«La esclavitud, lejos de desaparecer, se ha actualizado y reinventado a través de estructuras de la delincuencia organizada«, apunta Beatriz Borges, abogada y directora del Centro de Derechos Humanos (Cepaz) de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab).
Este fue el tema del conversatorio organizado por Paz Activa y la Embajada Británica en Venezuela este 26 de marzo: visibilizar el problema que trae a Venezuela la trata de personas, el trabajo forzoso y la esclavitud moderna.
Borges fue una de las investigadoras que produjeron la novena monografía de un seriado dedicado a la actualización del delito organizado en Venezuela, por parte de la organización Paz Activa.
Beatriz Borges, directora de Cepaz
Allí expone, junto a Lilian Aya, socióloga y abogada, cómo la migración del venezolano, la pobreza, la violencia, la inseguridad jurídica y alimentaria del país promueve el auge de la estas formas de sometimiento de la voluntad.
«Mujeres jóvenes migrantes, madres solteras y sostén de hogar es el perfil de las víctimas en Venezuela de la esclavitud moderna. Con el compromiso de enviar dinero a sus hijos y a sus madres, que son las que quedan a cargo de los niños, éstas mujeres se ven en riesgo de caer en éste tipo de esclavitud», explicó Aya.
Pese a que en el país existen seis leyes que -de forma dispersa- incluyen uno o dos artículos que prohíben el tráfico de personas, esclavitud y otras formas análogas, no hay un marco legal específico que tipifique el delito.
Así lo aseguró Borges durante su ponencia, quien resaltó que existen 13 instrumentos legales internacionales que Venezuela suscribió y ratificó, de los cuales cuatro son específicos para trabajar los casos de trata de personas, especialmente de niños y mujeres, así como del tráfico ilegal de migrantes y la eliminación del trabajo forzoso.
La directora de Cepaz indicó que para 2014, 60.900 personas fueron víctimas de esclavitud moderna en Venezuela, aproximadamente el triple de personas asesinadas ese mismo año. Agregó que en 2016 la cantidad de víctimas aumentó a 198.000 personas, lo que significa un crecimiento del 300%.
«Si este incremento se mantiene, podemos hablar de que en 2018 son 600.000 venezolanos los que han sido víctimas de esclavitud moderna», aseveró la especialista.
Recalcó que pese a la magnitud del problema, estas víctimas suelen ser revictimizadas (culpadas por haber sido parte del delito) e invisibilizadas, situación que se presenta en un país que carece de marco legal y cuyos funcionarios no están preparados para trabajar con estas personas afectadas.
«Me he topado con funcionarios públicos que no saben diferenciar la trata de personas del tráfico ilegal de migrantes. Dicen que el problema no existe porque no les llegan casos. Pero, ¿cómo les van a llegar casos si las víctimas tienen miedo? No hay una protección institucional para ellas y todo esto hace que la impunidad sea mayor», manifestó.
Para la fecha de esta publicación, existe una joven desaparecida cuyos padres sospechan que fue víctima de una mafia de trata de personas. Se trata de María Gracia Reyes, de 18 años, quien desapareció el primero de marzo en Maracaibo, estado Zulia.
“Cuando ella estaba en la universidad, el árabe la llamó para verse en el centro de la ciudad, porque quería que conociera supuestamente a una hija que había llegado de viaje, y él quería que mi María la conociera. Así fue como se la llevó, con esa mentira”, explicó un allegado de la joven a Efecto Cocuyo.
Aseguró que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) ha desestimado las denuncias de familiares y profesores acerca de las llamadas que han recibido con información sobre María Gracia. “Ellos (Cicpc) dicen que puede ser mentira, y simplemente no van; algunas veces me pregunto si habrá funcionarios implicados en esa mafia y por eso no hacen nada”.
Actualmente, según lo señala Cepaz en el informe, los convenios internacionales reconocen las siguientes formas de esclavitud:
.- Entregar al propietario una parte de los productos de la cosecha.
.- Trabajar para el propietario o realizar otros trabajos, por ejemplo, tareas domésticas para la familia del propietario.
.- Puede ser de carácter hereditario.
.- Impone un grado similar de restricción de la libertad individual, a menudo por medios violentos.
.- Imposición de un control o poder absoluto de una persona sobre otra sin ánimo de lucro mediante el uso o la amenaza del uso de la fuerza.
.- Malos tratos.
.- Control físico de sus hijos, con amenazas de quedarse con ellos como rehenes si se marchan.
.- Amenazas graves de daño físico, incluido el asesinato.
.- Mantenerlas en una situación permanente de pobreza y endeudamiento.
.- Velar porque carezcan de libertad para salir solas.
.- Atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes.
.- Los medios son la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad.
.- El recurso a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra.
.- Con fines de explotación.
