Hace casi un año, el 27 de septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH) creó una la Misión Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela y le pidió investigar denuncias de violaciones de DDHH, con el objetivo asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas.

Para esta tarea, el 2 de diciembre, el CDH nombró a Marta Valiñas de Portugal, Paul Seils del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Francisco Cox de Chile como miembros de la Misión.

Además, estos funcionarios contarían con el apoyo de una secretaría de 13 personas establecidos en Panamá, integrada por un coordinador, investigadores de derechos humanos, asesores legales y de género, expertos militares y en tecnología digital y funcionarios de seguridad, administrativos y de presentación de informes.

El mandato incluía que sus miembros presentaran las conclusiones de la investigación durante el 45º período
de sesiones del Consejo, en septiembre de 2020.

El documento reveló patrones de conducta en los que se produjeron las cuatro violaciones de DDHH previstas en el mandato:

🔘 Detenciones arbitrarias

⚪️ Desapariciones forzadas

🔘 Torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes

⚪️ Ejecuciones extrajudiciales

Además responsabilizó al mandatario Nicolás Maduro; al presidente de la Constituyente, Diosdado Cabello; y los ministros de Interior y de Defensa por la comisión de crímenes de lesa humanidad.

Pero, ¿cómo elaboraron el informe presentado este miércoles 16 de septiembre?

La investigación

La Misión de la ONU reunió información sobre la situación de Venezuela a través de cuatro métodos principales:

1️⃣ Entrevistas confidenciales, tanto en persona como a través de conexiones seguras telefónicas o de vídeo

2️⃣ Documentos confidenciales obtenidos de personas y organizaciones, incluidos expedientes de casos

3️⃣ Solicitud de presentaciones de información

4️⃣ El análisis de información de dominio público, incluyendo redes sociales, blogs, informes, artículos periodísticos, de opinión, comunicados de prensa, entre otros.

En total, realizaron 274 entrevistas con víctimas, testigos, familiares, exfuncionarios del Estado, abogados/as, representantes de organizaciones no gubernamentales y personal internacional.

Investigaron 223 casos que ilustran los patrones de delitos y crímenes, 48 de ellos están descritos en el informe disponible en la web.

“Los criterios de selección de los casos incluyeron consideraciones sustantivas y de seguridad, y otros, como la disponibilidad de testigos, de expedientes de causas judiciales y pruebas digitales”, explicaron.

Para corroborar los patrones de conducta de los funcionarios del Estado, la Misión de la ONU también examinó otros 2.891 casos de violaciones de DDHH “sobre la base de información directa y secundaria”.

Otras entrevistas y estándares

Entre las fuentes consultadas, la Misión también conversó con antiguos funcionarios gubernamentales y militares.

Entre ellos, el exdirector general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), general Manuel Christopher Figuera.

Además entrevistaron miembros de las fuerzas de seguridad en servicio actualmente, bajo estricta confidencialidad, y analizaron leyes, políticas y directivas del gobierno de Nicolás Maduro.

Para su evaluación, la Misión usó como estándar de prueba la calificación de “motivos razonables para creer”. Este se cumple al reunir información fáctica “que satisfaga a un observador objetivo y normalmente prudente de que el incidente se ha producido tal como se ha descrito con un grado razonable de certidumbre”, explicaron.

Agregaron que este estándar de prueba es inferior al que se requiere en los procedimientos penales para sostener una acusación, “pero es suficientemente alto para indicar que se justifica la realización de ulteriores investigaciones”.

¿Por qué no pisaron Venezuela?

La Misión reconoce como limitación la falta de acceso a Venezuela. En el informe destacan que lamentan profundamente no haber podido visitar el país.

El Consejo de Derechos Humanos, a través de la resolución 42/25 de septiembre 2019, instó a las autoridades venezolanas a cooperar con la Misión. Específicamente a que le concedieran acceso “inmediato, pleno y sin restricciones” al país, incluidos las víctimas y lugares de detención.

Los miembros del equipo solicitaron, oficialmente, el 14 de enero de 2020 celebrar una reunión con la Representación Permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra.

Relatan en el informe que una solicitud similar fue formulada por el coordinador de la Misión el 7 de enero de 2020.

El 3 de marzo, los miembros pidieron oficialmente acceso para realizar investigaciones en el territorio. También enviaron cartas al gobierno los días:

📅 14 de mayo

📌 2 de junio

📅 7 de agosto

En ellas solicitaban información sobre cuestiones de interés para el mandato.

El 21 de julio y el 4 de septiembre, escribieron a la administración de Maduro expresando su intención de entregarle el informe antes de su publicación para que lo examinara y formulara observaciones.

Toda la correspondencia se entregó al Representante Permanente en Ginebra, Jorge Valero, y las cartas del 3 de marzo y el 21 de julio también la entregaron impresa a la Cancillería en Caracas.

Al momento de la publicación del reporte, no habían recibido ninguna respuesta a esas cartas.