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La radicalización de la cuarentena producto de la proliferación del COVID-19 en el país agrava la situación de los presos políticos militares, denunció la abogada y directora ejecutiva de la Organización no Gubernamental Justicia Venezolana, Lilia Camejo.

Según destacó la defensora privada de presos políticos militares, actualmente se registran 183 castrenses con procesos penales en su contra. De estos, 46 se encuentran en libertad y 137 recluidos entre cárceles militares y centros de detención preventiva.

Aseveró que además de los 35 militares con graves patologías, muchos del total de presos políticos están presentado importantes síntomas de depresión, producto del aislamiento extremo al que están siendo sometidos. 

«Entendemos la ola de contagios que vive el país, pero en centros penitenciarios deben aplicarse protocolos de bioseguridad que garanticen las visitas regulares, en semanas de flexibilización, de abogados y familiares a oficiales recluidos en Ramo Verde, la cárcel de La Pica y Santa Ana», sentenció Camejo.

La jurista subrayó que así como permiten el contacto con el mundo exterior a quienes permanecen detenidos por largo tiempo, pese a ser esto una violación de la ley, en sitios como la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y en cárceles comunes; deben buscarse alternativas para otros centros penitenciarios como Cenapromil en Ramo Verde.

Asimismo, la profesional del derecho citó como ejemplos reclusorios de varios países de América Latina, donde incluso existe hacinamiento carcelario, y planteó como alternativa viable, en el corto plazo, la instalación de locutorios para que no haya contacto corporal entre los presos políticos y los familiares o defensores privados.

«Es deber del Estado preservar la salud física de los militares presos políticos», advirtió.