Por dos años dejó de tomar antirretrovirales por temor a ser discriminado en la cárcel #LgbtiEnPrisión - Efecto Cocuyo

LA HUMANIDAD · 21 OCTUBRE, 2019 18:45

Por dos años dejó de tomar antirretrovirales por temor a ser discriminado en la cárcel #LgbtiEnPrisión

Texto por Reynaldo Mozo Zambrano | @reymozo Fotos por Iván Reyes

Ver más de

Reynaldo Mozo Zambrano | @reymozo

¿Cómo valoras esta información?

QUÉ CHÉVERE
10
QUÉ INDIGNANTE
QUÉ CHIMBO

Carlos Javier(*) tiene casi tres años preso en un calabozo policial del estado Anzoátegui. Es gay y vive con VIH, pero desde febrero de 2017 dejó de tomar su tratamiento para evitar ser discriminado y protegerse de golpizas que le propinan los demás privados de libertad.

En  2013, cuando Carlos cumplió 30 años de edad, fue diagnosticado con Virus de Inmunodeficiencia  Humana (VIH). Desde entonces, mantuvo su tratamiento al día; además, tomaba los antirretrovirales y mantenía una vida sana. Pero, tras ser detenido, se vio obligado a suspender sus medicamentos.

El joven es un licenciado en enfermería. En 2017, fue detenido por inyectar biopolímeros de manera ilegal. Una de sus pacientes lo demandó, tras tener una complicación por la inyección de la sustancia no apta para el cuerpo humano.

El juicio de Carlos aún está en proceso. Se le acusa por la presunta comisión del delito de homicidio, a pesar de que la víctima está con vida. “No entiendo porque me acusaron de homicidio”, señaló.

El hombre oriundo de Puerto la Cruz, relata que nunca imaginó que estaría en un centro de reclusión.  Los presos comunes, los heterosexuales,  no querían compartir celda con él. “Me golpearon, me maltrataban,  me decían marica, que no podía estar allí y que le manchaba la rutina”, dijo.

Relató que se vio obligado a dejar de tomar los medicamentos para el VIH, porque tenía miedo de ser maltratado por los otros internos. Sin embargo, la enfermedad comenzó a mutar, y el virus, que pudo mantener controlado, comenzó a afectar su sistema inmunológico.

“Tenía temor, me sentía decaído por las constantes fiebres y las gripes. No podía aguantar esa situación, tenía que buscar una solución”, relató.

En el calabozo policial donde está recluido Carlos, hay 178 presos, en la celda donde él está confinado conviven 28 reclusos, en un espacio donde caben menos de 10 personas, algunos de los detenidos pertenecen a la comunidad de  Lesbianas, Gays, Bisexuales, personas Transgénero e Intersexuales (Lgbti), el resto son exfuncionarios policiales.

Las autoridades lo trasladaron a la celda donde están presos los policías porque los otros reclusos siempre lo molestan  por su condición sexual. “No podemos estar ligados, todos los días nos pegaban, hay mucho maltrato. Nos dan golpes y nos quedaban hematomas”.

El espacio donde está recluido Carlos, está hacinado. Hay enfermos con tuberculosis, paludismo y constantemente falta la comida y el agua. Si no es por la familia del joven enfermero que le lleva alimentos crudos cada semana, el joven habría acabado desnutrido. “Yo estoy un poco más gordito es ahora que me permiten cocinar. Tengo una cocina eléctrica y cocino todos los días allí”.

Más de una vez Carlos denunció las agresiones que recibía de los otros privados de libertad. Pero no eran atendidas por los custodios de la cárcel. Como solución, para evitar ser  golpeado, comenzó a lavar  la ropa a otros presos, cocinarles y limpiarles las celdas, acciones asociadas culturalmente a las mujeres. “Si no lo hacía me golpeaban; me trataban como una tipa. Me veían como una mujer por ser gay”, señaló.