.- Coacción física, psicológica, sexual, emocional o por factores externos como el honor, la tradición, las expectativas de los consortes o el nivel económico.
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«La esclavitud, lejos de desaparecer, se ha actualizado y reinventado a través de estructuras de la delincuencia organizada«, apunta Beatriz Borges, abogada y directora del Centro de Derechos Humanos (Cepaz) de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab).
Este fue el tema del conversatorio organizado por Paz Activa y la Embajada Británica en Venezuela este 26 de marzo: visibilizar el problema que trae a Venezuela la trata de personas, el trabajo forzoso y la esclavitud moderna.
Borges fue una de las investigadoras que produjeron la novena monografía de un seriado dedicado a la actualización del delito organizado en Venezuela, por parte de la organización Paz Activa.
Beatriz Borges, directora de Cepaz
Allí expone, junto a Lilian Aya, socióloga y abogada, cómo la migración del venezolano, la pobreza, la violencia, la inseguridad jurídica y alimentaria del país promueve el auge de la estas formas de sometimiento de la voluntad.
«Mujeres jóvenes migrantes, madres solteras y sostén de hogar es el perfil de las víctimas en Venezuela de la esclavitud moderna. Con el compromiso de enviar dinero a sus hijos y a sus madres, que son las que quedan a cargo de los niños, éstas mujeres se ven en riesgo de caer en éste tipo de esclavitud», explicó Aya.
Pese a que en el país existen seis leyes que -de forma dispersa- incluyen uno o dos artículos que prohíben el tráfico de personas, esclavitud y otras formas análogas, no hay un marco legal específico que tipifique el delito.
Así lo aseguró Borges durante su ponencia, quien resaltó que existen 13 instrumentos legales internacionales que Venezuela suscribió y ratificó, de los cuales cuatro son específicos para trabajar los casos de trata de personas, especialmente de niños y mujeres, así como del tráfico ilegal de migrantes y la eliminación del trabajo forzoso.
La directora de Cepaz indicó que para 2014, 60.900 personas fueron víctimas de esclavitud moderna en Venezuela, aproximadamente el triple de personas asesinadas ese mismo año. Agregó que en 2016 la cantidad de víctimas aumentó a 198.000 personas, lo que significa un crecimiento del 300%.
«Si este incremento se mantiene, podemos hablar de que en 2018 son 600.000 venezolanos los que han sido víctimas de esclavitud moderna», aseveró la especialista.
Recalcó que pese a la magnitud del problema, estas víctimas suelen ser revictimizadas (culpadas por haber sido parte del delito) e invisibilizadas, situación que se presenta en un país que carece de marco legal y cuyos funcionarios no están preparados para trabajar con estas personas afectadas.
«Me he topado con funcionarios públicos que no saben diferenciar la trata de personas del tráfico ilegal de migrantes. Dicen que el problema no existe porque no les llegan casos. Pero, ¿cómo les van a llegar casos si las víctimas tienen miedo? No hay una protección institucional para ellas y todo esto hace que la impunidad sea mayor», manifestó.
Para la fecha de esta publicación, existe una joven desaparecida cuyos padres sospechan que fue víctima de una mafia de trata de personas. Se trata de María Gracia Reyes, de 18 años, quien desapareció el primero de marzo en Maracaibo, estado Zulia.
“Cuando ella estaba en la universidad, el árabe la llamó para verse en el centro de la ciudad, porque quería que conociera supuestamente a una hija que había llegado de viaje, y él quería que mi María la conociera. Así fue como se la llevó, con esa mentira”, explicó un allegado de la joven a Efecto Cocuyo.
Aseguró que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) ha desestimado las denuncias de familiares y profesores acerca de las llamadas que han recibido con información sobre María Gracia. “Ellos (Cicpc) dicen que puede ser mentira, y simplemente no van; algunas veces me pregunto si habrá funcionarios implicados en esa mafia y por eso no hacen nada”.
Actualmente, según lo señala Cepaz en el informe, los convenios internacionales reconocen las siguientes formas de esclavitud:
.- Entregar al propietario una parte de los productos de la cosecha.
.- Trabajar para el propietario o realizar otros trabajos, por ejemplo, tareas domésticas para la familia del propietario.
.- Puede ser de carácter hereditario.
.- Impone un grado similar de restricción de la libertad individual, a menudo por medios violentos.
.- Imposición de un control o poder absoluto de una persona sobre otra sin ánimo de lucro mediante el uso o la amenaza del uso de la fuerza.
.- Malos tratos.
.- Control físico de sus hijos, con amenazas de quedarse con ellos como rehenes si se marchan.
.- Amenazas graves de daño físico, incluido el asesinato.
.- Mantenerlas en una situación permanente de pobreza y endeudamiento.
.- Velar porque carezcan de libertad para salir solas.
.- Atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes.
.- Los medios son la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad.
.- El recurso a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra.
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