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Aunque el gobierno nacional vislumbra el inicio del año escolar 2021-2022 «en total armonía» y «bajo control», el balance que hacen los gremios y sindicatos, para este regreso a clases, expone un panorama muy distinto: no ven claros los resultados del programa de vacunación y no hay respuestas sobre las exigencias de mejoras salariales.

El pasado domingo 17 de octubre, la ministra Yelitze Santaella aseguró que el Ministerio de Educación ha realizado reuniones y “diversas actividades” con «todos los sindicatos que hacen vida activa en el magisterio, con todo el que tiene alguna institución de educación privada y que han dado grandes aportes en el tema de la bioseguridad”.

El orden del día de estas reuniones, a las que se convocaron a representantes de las 17 federaciones nacionales firmantes del acta contractual, ha estado centrado en el regreso a clases, las medidas de bioseguridad contra el COVID-19 y la vacunación de docentes, pero no se ofrecieron respuestas concretas sobre la rectificación de los salarios, el tema más importante para los trabajadores de este sector.

Según informa Raquel Figueroa, coordinadora nacional de la Unidad Democrática del sector educativo, estas reuniones, que empezaron a principios de octubre en todos los estados del país, han sido meramente informativas y unilaterales,

«No han sido consultivas, ni mediadoras. Parten desde las autoridades de gobierno hacia el magisterio, a pesar de que las federaciones aportaron informes sobre las condiciones en las que encuentra la infraestructura de los centros educativos y otras inquietudes», señaló.

Así, Figueroa reconoció que los directores de las Zonas Educativas se encargan de exponer (ante las federaciones) los planes y protocolos de trabajo prediseñados, pero denunció que los programas no se discuten con la base del magisterio.

Aquí dos puntos de honor para los trabajadores de la enseñanza para este regreso a clases:

• Exigieron transparencia en materia de vacunación

En materia de vacunación, Figueroa afirmó que le exigieron a la ministra publicar información verificable sobre la tasa de trabajadores educativos que se han vacunado, pues la información ofrecida por las autoridades se ha difundido solo en discursos orales y sin soportes escritos, a pesar de que el gobierno hace seguimiento de los inmunizados a través del Sistema Patria.

Aunque Santaella y la vicepresidenta del gobierno de Nicolás Maduro, Delcy Rodriguez, han dicho que cerca de 81 % de los docentes ya está vacunado, Raquel Figueroa advirtió que deben revisarse las cifras regionales, pues estás no llegan a 50 % de los profesionales inmunizados.

Igualmente, la meta de vacunación que el gobierno nacional ha propuesto como condición para arrancar con las clases presenciales tampoco se cumplió. La meta era inmunizar al 60 % de la población total del país, pero según cifras de la  Organización Panamericana de la Salud (OPS), solo 21,6 de cada 100 personas está vacunada.

• Esperan respuesta sobre la revisión de las tablas salariales

17 federaciones nacionales del Magisterio venezolano entregaron al Ministerio de Educación y a la Inspectoría del Trabajo una propuesta para la revisión de tablas salariales y las cláusulas de seguridad social de 25 ítems.

En esta comunicación se solicita que el tabulador salarial se ubique entre 35 y 71 dólares mensuales, según el cargo y la categoría del docente con dedicación de 40 horas semanales.

De cara al regreso a clases, esta es una de las prioridades para los representantes del sector, quienes esperan recibir bonos de transporte, alimentación, de fin de año, de medicamente, de vestido y calzado, para el acceso tecnológico, vacacional, recreacional, primas de ayuda asistencial y del hogar y otros beneficios para docentes activos, jubilados y pensionados.

En cuanto al bono de alimentación, se espera que se programe un aumento bimensual de 30 % percibidos, “con la finalidad de garantizar el derecho a la alimentación adecuada de las y los trabajadores de la educación”.

En cuando al beneficio de Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM), se espera que el Ministerio brinde “una cobertura básica por patología, para atención médica por Hospitalización, Cirugía y Maternidad de 100 % a través del Fondo Auto administrado de Apoyo Social y Salud del MPPE”, extensible a los conyugues, hijos y padres de los trabajadores.

También se solicita una «cobertura para servicios funerarios de un 100% en caso de fallecimiento, a través del Fondo Auto administrado de Apoyo Social y Salud del MPPE», igual extensible al núcleo familiar.

En cuanto al COVID-19, piden que el Ministerio se comprometa a pagar 100% de los gastos por enfermedad asociada al virus o sus variantes a todos los trabajadores dependientes de esta cartera.

Según Figueroa, este documento fue entregado el 14 de octubre y se encuentran a la espera de una respuesta definitiva.