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La ONG Fundaredes denunció este jueves que grupos armados irregulares mantienen la extorsión contra ganaderos del país, especialmente de los estados fronterizos con Colombia, Apure, Táchira y Zulia, para «financiar sus actividades delictivas e implementar el control social».

«El derecho a la vida, a la integridad personal y a la propiedad, así como el desarrollo de la actividad agropecuaria están comprometidos y vulnerados por la actuación desmedida de organizaciones criminales que operan con conocimiento de autoridades militares y policiales», señaló la ONG en nota de prensa.

Asimismo, dijo que en estas regiones, además de Barinas, en los llanos occidentales de Venezuela, se «imponen las reglas de grupos guerrilleros y paramilitares de origen colombiano y otros grupos armados».

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ELN uno de los grupos armados que extorsiona

«El ELN (Ejército de Liberación Nacional) está involucrado en todo tipo de economías criminales a lo largo de la frontera entre Colombia y Venezuela, pero su papel continuo en facilitar el contrabando de ganado puede ser uno de los más ignorados», apuntó.

La ONG, prosiguió, ha denunciado en «reiteradas oportunidades» ante instancias regionales y nacionales la presencia y actuación de grupos irregulares contra la población en general y los productores agropecuarios de la frontera colombo-venezolana.

«Lamentablemente, la respuesta del Estado venezolano ha sido prácticamente nula e insuficiente, pues los hechos persisten en detrimento del derecho a la propiedad y a la seguridad personal, y contraviniendo el resguardo de la soberanía nacional de agentes armados externos», agregó.

El pasado 7 de mayo, el gobernador del Táchira, Freddy Bernal, informó que, al menos, ocho personas resultaron heridas al explotar una granada lanzada a un comercio en el municipio Pedro María Ureña por «bandas criminales» del país andino que extorsionan a comerciantes.

Bernal señaló que en Colombia han vuelto a «estructurarse poderosas bandas criminales» que «han desatado una ola de violencia» en el departamento de Norte de Santander, fronterizo con Táchira, que «pretenden ahora extender» al país caribeño, donde «han comenzado, hace unos dos meses, aproximadamente, a amenazar a los comerciantes (y) a los industriales».