Los estados Delta Amacuro, Falcón y Sucre se han convertido para los migrantes venezolanos en una alternativa para huir, vía marítima, de la emergencia humanitaria compleja que aún atraviesa el país.
La salida de venezolanos por estas vías ha sido aprovechada por mafias y bandas criminales para captar, bien sea bajo engaño o intimidación, a gran cantidad migrantes para ofrecerlas a redes de tráfico de personas, informó FundaRedes a través de su investigación «Estado venezolano incumple su deber de impedir operatividad de redes de trata de personas en la frontera».
La ONG señala en el texto que los migrantes que usan esta ruta suelen tener como destino final Trinidad y Tobago, lugar donde muchos viajeros son detenidos, deportados, asesinados, desaparecidos o incluso mueren debido a las extremas circunstancias en altamar.
«El ‘sueño trinitario’ termina, la mayoría de las veces, en pesadilla, bien sea durante el recorrido o cuando los migrantes llegan a destino y son sometidos por las redes de tráfico», afirma la investigación.
El estado Delta Amacuro, dice el informe, ha registrado en los últimos años un incremento de las denuncias de trata de personas. La ubicación geográfica de la entidad, en la zona limítrofe al este de Venezuela, constituye una autopista ideal para que las bandas organizadas cometan este delito.
“En el Delta hasta los oficiales se prestan para favorecer el tráfico de menores de edad. Después de abusar de ellas las envían a trabajar a Trinidad donde son explotadas por mafias de delincuentes, las despojan de su documentación y se ven obligadas a servir de carnada para un gran comercio humano”, refiere un testimonio citado por la organización defensora de derechos humanos.
Un Estado ausente e indiferente
Para FundaRedes, el Estado venezolano ha mostrado una gran indiferencia ante la trata de personas, que a diario suceden en los estados costeros, con salida al mar o en las entidades fronterizas, pues a pesar de las denuncias realizadas ante las diferentes instancias la respuesta ha sido prácticamente nula.
La responsabilidad inicial es del Estado venezolano – argumenta FundaRedes – ya que es en territorio nacional donde ocurren las captaciones o reclutamientos de las víctimas. Las instituciones están en la obligación constitucional, humanitaria y en correspondencia con los estándares internacionales de impedir que estos crímenes sucedan.
Las autoridades hacen la vista a un lado
La participación de los organismos del Estado venezolano en este delito constituye una violación de derechos humanos por acción e incluso por omisión, debido a que no se impidela comisión de delitos, no realizan detenciones ni se castiga a los culpables, asevera la ONG.
Asimismo, FundaRedes identificó en su estudio la participación no solo de las bandas de delincuencia organizada en la trata de personas, sino también de grupos armados irregulares. “El sindicato de Barrancas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y Los Pata de Gomas son tres de las principales organizaciones (criminales) que operan en el Delta venezolano”.
El Sindicato de Barrancas, explica Fundaredes, opera en los sectores de los municipios Pedernales y Casacoima, vía fluvial, y en la frontera con Guyana en la mina «el Terror».
Los Pata de Gomas actúan en sectores de los municipios Tucupita, Antonio Díaz y en Barrancas del Orinoco, al sur del estado Monagas; y las FARC controlan Pisco, en las minas de Valledupar, localidad cercana a La Guajira.