María* tiene once años de edad, vive en un barrio humilde llamado Villa del Sur, en Ciudad Bolívar, estado Bolívar. El año escolar 2018-2019, al comenzar quinto grado, dejó las clases para ir a trabajar al campo. Cuando el director de su escuela fue a visitarla, se dio cuenta de que ella tenía toda la voluntad de seguir estudiando, pero era su mamá la que quería que María trabajara.
La educación primaria es obligatoria en Venezuela, los niños deben estudiar al menos hasta sexto grado por ley. Aunque la realidad contrasta con ese principio.
En la entidad sureña, debido a la crisis económica, muchos niños se ven obligados a ir al campo o a las minas a trabajar para aportar comida en casa, en lugar de ir a la escuela. Esto ocurre, sobre todo, porque, aunque el Estado debería garantizar un Programa de Alimentación Escolar (PAE) en los planteles públicos, ya que no provee a las escuelas de suficiente comida.
Como consecuencia, después de clase los niños van con hambre a sus casas, donde tampoco tienen qué comer, y se ven obligados a ayudar a sus padres a abastecerse para poder sobrevivir. Además, cuando la prioridad es conseguir alimentos, los padres no cuentan con recursos para invertir en uniformes o útiles escolares.
Para que María pudiera regresar a clases, en su de Fe y Alegría, le consiguieron los zapatos, pantalones y camisa. “Hasta sexto grado creo que la podemos ayudar, después no sé si la mamá se la lleva al campo y no hay nada que hacer”, dijo César Planchart, director de este plantel.
En marzo del 2019, la Organización de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés) señaló que la educación venezolana está en emergencia y arrancó el programa «Todos y todas a las escuelas» en planteles de Fe y Alegría de los estados fronterizo Táchira, Zulia y Bolívar, que son foco de la misión de esta agencia de la ONU en Venezuela debido la vulnerabilidad de los mismos.
La entidad bolivarense es tomada como prioridad no únicamente por ser fronterizo, sino por las actividades ilegales que forman parte del contexto educativo de los niños, como la minería ilegal en El Callao, así como la necesidad de atender a las poblaciones indígenas de la región. Allí el programa está siendo implementado en las 28 escuelas de los municipios Heres, Caroní, Sifontes y Gran Sabana.
La función principal de «Todos y todas a las escuelas» es garantizar la permanencia escolar. Por eso, llevan una contabilidad minuciosa de las asistencias. Si un alumno tiene tres inasistencias en una semana es reportado y, si pasa un mes sin ir a clases, un equipo de la dirección del plantel debe visitar su casa para averiguar las razones y diseñar un plan de atención para mantener al niño estudiando.
De acuerdo con Planchart, reincorporar a los niños que desertan no siempre es posible.
“Hay algunos casos que nos escapan, porque están en la Ruta 88 o están en las minas y no hay manera de que se los traigan, o la mamá dice que se lo lleva y no hay manera de impedirlo”, explica.
En Villa del Sur la alimentación es un punto crítico. El Sistema Nacional de Alimentación Escolar (Senae) que “abastece” al plantel solo lleva comida suficiente para tres días y lo hace cada dos semanas, por lo cual no pueden garantizarle el pan de cada día a todos los niños.
En la experiencia del profesor, a partir de los siete años los niños de Villa del Sur empiezan a trabajar, aunque esto se acentúa mucho más cuando tienen once o 12 años. Ese fue el caso de 22 niños de su plantel que dejaron la educación formal para trabajar. Sin embargo, a algunos se les hizo un plan de estudios para que pudieran asistir a clases, aunque no fuera todos los días de la semana, sin abandonar el trabajo que realizaban.
Horarios flexibles, tutorías y trabajo en equipo
“Estamos notando que los jueves y los viernes hay mayor inasistencia, y el monitor dice que es porque esos días van a vender al mercado, a El Callao, San Félix”, dijo Yaritza Manriquez, coordinadora del programa en Bolívar. Entonces se les permite a algunos estudiantes que falten esos días y los profesores les ayudan a recuperar la clase mediante tutorías u otras estrategias innovadoras.
A partir del programa se han dado cuenta de que mandar tareas para realizar en casa “no tiene mucho sentido”, ya que estos niños no suelen contar con el apoyo de un adulto que tenga la formación y la paciencia necesarias para ayudarles.
Por ello, los docentes apuestan al trabajo en equipo para que cada alumno pueda “socializar su conocimiento y de esta manera, mantener actualizados a los niños que faltaron las clases anteriores”. En algunas escuelas aplican esta estrategia con grupos de cuatro estudiantes vecinos que permanecen estables durante un trimestre, de manera que se puedan reunir en sus comunidades con algún profesor que viva cerca y los pueda apoyar.
Los «niños dejados atrás»
Tener una generación de niños y niñas cumpliendo responsabilidades adultas a partir de la migración de sus padres constituye un reto para la educación. A estos hijos que sufren el abandono paterno se les llama “los niños dejados atrás” y confrontan un cambio de rutina que es un motivo importante de deserción.
Miriam Gamboa, directora del Centro de Educación Inicial Gabriela Mistral, dice que cuando los pequeños quedan al cuidado de terceros la inasistencia es muy alta, porque ni los padres ni los representantes ven la importancia de la educación preescolar, sobre todo cuando no hay programa de alimentación, como fue el caso de este plantel casi todo el año escolar anterior.
En su plantel hay diez casos de estudiantes a quienes sus madres dejaron solos en casa para ir a trabajar. “Como ellas son solteras, son las que les toca dar la cara, y dejan al niño sin papá, porque no tiene papá”, explica. Seis de ellos apenas alcanzan los dos años de edad.
Manriquez explica que otro caso frecuente de deserción es cuando los padres emigran y deben dejar a sus hijos en manos de familiares que viven en otros municipios. Entonces, a los niños se les dificulta asistir al plantel por el costo del pasaje y, en ocasiones, solo pueden asistir dos veces por semana.
“A veces también sucede que a los hermanos los separan, uno con una tía y otro con otra y los hermanos se encuentran en recreo del colegio”, reveló. “A medida que la escuela se entera de esos casos es que puede ir ayudando al niño material y emocionalmente”.
El comedor que salvó a la escuela Pablo VI
La escuela Pablo VI del sector Buen Retiro en el municipio Caroní ha tenido mejor suerte, aparentemente. La variación de la matrícula inicial y la final del año escolar recién finalizado fue solo del 4%, debido a que mientras algunos niños son retirados para irse del país, otros entran por la alta demanda de cupos.
Antes de abril pasado, la deserción también era causada porque no contaban con alimentación, pero en ese mes la Arquidiócesis de Bolívar puso a funcionar un comedor para atender a 250 alumnos, donde padres y vecinos de la comunidad les ayudan a cocinar y a comprar el gas.
Durante las vacaciones escolares, brindaron meriendas a 400 niños, provenientes de cinco escuelas distintas en el programa Escuelas Abiertas, en donde implementaron el plan de la Unicef con los kits pedagógicos y la asistencia de los orientadores.
“Fue una experiencia bellísima para integrar a las familias y darle un espacio distinto de juego intencionado a los chamos. Había un niño que decía que nunca lo había abrazado una maestra”, contó.
Para el año escolar 2019-2020, el mayor de los riesgos es la posibilidad de que ese programa se frenara, dice la directora de la escuela, Yanigxa González.
*Nombre utilizado para proteger la identidad de la menor de edad