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La renovación por dos años de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la ONU debe ampliar campo de estudio e investigación en la mayor cantidad de violaciones a los derechos humanos que se cometan en el país, según coincidieron directores de organizaciones no gubernamentales.

En un consulta realizada por Efecto Cocuyo, el director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, destacó que es importante que los expertos se enfoquen no solo en hacer continuación de los casos de represión política sino también en todos los casos donde existe control social.

“En el último informe, la Misión destacó que quedaron casos pendientes por investigar. Se pudo reseñar aquellos donde hubo represión selectiva y colectiva, como en las OLP. Sin embargo, no ahondaron en casos como el de los colectivos, quienes se ha denunciado por formar parte de la represión en las protestas en Venezuela”, dijo.

Daniels también resaltó que hay otros casos como las violaciones cometidas en el Arco Minero del estado Bolívar, que aunque se han mencionado, no se han estudiado a profundidad por la ausencia del Estado venezolano en la zona.

“Lo bueno de esta renovación es que los investigadores continuarán con los casos pendientes. Puede que cambien las cabezas de la Misión, pero quienes hacen el informe se mantendrán”, dijo.

Además de la continuar con las investigaciones como las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, el director de Acceso a la Justicia agregó que es importante que la Misión de la ONU incluya como nuevo objetivo cubrir los casos de violencia sexual y de género.

“Es importante que estos casos sean atendidos porque se determinó que muchas de las personas que han denunciado violaciones de derechos humanos han sido mujeres, las cuales han sido sometidas a amedrentamientos y amenazas para callarlas”, destacó.

Todos los presos

Como una opción para ampliar la investigación de la Misión de la ONU, el director de la organización Una Ventana a Libertad, Carlos Nieto Palma, aseguró a Efecto Cocuyo que los casos la violación a derechos humanos deben atender a todos los cosas de los presos en Venezuela y no solo a los detenidos por razones políticas.

“Hay 110.000 personas presas en Venezuela y la mayoría se encuentra en condiciones deplorables, donde muchos de sus derechos son violados. No es que no sea importante cubrir los casos de presos por razones políticas, pero también es importante que abarcar a los que se encuentran recluidos por otros delitos”, dijo.

Nieto Palma resalta que entre las violaciones está la omisión del debido proceso y que no hay atención a los casos de desnutrición o o enfermedad.

El director de la organización defensora de los derechos de los presos en Venezuela también destacó que la Misión de la ONU también debe hacer énfasis en las violaciones a derechos económicos, sociales y culturales que se cometan en el país.

La Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela fue creada en septiembre de 2019 para investigar violaciones de derechos humanos en el país.

Argumentos penales

Para Alí Daniels, el informe presentado por en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas cumple con los requisitos para que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional tome mayor protagonismo en el caso.

«Lo importante de la investigación es que hay un buen argumento para seguir avanzando en las fases preliminares que la Corte Penal establece para considerar que hay crímenes de lesa humanidad o no», resaltó Daniels.

Las fases establecidas por la Corte Penal para evaluar casos de lesa humanidad son la recopilación de fuentes, determinar los delitos (genocidios, crímenes de guerra, entre otros), identificar las jurisdicciones universales y si el caso es del interés de la Corte.

El gobierno de Nicolás Maduro, y los Poderes Públicos controlados por el chavismo, desestimaron los casos presentados en el informe al asegurar que no forman parte de una política de Estado, sino que son casos aislados.

Ante esto, Daniels explicó que los casos presentados ante estas instancias internacionales solo son aplicados para «quienes toman las decisiones».

«Cuando el fiscal designado por la asamblea constituyente desestima los casos porque las funcionarios que cometieron excesos en protestas están detenidos, es cierto. Pero ninguna de las autoridades que da las ordenes de que se sigan cometiendo esos abusos han sido detenidos. Si siquiera los jefes de los destacamentos más pequeños del país», resaltó.