Gremios periodísticos exigen derogación total de la Ley contra el Odio: Despenalizar no basta

El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp) reaccionaron este martes a la solicitud a la Asamblea Nacional de la gobernante encargada, Delcy Rodríguez, de reformar parcialmente la Ley contra el Odio, y coincidieron en que la despenalización no es suficiente y que el instrumento debe ser derogado por completo.

Rodríguez pidió a la Asamblea Nacional avanzar en la despenalización de los tipos penales previstos en la norma de 2017 “para corregir desviaciones en su aplicación” y “abrir nuevos espacios” de reencuentro y tolerancia.

La ley, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente de 2017, cuando Delcy Rodríguez era su presidenta, ha sido criticada durante años por organizaciones de derechos humanos y gremios de la prensa por su uso discrecional contra periodistas, medios y disidentes.

Delcy Rodríguez solicita a la AN la reforma parcial de la Ley contra el Odio

El CNP fue directo. En un comunicado publicado en su cuenta oficial, el gremio señaló: “Ante la solicitud hecha por la Presidente(e), Delcy Rodríguez a la AN de reforma a la Ley Contra el Odio, el CNP reitera que este instrumento debe ser Derogado por su carácter punitivo y discrecional que viola derechos constitucionales, entre ellos derecho a la libertad de expresión”.

El SNTP, por su parte, valoró como un “avance importante” la posible eliminación de las penas de prisión (que llegan hasta 20 años en el artículo 20), pero advirtió que eso no basta.

En un comunicado titulado “Despenalizar la Ley contra el Odio no basta”, el sindicato insistió en que la ley es inconstitucional y debe ser derogada. Señaló especialmente el artículo 22, que permite revocar concesiones de radio y televisión, imponer multas elevadas y ordenar el bloqueo de portales electrónicos si no se retiran contenidos en un plazo de seis horas.

“Estas no son penas de cárcel, pero sus consecuencias para la libertad de expresión son igualmente graves. Revocar una concesión saca una emisora del aire. Bloquear un portal impide que un medio llegue a su audiencia. Obligar a retirar contenidos afecta directamente las decisiones editoriales”, indica el texto del SNTP.

Ambas organizaciones han sostenido desde 2017 que la norma criminaliza el ejercicio periodístico y ha sido utilizada de forma reiterada contra trabajadores de la prensa. El SNTP reiteró que seguirá exigiendo la derogación total y, mientras la ley permanezca vigente, que cualquier reforma desmonte tanto las sanciones penales como los mecanismos administrativos de censura.

La solicitud de Rodríguez se produce en un contexto de anuncios de revisión de leyes cuestionadas y de diálogos políticos, aunque los gremios periodísticos mantienen que solo la eliminación completa del instrumento garantiza el pleno ejercicio de la libertad de expresión en el país.