Ministerio Penitenciario apela a falta de legislación para no respetar derechos sexuales #LgbtiEnPrisión - Efecto Cocuyo

LA HUMANIDAD · 4 NOVIEMBRE, 2019 18:34

Ministerio Penitenciario apela a falta de legislación para no respetar derechos sexuales #LgbtiEnPrisión

Texto por Reynaldo Mozo Zambrano | @reymozo Fotos por Iván Reyes

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Los privados de libertad, miembros de comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Personas Trans e Intersexuales (Lgbti), tienen prohibido tener relaciones sexuales dentro de las cárceles que controla el Ministerio Para Asuntos Penitenciarios, porque la legislación venezolana aun no reconoce las relaciones de parejas entre los miembros de la comunidad.

A pesar de la prohibición, que solo afecta al porcentaje de privados de libertad reconocidos como miembros Lgbti, el resto de la población penal, si recibe visitas conyugales, pero una vez al mes.

Las organizaciones no gubernamentales, Una Ventana a la Libertad (UVL) y el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), que monitorean las condiciones de reclusión de los presos en el país, enfatizan que el número de personas miembros de la comunidad Lgbti no ha sido suministrado, por lo que el monitoreo de sus derechos es más complicado. Por su parte, el Ministerio de cárceles venezolano estima que hay aproximadamente 191 personas Lgbti recluidas en sus 103 cárceles del país. 

Funcionarios del Ministerio de Asuntos Penintenciario explicaron que el organismo se apega a la legislación venezolana, que no ha legalizado el matrimonio igualitario o la unión igualitaria. “Mientras no se permitan esa uniones, el ente no admite las visitas conyugales para los Lgbti. La comunidad Lgbti se encuentran en el limbo”, según una fuente dentro del organismo.

Para Tamara Adrián, primera mujer transexual en ocupar una curul de la Asamblea Nacional (AN), las condiciones de reclusión de las personas Lgbti han sido invisibilizadas por los “prejuicios que la involución ha tenido siempre con relación a todo lo que tiene que ver con la sexualidad y la expresión de género”.

La parlamentaria aseguró que en los penales del país los miembros de la comunidad Lgbti, en especial, las personas trans, son aisladas por el resto de la comunidad penal. “Por otro lado, existen calabozos policiales con hacinamientos donde mezclan a las personas de la comunidad Lgbti con personas heterosexuales y en ocasiones esto constituyen un riesgo a la integridad física”, agregó.

Enfatizó que el Parlamento venezolano no tiene cifras ni registro sobre el número de personas presas pertenecientes a la comunidad Lgbti. “Pero han tenido información sobre casos de mujeres trans que les han rapado el cabello y se les impide seguir los tratamientos hormonales una vez son detenidas”, señaló.

Explicó que en Venezuela no hay hormonas para nadie, ni para mujeres ni hombres, esto representa una violación a sus derechos sobre la identidad. “Las personas trans tienen derecho a continuar los tratamientos hormonales dentro de la prisión”, acotó la legisladora.

Quiteria Franco, de la ONG Unión Afirmativa, defensora de los derechos de las personas Lgbti, asegura que las personas privada de libertad, que pertenecen a la comunidad, son doblemente discriminadas y maltratadas.
Para Franco, las deficiencias o fallas dentro del Ministerio Penitenciario para proveer condones y reconocer los derechos sexuales no es un asunto solo de las personas Lgbti, sino de toda la población reclusa.

“Allí hay una población de hombres y mujeres que tienen derechos sexuales, tiene derechos a visitas conyugales y debe ser parte de un programa integral proveerle a toda la población carcelaria mecanismo de protección contra enfermedades e infecciones de transmisión sexual”, dijo la activista.

Durante las visitas conyugales, el ente penitenciario no permite a la población reclusa el uso de métodos de anticoncepción y de prevención como son los preservativos. “Las personas heterosexuales que vayan a tener relaciones sexuales en la cárcel deberán demostrar al Ministerio con una carta de concubinato que son parejas. Pero si alguno quisiera protegerse con un condón de alguna enfermedad de transmisión sexual (ETS) o de un embarazo no planificado, no lo podría hacer”, explicó uno de los funcionarios del Ministerio Penitenciario.

La activista Franco recordó lo descrito en un informe publicado por UVL, donde se documenta cómo los jefes de las cárceles (pranes), utilizan a las mujeres trans como sus sirvientas o como su manera de descargue sexual sin ningún tipo de protección. “No se trata solo de proteger a las personas trans sino de proteger que un posible brote de infecciones de transmisión sexual se propague en toda la población carcelaria”, señaló.

Franco indicó que no siempre las mujeres trans son ese foco de transmisión de ETS, ya que estas infecciones pueden propagarse entre la misma población reclusa masculina. “En las cárceles como en el servicio militar se da el fenómeno de homosexualidad circunstancial, es decir que por estar encerrados en un lugar donde solamente hay hombres la necesidad sexual obliga de alguna manera a la homosexualidad”.

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Peligro sanitario

Magdymar León, coordinadora de la ONG Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa), asegura que el Ministerio de cárceles viola los derechos sexuales y reproductivos a la población penal, al prohibir el uso del preservativo y califica la medida como anacrónica.

“Las personas tenemos derechos a protegernos de infecciones de transmisión sexual y derecho a tener acceso a métodos anticonceptivos que nos permitan decidir el número de hijas que queremos tener”.

Para León pareciera que la medida podría ir dirigida a restringir el contacto sexual entre la población reclusa puesto que prohibirle a una persona que mantenga actividad sexual es “violentarle sus derechos humanos”.

Eduardo Franco representante de la ONG Manos Amigas por la Vida (Mavid), que lucha para proteger los derechos de las personas con VIH, exigió que se permita la entrada de los preservativos a los centros penitenciarios y que estos deben ser repartidos de manera gratuita por el Ministerio a toda la población carcelaria.

“Estamos en contra, porque ellos tienen derechos sexuales. En este momento estamos en conversaciones con el Ministerio de Salud con la finalidad de tener una reunión con el Ministerio de prisiones, justamente para poder hablar ese tema de que se les permita el uso del condón y evitar las ETS”, aseguró.

Según el activista, en el ministerio de cárceles no dan explicaciones sobre por qué está prohibido el uso de preservativos. “No hay explicaciones, simplemente están prohibidos y ya”, agregó.

Mavid no tiene cifras de personas con VIH dentro de las cárceles venezolanas. La ONG ha pedido al Ministerio de Salud, que les permita el acceso a las prisiones para hacer un monitoreo y dejar un registro.

“No hay registros de esa naturaleza, no existen, ni siquiera ellos (Ministerio) lo tienen. No saben cuál es la población que está afectada (con VIH) (…) no hay conocimiento, no hay una estadística, es una gran falla del ministerio de salud y de prisiones”, dijo el representante de Mavid.