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A pesar de lo establecido en la Constitución venezolana, los pueblos y comunidades indígenas en Venezuela se enfrentan a una realidad en la que no existen acciones contundentes, oportunas y efectivas para garantizar sus derechos.

Esta situación los ha obligado a desplazarse fuera de sus espacios originarios, abandonando sus tradiciones para ingresar en una cultura que no ven como propia y enfrentándose a grupos no indígenas con costumbres y visiones muy diferentes.

Ese análisis se desprende del quinto informe sobre el tema: «Esclavitud moderna en pueblos y comunidades indígenas del estado Bolívar», elaborado por la abogada y profesora Eumelis Moya, coordinadora del CDH-Ucab Guayana.

“Las mecánicas económicas y sociales que signan actualmente a Bolívar han generado un contexto que execra del sistema a todos aquellos que se muestren incapaces de desarrollar dinámicas de adaptabilidad y supervivencia, como es el caso de pueblos y comunidades indígenas atrapados en la Zona de Desarrollo Estratégico Arco Minero del Oro del Orinoco (“AMO”), que los obliga a migrar de sus espacios originarios por el impacto medioambiental y situaciones de violencia en la zona”, advierte el informe.

Los pueblos indígenas en Venezuela conforman aproximadamente el 2.8 % del total de habitantes del país, según estimaciones oficiales. Esta población se distribuye en 51 pueblos distintos que habitan principalmente los estados Zulia, Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro, Anzoátegui, Sucre y Apure. Algunos comparten fronteras con Brasil, Colombia y Guyana. Con 7.5 % del total, el estado Bolívar se constituye en el tercero con mayor población indígena.

Sin respaldo

“Son unos extraños, siendo parte de”, explica la directora del CDH-Ucab Guayana. “Subsisten y se articulan con no indígenas, bajo reglas no indígenas, sin comprender lo que eso significa y sin ningún tipo de respaldo por parte del Estado”.

En el marco de estas diferencias culturales se presentan situaciones que exponen a los pueblos y comunidades indígenas a numerosas violaciones de sus derechos. “Se detectaron formas de explotación laboral y sexual, tales como servidumbre doméstica involuntaria, trata laboral, trabajo forzoso infantil, esclavitud sexual, y explotación sexual comercial de niños”, reza el documento en sus conclusiones.

Durante esta investigación, encontraron que, cuando se habla de pueblos y comunidades indígenas, aún se tiene una visión general muy primitiva y ajena, por lo que se planteó como objetivo señalar, con una visión amplia y actualizada, el contexto que lleva a estos hombres y mujeres a sumergirse en dinámicas de esclavitud moderna.

El documento también advierte que hablar de esclavitud moderna en el marco de los pueblos y comunidades indígenas es una tarea compleja, ya que es fundamental tener como base el entendimiento de las diferencias propias entre las visiones indígenas y no indígenas.

“Resulta complejo subsumir la cotidianidad de pueblos y comunidades indígenas en formas análogas a la esclavitud desde la perspectiva indigenista ya que situaciones como, por ejemplo, la desproporción en las cargas laborales y el matrimonio temprano son parte de sus costumbres”, se lee en el texto.

Por tanto, los investigadores recomiendan la reactivación de políticas destinadas a la demarcación sobre el hábitat y tierras que los indígenas han ocupado ancestral y tradicionalmente; y el desarrollo de políticas de educación e integración que, desde lo intercultural, permitan a los indígenas comprender y dimensionar el marco jurídico que los asiste.