En enero de 2019, decidió contarles a las autoridades del centro de detención que vivía con VIH. No le creyeron al principio y le volvieron a realizar las pruebas. Al igual que en 2013, el resultado fue positivo. 

Tras las constantes agresiones, Carlos, fue nuevamente transferido a un lugar del centro de detención preventiva denominado “la iglesia”. En ese espacio, el trato hacía él es diferente. “Nos respetan, convivimos mucho. Acá limpiamos por nuestra propia voluntad, tenemos una cartelera y cada quien hace cosas”, detalló.

No los reconocen

En su informe del primer semestre de 2019, la ONG Una Ventana a la Libertad (UVL), en un monitoreo de 203 calabozos policiales y militares  del país, que tienen capacidad para albergar a 3.734 personas, actualmente hay 19.028 personas recluidas, lo que representa un 509,58%  de hacinamiento.

En los tres años de monitoreo que tiene UVL a los calabozos policiales del país, han determinado que en estos centros de detención preventiva no se aplica ningún protocolo que garantice el respeto de los derechos humanos a los reclusos pertenecientes a la comunidad Lgbti,  y tampoco se impulsa ningún tipo de políticas públicas para garantizar sus derechos humanos.

En su informe anual del año 2018, UVL destacó que en el 99% de los calabozos policiales del país no cuenta con áreas especiales para los miembros de la comunidad Lgbti. La ONG carece de estadísticas que reflejen la dimensión de la violencia por prejuicio que se desata dentro de los centros de detención preventivas contra la comunidad sexodiversa.

Según la ONG en los calabozos policiales y militares no se respeta la identidad sexual y a los miembros de la comunidad se les trata como “manchados”; los reclusos heterosexuales evitan mezclarse con los Lgbti.

“Son golpeados, violados, torturados y obligados a limpiar, porque son quehaceres femeninos”, se lee en el documento de UVL. Además, según la organización, las personas que son diagnosticadas con VIH carecen de tratamientos médicos. “Mientras que los homosexuales y transexuales no tienen derecho a preparar comidas porque son vistos como personas ‘sucias”, se detalló.

UVL señala que los funcionarios de seguridad incitan a los presos comunes a golpear y a violar a los homosexuales, cobran una coima para aislarlos y garantizarles “seguridad”; reciben dinero o alimentos por permitirles tener un rato de “placer” en privado.

En el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) no hay registro de cuantas personas pertenecientes a la comunidad Lgbti se encuentran detenidas en calabozos policiales del país. En las visitas que hace la ONG a los centros de detención solo identifican a los miembros de la comunidad si estos quieren.

“Sabes todo el tabú y el machismo venezolano. Cuando ya es conocida su condición sexual hacen de todo con ellos; la pasan muy mal”, aseguró la directora del OVP Beatriz Girón Medina. Añade que en ocasiones la organización logra identificar a algún miembro Lgbti porque son “más abierto. O sea, los que no están dentro del closet, pero hay muchos  de los que no tenemos información”.

El OVP estima que en los calabozos venezolanos que ellos monitorean hay alrededor de 35 mil personas detenidas. “No hay una data que lleve el Observatorio sobre las condiciones de reclusión de las personas Lgbtiq”.

Las perfectivas positivas para que Carlos se les sea garantizado sus derechos humanos son escazas. Tampoco se puede garantizar un cambio efectivo al trato de la comunidad Lgbti en los centros de reclusión del país.

Carlos es consciente que su enfermedad puede empeorar en la prisión. Intentó solicitarle a la juez que lleva su caso una medida sustitutiva de privación de libertad, pero se la han negado dos veces. “La juez me estaba cobrando 400 dólares por dictar la medida, yo no tengo esa cantidad de dinero. Yo estoy enfermo, por lo menos quiero estar recluido en mi casa y cumplir mi tratamiento”.

Foto referencial

*Nombre ficticio para proteger la identidad de la víctima