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No se permite pensar distinto. Según se indica en el informe sobre el estado de los Derechos Humanos en Venezuela presentado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DD.HH, Michelle Bachelet, en los últimos años la gestión de Nicolás Maduro ha tratado de imponer una hegemonía comunicacional, ha cerrado medios y ha atacado a la disidencia política.

El documento publicado este jueves 4 de julio, indica que la gestión de Maduro ha buscado imponer su propia versión de los hechos y crear un ambiente restrictivo para los medios de comunicación independientes.

Docenas de medios impresos han cerrado, el Gobierno cerró emisoras de radio e hizo que dejaran de emitir canales de televisión. Señalan que aumentaron las detenciones a periodistas, lo que incluye expulsiones de comunicadores extranjeros.

La velocidad de conectividad del internet disminuye poco a poco y el Gobierno ha bloqueado el acceso a portales web y redes sociales. En el informe se señala que se documentaron detenciones arbitrarias de personas por emitir su opinión en las redes sociales.

Persecución a la disidencia

Las autoridades del Estado venezolano utilizan una retórica pública para desacreditar y atacar a quienes se oponen al Gobierno, entre ellos políticos, activistas de derechos humanos y periodistas, que además son calificados como «traidores» o «agentes desestabilizadores».

Los medios del Estado se hacen eco de esta línea discursiva, como el programa de televisión Con el mazo dando del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello.

Leyes y reformas han facilitado la criminalización de la oposición. En los años 2018 y 2019, dirigentes sindicales, trabajadores, profesionales de la salud fueron despedidos y detenidos arbitrariamente por participar en protestas. Al personal universitario crítico al Gobierno se le ha amenazado con el impago de los salarios, se le impidió el acceso a sus centros de trabajo y viajar al extranjero y han sido detenidos arbitrariamente.

Empleados públicos y disidentes chavistas han sido atacados, defensores de derechos humanos son víctimas de campañas de difamación. Las mujeres han recibido ataques en función de su género a través de comentarios sexistas y humillaciones públicas.

Hasta junio de 2019, se le ha levantado la inmunidad parlamentaria a 22 diputados de la Asamblea Nacional (AN). A muchos se les acusa de traición, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil y más.

Se documentaron detenciones arbitrarias a familiares de opositores políticos, particularmente de mujeres, que se hacen para ejercer presión o castigar a los detenidos arbitrariamente. En algunos casos, han sido maltratadas o torturadas. Sufren amenazas de muerte, vigilancia, intimidación y hostigamiento.

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