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Hace dos meses un vigilante del colegio Fe y Alegría ubicado en La Silsa, en Caracas, fue degollado en las instalaciones del plantel por unos delincuentes que entraron al recinto para robar bombillos y extintores. A días del suceso, la muerte del trabajador ha sido lo único que ha sacudido a la organización: estudiantes, representantes y profesores también viven los riesgos de ir al colegio día a día. Sumado a la falta de alimentos, al hurto de equipos, a los cortes de agua y de luz, la violencia ha deteriorado el derecho a la educación y ha reducido las listas escolares, con un incremento de inasistencia que supera 60%.

«En Caracas y Vargas hemos atravesado cosas muy difíciles. Están matando a nuestro personal y están atentando contra la vida de nuestros padres y representantes», dijo Yameli Martínez, directora de escuelas Fe y Alegría en Caracas, «los maestros tienen que negociar con los delincuentes para llegar a las escuelas. Esta situación no es ajena en otros centros educativos«.

De los 171 centros educativos con los que cuenta Fe y Alegría en el país, la mitad se han visto afectados por la delincuencia y se estima que 30% de los familiares y estudiantes han sido víctimas de la violencia, aseguró Noelbis Aguilar, directora nacional de las escuelas Fe y Alegría.

En un comunicado leído por voceros de la organización este jueves 17 de marzo, las autoridades señalaron que reponer equipos de las instalaciones, luego de sufrir hurtos, es casi imposible debido a los altos costos. También apuntaron que las balas perdidas han dejado pupitres vacíos y más de un niño sin padre. De estos últimos, la organización contó un total de siete huérfanos solo entre los meses de enero y febrero. Dos de estos casos fueron niños que vieron a sus padres morir cuando los iban a buscar al colegio.

«A veces estamos en el salón y empieza una balacera. Los profesores nos dicen que nos quedemos quietos y nos echamos al piso«, explicó Diosnely Medina, una adolescente que estudia en el Colegio María Inmaculada, en Petare. De acuerdo con la joven, más de una vez ella y sus amigos han tenido que resguardarse cuando van camino al colegio porque hay tiroteos. Otras veces, esperan un rato más en el colegio y no pueden salir porque hay un enfrentamiento entre bandas afuera.

Para los profesores la situación no es menos riesgosa. José Alejandro Romero trabaja como docente en un colegio en La Guaira y recuerda que hace un año secuestraron a los maestros que estaban dentro del plantel porque se creía que un delincuente había huido a esconderse en el centro educativo.

«Hace un año también se metieron en el colegio a robar y solo estaba el vigilante. Él escuchó un ruido y se escondió porque no estaba armado. Si no, lo hubiesen matado, como al vigilante de Caracas«, agregó Romero.

Deserción forzada

Según el comunicado publicado este jueves 17 de marzo, solo entre diciembre de 2015 y marzo de 2016, la familia de Fe y Alegría ha estado de luto por la muerte de tres de sus trabajadores: un vigilante y dos docentes. No obstante, Romero y Medina puntualizaron que la violencia también ha calado en el cuerpo estudiantil.

En un año, trabajando con adolescentes que buscan reinsertarse en la sociedad y que tienen problemas con las drogas, Romero ha visto vaciarse unos ochos pupitres a causa de las balas. En todos se sentaban jóvenes de entre 17 y 19 años de edad.

La violencia y la delincuencia no son las únicas que merman en el derecho a la educación de los estudiantes. También la escasez de alimentos y de medicinas, al igual que el racionamiento de luz y de agua, tocan las puertas de los colegios, no solo los de Fe y Alegría.

En todo el país, los índices de asistencia se han visto carcomidos por los problemas. En más de 60% se han achicado las listas de los salones por el falta de acceso al transporte o la falta de alimentos para los niños. «El Programa de Alimentación ha disminuido y se ha dificultado garantizar la comida en centros. La situación económica de nuestra familia está afectando que nosotros podamos garantizar ese derecho a la educación porque hay que salir a comprar alimentos de acuerdo con un número de cédula», apuntó Doris Toledo, directora de las escuelas en la zona Miranda.

También los cortes de luz y de agua han hecho mucho daño a las clases: algunas semanas, los niños solo ven tres días de clase debido a los racionamientos. Desde los hogares, esto también resulta un problema: «Hay muchachos que no vienen al colegio porque no tienen agua en la casa para lavar el uniforme», precisó Toledo. Otros, insistieron, no pueden continuar sus estudios por la falta de medicamentos para atender enfermedades crónicas, como el asma.

Con un mensaje de paz en tiempos de violencia concluyó la organización, y sus autoridades insistieron en buscar soluciones para mitigar los problemas que afectan el derecho a la educación en el país. «La alegría la estamos perdiendo; y ni la fe ni la alegría las podemos perder como país«, aseguró Noelbis Aguilar, coordinadora nacional.