Madres de detenidos postelectorales entregan nueva carta al TSJ para exigir audiencia urgente

El Comité de Madres en Defensa de la Verdad, integrado por familiares de jóvenes detenidos de manera arbitraria tras las protestas postelectorales de 2024, entregó este miércoles una quinta comunicación oficial al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para exigir celeridad en el proceso que se le sigue a esas personas privadas de libertad.

Dirigida a la magistrada Caryslia Rodríguez, presidenta del máximo juzgado, y a Elsa Gómez, presidenta de la Sala Penal, la misiva reitera la demanda de una audiencia para esclarecer el estancamiento en la revisión de los casos de sus hijos e hijas, aún recluidos en prisiones venezolanas.

La carta, consignada en las instalaciones del TSJ en el centro de Caracas, recuerda las peticiones previas presentadas el 19 y 26 de febrero, el 18 de marzo y el 5 de agosto de este año, todas sin respuesta alguna por parte del máximo tribunal.

“Nos dirigimos a ustedes para reiterar las solicitudes consignadas ante su despacho en esas fechas, sin que hasta la fecha hayamos recibido alguna respuesta”, se lee en el documento, al que tuvo acceso este medio.

El colectivo enfatiza que esta solicitud busca obtener información precisa sobre el avance del proceso de revisión de medidas cautelares impulsado por el Ministerio Público.

De acuerdo con las Madres, el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, en la audiencia concedida el 21 de julio –posterior a una vigilia pacífica frente a su despacho–, reveló haber solicitado más de 200 revisiones de medidas relacionadas con los casos de los detenidos. Sin embargo, “hasta ahora no tenemos información sobre su avance por parte del poder judicial”, denuncian.

Esta dilación, argumentan, se traduce en “más días de prisión injusta” para las personas afectadas, en clara violación de sus derechos humanos.

En el documento, el Comité reivindica también la solicitud de mediación formulada por el Estado venezolano al Papa León XIV, así como el llamado de la Iglesia venezolana al Gobierno para la liberación inmediata de los presos políticos.

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“Hacemos votos porque ninguna persona en el país tenga que seguir viviendo una prisión injusta”, concluyen, reafirmando su compromiso con la no violencia y la defensa de los derechos humanos.

Este nuevo esfuerzo del Comité se enmarca en una serie de acciones que han visibilizado la situación de al menos 807 presos políticos –según el último informe del Foro Penal al 5 de agosto–, muchos de ellos jóvenes detenidos sin debido proceso en las redadas posteriores a las elecciones del 28 de julio de 2024.