Para el activista Marino Alvarado, fundador de la ONG Provea, la labor que desde esta institución se gesta no busca más que hacer justicia en miles de casos de violaciones a los derechos humanos, que desde el Estado se cometen.
Es por ello que desde allí rechazan acciones como la del gobernador Rafael Lacava, que anunció una demanda tanto contra Provea como al padre Alfredo Infante, porque el mandatario carabobeño consideró que un reciente informe sobre hechos irregulares cometidos por funcionarios policiales atentaba contra su honor.
Alvarado reiteró que de no hacerse esas denuncias, quedarían bajo la absoluta impunidad esas acciones en contra los DD. HH.
«En 2022 identificamos 3.034 presuntas ejecuciones extrajudiciales. Nosotros para llevar las cifras tenemos acceso a minutas policiales y en muchos casos confirmamos lo que ha aparecido en algunos medios de comunicación», explicó el activista este martes, durante la conversación que sostuvo con Luz Mely Reyes, directora de Efecto Cocuyo, en el espacio #ConLaLuz.
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No es contra el gobernador
Alvarado, coordinador legal de Provea, indicó que la demanda es parte del «cerco que progresivamente se le ha venido haciendo a las organizaciones de la sociedad civil» que acompañan a sectores populares en sus demandas por los derechos humanos.
La demanda, explicó tiene lugar después de que el pasado 14 de marzo ambos activistas participaran en la presentación del informe Lupa por la Vida, durante la cual se aseveró que «la Policía del estado Carabobo es de las más letales en Venezuela, con 221 víctimas de ejecuciones extrajudiciales».
«Nosotros no hemos cometido delitos. Nosotros, como cualquier ciudadano del país puede hacerlo, solo solicitamos que se investiguen los casos de asesinatos cometidos por organismos policiales, para que no haya impunidad. El gobernador de manera desafortunada interpretó mal la situación; él debió hablar sobre la capacitación que están recibiendo sus funcionarios en cuanto a DD. HH.», agregó.
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Indicó que el informe que publicaron Provea y el Centro Gumilla es una oportunidad para el Estado de cumplir con la justicia y evitar que funcionarios puedan seguir violando los derechos humanos.
«Cuando el Estado tiene voluntad política de reducir la violencia policial en el país, lo puede lograr», opinó.
Durante la entrevista, Alvarado explicó detalladamente cómo se trabaja desde las distintas organizaciones defensoras de derechos humanos y cómo éstas se mantienen firmes en favor de las poblaciones más vulnerables y necesitadas.
«Promover y defender derechos no es delito; es una necesidad. Un país que cumple con respetar y defender los derechos genera calidad de vida. Los defensores de DD. HH. trabajamos para que haya un mejor país», indicó también.
Alvarado cerró aseverando que el Estado debe facilitar el trabajo de las ONG de defensa, pues los grandes beneficiados de esto es el pueblo.