Con una votación de 22 países a favor, 22 abstenciones y tres votos en contra, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó el pasado 6 de octubre renovar por dos años la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela para continuar con el seguimiento de las denuncias de violación de derechos humanos en el país.

Aunque esta representación de expertos en el derecho internacional no está creada para cumplir las labores de un tribunal, para la cofundadora de la organización Cofavic, Liliana Ortega, esta nueva licencia de la misión representa una “oportunidad muy importante para las víctimas” en el país.

“Es importante que se le haga continuidad a la gravedad de la situación que hay en el país. Especialmente, en el ámbito de derechos humanos, para que estos no se sigan cometiendo”, dijo la abogada en una consulta realizada por Efecto Cocuyo.

Ortega reiteró que la Misión de Determinación de Hechos tiene como meta registrar la “impunidad intencionalizada” por parte de los organismos de seguridad del Estado.

“Toda violación de derechos humanos debe ser atendida. No debe haber impunidad en ninguno de los casos registrados o denunciados. Esto sirve para presionar a las autoridades para que rectifiquen y castiguen a los señalados de cometer estos crímenes”, dijo.

De acuerdo a lo establecido en el Consejo de DDHH, el objetivo de la prórroga es para que la Misión pueda seguir investigando las “violaciones manifiestas de los derechos humanos, como las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, desde 2014″.

También fue incluida la violencia sexual y de género, como nuevo objetivo del grupo de expertos.

En su último informe, la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela resaltó que existen argumentos para precisar que existe una represión sistemática de parte de los organizamos de seguridad, que puede ser considerada como crímenes de lesa humanidad crímenes de lesa humanidad.

Nicolás Maduro y los representantes de los Poderes Públicos, controlados por el chavismo, denunciaron que el informe de la misión sobre Venezuela fue un “instrumento pagado por el Grupo de Lima“, para perjudicar al gobernante venezolano.