El Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys Venezuela) presentó este miércoles su informe anual sobre el Estudio de Libertades Informativas a través del cual se determinó que se han naturalizado las prácticas de silenciamiento y persecución gubernamental, por lo que “la cautela, el temor y la omisión, desentonaron las condiciones del ejercicio periodístico en Venezuela a lo largo de 2021”.
El resultado de encuestar a 534 periodistas, de 24 estados, reveló que las restricciones en el acceso a la información pública y el miedo fueron las categorías que llevaron la batuta en cuanto a restricciones de la libertad de expresión en el país durante el año pasado.
Según IPYS, se determinó que “los controles estatales orientados a imposibilitar el trabajo de los periodistas se acentuaron, y a su vez han propiciado un ambiente más hostil y riesgoso para las acciones de denuncia y contraloría social”, pues se violó el derecho de acceder a la información pública, en aras de la agudizar la opacidad en el manejo de los datos relevantes para la ciudadanía.
“Hace unos años esta era una práctica del Estado, pero en la actualidad se ha esparcido a otros actores cuyos intereses no quieren rivalizar con los del gobierno”, destaca el informe de la organización.
En cuanto a la censura, persistieron las instrucciones, emitidas por los supervisores, para restringir la labor informativa de los reporteros, así como la prohibición de cubrir temas relacionados con la salud, la criminalidad y otros tópicos de interés público.
Incluso, el 53,7% de los consultados afirmaron haber omitido informaciones de interés público durante su labor informativa por temor a represalias contra ellos o contra el medio de comunicación en donde trabajan.
Por su parte, 30,52% de los encuestados manifestó que los ataques o las amenazas a la integridad física y contra la vida han afectado su trabajo, al tiempo en que 17% ha sufrido intervenciones a cuentas personales en plataformas digitales.
Incluso, se registró que, al menos, en 55,7% en los que ocurrió una situación de violencia de género el victimario era un funcionario público.
Pese a estos atropellos, el 58,2% de los consultados manifestaron “no denunciar ante organismos estatales o instancias no gubernamentales cuando padecieron alguna restricción en su ejercicio profesional”.
De esta forma, en una escala de medición, en donde 100 puntos representa una situación óptima con amplias libertades informativas, mientras que 0 es el nivel de mayor gravedad, Venezuela obtuvo una calificación de 62 puntos.
“Teniendo presente los cambios en la situación de Venezuela desde entonces, esta apreciación igualmente demuestra avales regulares para la cobertura de informaciones, y al desagregar las categorías se pueden ver los distintos tonos de gravedad que distinguen a la realidad del oficio periodístico en la nación”, concluye la investigación.
¿Qué han hecho los periodistas
El informe de IPYS asegura que “la práctica censora se ha establecido como motivo para que los comunicadores abandonen sus espacios laborales”, algunos por despidos o renuncia, por lo que “la web no ha dejado de ser una alternativa para sortear los mecanismos silenciadores impuestos contra las plataformas de comunicación tradicionales” y las libertades informativas.
De esta forma, se observó que la mayoría de los trabajadores de la prensa se han concentrar en incorporarse a colaborar en medios de comunicación digitales y la radio (70,78% en total), mientras que, a penas, cerca del 17% de los encuestados trabaja en periódicos y la televisión.
Además, se observó que la mayoría de los periodistas (64,79%) trabajan en organizaciones pequeñas, de 40 trabajadores o menos, siendo estos medios de comunicación los que pueden adaptarse más fácilmente para sortear la censura gubernamental y gestionar modelos de negocio sustentables.