Oficina de la Fiscalía de la CPI es un espacio para recoger y proteger evidencias, señalan expertos

LA HUMANIDAD · 9 ABRIL, 2022 11:51

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Reynaldo Mozo Zambrano | @reymozo


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Desde que Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), anunció la creación de una oficina de la Fiscalía del organismo internacional en Venezuela han sido muchas las expectativas generadas, aunque son pocos los detalles de cómo será su funcionamiento y cuándo ocurrirá su instalación.

En el año 2018, la CPI inició el examen preliminar para determinar si había pruebas convincentes sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, el paso previo a una investigación formal contra los presuntos responsables de estos delitos en el país.

El fiscal Khan determinó en noviembre de 2021 que existen fundamentos razonables para creer que en el país se cometieron crímenes de lesa humanidad y procedió a abrir formalmente la fase de investigación.

Hasta ahora, el proceso se ha llevado a cabo con prudencia. En enero de este año Khan otorgó al Estado venezolano tres meses de prórroga, hasta el próximo 16 de abril de 2022, para que informe al organismo de justicia internacional sobre las investigaciones que adelanta sobre presuntos crímenes de lesa humanidad.

El pasado 31 de marzo, en un sorpresivo encuentro televisado entre el fiscal de la CPI y el gobernante Nicolás Maduro desde el Palacio de Miraflores, Khan anunció la creación de la oficina de la Fiscalía de la CPI en el país.

“Las partes han acordado que mi fiscalía, la fiscalía de la CPI, podrá abrir  una oficina en Caracas. Es un paso muy importante y significativo que permitirá cumplir con el Estatuto de Roma y comprometerme con las autoridades venezolanas aquí”.

Karim Khan, fiscal de la CPI

Un espacio apropiado

Para la abogada Andrea Santacruz, directora ejecutiva del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (CDH-UNIMET),  la instalación de la oficina de la Fiscalía de la CPI en el país va a generar un espacio que “podría ser apropiado para recoger evidencias y proteger esas evidencias en el marco de la investigación (que ejecuta el organismo)”.

Santacruz espera que sea quienes buscan justicia los que resulten beneficiados con esta oficina de la Fiscalía de la CPI, porque con la justicia nacional no pueden conseguirla. La abogada señala que por esta razón las instancias internacionales son las únicas que les pueden proporcionar justicia a esas víctimas que no han sido atendidas por las instituciones en el país.

“Esa oficina debe estar orientada hacia ese fin,; entendemos que también va a procurar una cooperación técnica en el marco de lo que se ha conocido a nivel internacional como una complementariedad positiva, pero iremos viendo cómo va avanzando el proceso y la relación entre la Fiscalía de la CPI y el Estado venezolano; esperamos y hacemos votos por eso, que sea un espacio en definitiva centrado en la investigación que va a adelantar o adelanta la CPI”, explica.

Lea también: Claves para entender la investigación de la CPI sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela

El coordinador de investigación del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Marino Alvarado, indica que uno de los elementos claves en la instalación de la oficina de la Fiscalía de la CPI será la manera y el estilo de trabajo que le dará Khan.

El abogado agrega que es importante saber la atención a las víctimas y a las organizaciones defensoras de derechos humanos que han documentado sobre los crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

Riesgos, seguridad y dependencia 

Alvarado cree que en términos de riesgo es importante conocer qué grado de seguridad les garantizará esta oficina a las víctimas y a las personas que van a colaborar con esa instancia en el país.

Otro de los elementos que destaca el representante de Provea es que se creará en un país sin un poder judicial independiente.

El defensor de derechos humanos explica que el sistema de justicia en Venezuela tiene dos características que deben destacarse ante la instalación del organismo internacional en Caracas.

▶️ “El Poder Judicial no es independiente más allá de esta restructuración que se está haciendo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). No hay garantía de un TSJ, pero además de una estructura del Poder Judicial sobre todo en el sistema penal que sea independiente”.

▶️ Alvarado señala que en el país el sistema de justicia no protege los DD. HH.  y que ha sido instrumento de persecución, donde incluso muchos jueces y fiscales deberían ser investigados por la CPI como presuntos responsables de los crímenes de persecución, detención arbitraria, de haber tolerado y favorecido la práctica de la tortura.

 “Es una oficina de la Fiscalía de CPI que va a trabajar con un sistema de justicia que ha sido parte del problema de los crímenes de lesa humanidad, a diferencia de otros países donde los crímenes ocurrieron en el pasado, acá no estamos hablando de los crímenes que no solamente ocurrieron sino que siguen ocurriendo, porque sigue habiendo torturas, sigue habiendo detenciones arbitrarias, sigue habiendo ejecuciones extrajudiciales», dijo.

«Hay un elemento que nos preguntamos muchas ONG y muchas víctimas es cómo va a trabajar esta oficina de la CPI con un Poder Judicial que es parte de la persecución y es parte de los perpetradores de las persecuciones y de los crímenes de lesa humanidad”.

Marino Alvarado, Provea

Cooperación técnica

La abogada Andrea Santacruz destaca que conforme a las declaraciones del fiscal Khan, no se evidencia un mayor acercamiento sino un espacio principalmente orientado a la cooperación técnica con el Estado venezolano y que espera, a su vez, sea un lugar donde se puedan recibir a las organizaciones de la sociedad civil y posibles víctimas.

“En esta etapa del proceso ante la CPI ya se pueden identificar víctimas pero se debe esperar que se señalen o se precisen los casos; hasta este momento esto no ha ocurrido y en consecuencia la Corte, a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad que han ocurrido en Venezuela conforme a lo dicho por distintos órganos internacionales,  los considera todavía como posibles víctimas”, explica.

Alvarado asegura que la misión que tiene la CPI con una oficina de su Fiscalía en Venezuela es investigar, sancionar y que no haya impunidad. Aspira que el trabajo de la CPI en el país contribuya al avance acelerado de la investigación sobre hechos que han constituido crímenes de lesa humanidad y sobre los presuntos responsables.

La Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela, de la Organización de Naciones Unidas (ONU) señaló en septiembre de 2020 que autoridades cometieron graves violaciones de derechos humanos en el país.

“La Misión de Determinación de Hechos señaló con nombres y apellidos a unos presuntos responsables  incluyendo a Nicolás Maduro, quien tiene de manera no legítima la presidencia, pero también a Vladimir Padrino, al director del Sebin, de la Dgcim, de las Faes y a otros altos funcionarios como Néstor Reverol y otros», recuerda.

Para el defensor de DD. HH., la Misión puede trabajar en colaboración con la Fiscalía de la CPI en esta identificación.

«No necesariamente los señalados por la Misión son los mismos que tiene que asumir la Fiscalía de CPI, pero hay unos señalamientos sobre esas personas, sobre hechos donde esas personas han participado, y si han cometido crímenes de lesa humanidad debe haber investigación y sanción”, recalca Alvarado.