) por violaciones a los derechos humanos.
Ponen como ejemplo, que entre los años 1998 y 2022, «se habría exportado a Venezuela un total de 5.615 millones de dólares en armamento. España y Países Bajos se ubican en tercer y cuarto lugar -luego de Rusia y China- como los países que más armamento han vendido a los gobiernos bolivarianos».
Añaden que «los países del bloque europeo son responsables, en su conjunto, del 16,15% del armamento comprado por Venezuela en este período. En el caso de España comercializó un total de 327 millones de dólares en armamento, de los cuales 5.638.952 de euros fueron en material antidisturbios. En el caso español diferentes organizaciones de derechos humanos han cuestionado la venta de armas de España a países ‘preocupantes’ por conflictos internos o graves abusos contra la población».
Respuesta a petición española
Este documento se presentó después de que el pasado 24 de septiembre, el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, pidió al bloque de los 27 reconsiderar las sanciones al gobierno de Nicolás Maduro, tras la decisión de Estados Unidos de eliminar de forma temporal las medidas contra la comercialización de petróleo, gas y el oro venezolanos.
Laboratorio de Paz recomendó al Consejo de la Unión Europea que se prorroguen las medidas por otro año más, «lapso en el que pueda evaluarse la voluntad de las autoridades en Miraflores de permitir una salida pacífica al conflicto, mediante la convocatoria y realización de elecciones con garantías democráticas».
Recordaron que «a diferencia de las sanciones promovidas por Estados Unidos, las medidas aprobadas por la Unión Europea son de naturaleza individual y selectiva. En resumen consisten en el embargo de armas y equipos destinados a la represión interna, así como la prohibición de viajar y la inmovilización de bienes respecto de 55 funcionarios responsables de violaciones de los derechos humanos y de socavar la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela».
Quiénes son los sancionados por la UE
En el informe se detalla que las sanciones de la UE recaen contra los siguientes funcionarios: Néstor Reverol, Gustavo González López, Tibisay Lucena (+), Antonio Benavides Torres, Maikel Moreno, Tarek William Saab, Diosdado Cabello, Tareck El Aissami, Sergio Rivero Marcano, Jesús Suárez Chourio, Delcy Rodríguez, Elías Jaua, Sandra Oblitas, Freddy Bernal y Katherine Harrington.
También contra Socorro Hernández, Xavier Moreno Reyes, Néstor Blanco Hurtado, Rafael Blanco Marrero, Alexis Escalona Marrero, Rafael Franco Quintero, Alexander Granko Arteaga, José Ornelas Ferreira, Gladys Requena, Tania Díaz, Juan José Mendoza, Jorge Márquez Monsalve, Luis Parra, Franklyn Duarte, José Gregorio Noriega, Remigio Ceballos, Omar Prieto, José Brito, Bernabé Gutiérrez, Luis Damiani Bustillos y Calixto Ortega Ríos.
La completan René Degraves Almarza, Arcadio Delgado Rosales, Carmen Zuleta de Marchán, Indira Alfonzo, Leonardo Morales Poleo, Tania D’Amelio, Carlos Carvallo Guevara, Jesús Vásquez Quintero, Manuel Pérez Urdaneta y Douglas Rico.
Se trata de militares, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, ministros del gobierno de Nicolás Maduro y diputados de la Asamblea Nacional, además de miembros del alto mando militar y de diferentes componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
También exrectores del Consejo Nacional Electoral y dirigentes políticos disidentes de la oposición, que en 2020 apoyaron la instalación de una junta directiva paralela a la que la mayoría del Parlamento opositor ratificó, pero que tuvo el apoyo del gobierno de Nicolás Maduro y el Tribunal Supremo de Justicia, compuesto en ese entonces por 32 magistrados.
Qué recomienda Laboratorio de Paz
«Las sanciones promovidas por la Unión Europea han sido diseñadas para no afectar al conjunto de la población venezolana, por lo que en este caso específico no aplica el argumento que estarían agravando los efectos de la Emergencia Humanitaria Compleja», dice la ONG.
Añaden que «en cambio, sería desacertada la decisión de levantar el embargo de venta
de armas a un país que está siendo investigado por crímenes contra la humanidad por la Corte Penal Internacional. La comunidad internacional debe contar con todos los mecanismos diplomáticos de presión a las autoridades venezolanas, no sólo para cumplir el Acuerdo de Barbados, sino para permitir una transición a la democracia mediante la realización de elecciones libres y creíbles, así como garantizar la vigencia de los derechos humanos».
Además de recomendar la prórroga de estas medidas, piden a la UE renovar su mandato de misión de observación electoral para Venezuela, como se hizo en las regionales y municipales de noviembre de 2021, así como que ese grupo se encargue «de monitorear, documentar e informar sobre el nivel de cumplimiento de las 23 recomendaciones emanadas de su informe presentado en el año 2021».
