Familiares de presos políticos exigen excarcelaciones y el fin de “tribunales de terrorismo”

Familiares de presos políticos y miembros de la coalición sindical marcharon este lunes 28 de septiembre desde Plaza Venezuela hasta el Ministerio de Servicios Penitenciarios y la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en Chacao, para exigir la liberación de los detenidos por motivos de conciencia, la publicación de un cronograma electoral, mejoras salariales para el sector trabajador y la eliminación de los tribunales de terrorismo.

La integrante de la Alianza por la Libertad de los Presos Políticos, Jessica Castro, advirtió que las excarcelaciones otorgadas el pasado viernes resultan insuficientes ante la cantidad de detenidos que padecen enfermedades o enfrentan un severo retraso procesal. 

“En el caso Gedeón fueron beneficiadas seis personas nada más y al día de hoy lo que queremos es la libertad de absolutamente todos, especialmente de quienes tienen patologías graves”, dijo a Efecto Cocuyo. 

Los manifestantes marcharon hasta la Magistratura con el fin de exigir la revisión de los casos. “Ahí es donde están escogiendo a los magistrados y a los jueces, y vamos a ir para que se haga esto más rápido”, precisó Castro.

Familiares insisten en acelerar las liberaciones 

Daisy Rodríguez, esposa de Kleiver Solórzano, un padre de cinco hijos detenido desde el 12 de noviembre de 2025 por exigir información sobre el paradero de su hermano, un comisario de la policía en Caucagua apresado por un delito común, se encontraba en la movilización para exigir la liberación de su esposo. 

#EnVideo Deisy Rodríguez exige la liberación de su esposo, Cleive Solórzano, detenido el 12 de noviembre de 2025 tras acudir al Palacio de Justicia para consultar sobre el caso de su hermano, un excomisario de la policía de Caucagua denunciado como víctima de desaparición… pic.twitter.com/SvZp81EWtl

— Efecto Cocuyo (@EfectoCocuyo) September 28, 2026

“A él lo privan de libertad injustamente por la publicación de un video que no hizo, donde se le pide ayuda al gobierno, pero también se denuncia la desaparición forzada de su familiar”, denunció. 

Solórzano, de 38 años de edad, fue imputado por instigación al odio. “Ha bajado mucho de peso y tiene mucha depresión, porque es la primera vez que pasa por esto; yo pienso que no es un delito el querer saber de sus parientes”, indicó. 

El retardo y las irregularidades procesales también marcan el expediente de Keila y Carolina Martínez, recluidas en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof), en el estado Miranda, desde hace cinco años tras ser aprehendidas mientras compraban medicinas para su padre diabético. 

“Se las llevaron para El Helicoide y les pidieron 40.000 dólares; como no los tenían, las dejaron presas”, denunció Amarilis Martínez, familiar de las detenidas. 

Martínez relató que ambas recibieron condenas de 15 años de prisión bajo cargos de terrorismo, dictadas por el juez Maximiliano Márquez, quien hoy se encuentra encarcelado. 

“Él les pidió dinero y, como no se lo dieron, les metió esa pena a pesar de que una de ellas es paciente oncológica, padece de hipertensión y tiene biopolímeros”, aseguró. 

Los gedeones esperan respuestas

Por su parte, los parientes de los implicados en la Operación Gedeón continúan a la espera de medidas sustitutivas tras ocho meses de reclusión en el penal de Guaicaipuro. 

“Tienen el ofrecimiento de que los van a sacar, siguen pasando los días y nada, con la esperanza de que de los 31 que están allá ya han salido cinco”, aseguró Zulay Contreras, hermana del comisario Douglas Contreras, de 57 años. 

Contreras informó que su hermano ha mostrado leves mejorías de salud durante las visitas quincenales que recibe. “Ya se encuentra un poquito recuperado y va poco a poco con sus medicamentos; confiamos mucho en Dios en que esta semana estén saliendo todos de allí”, dijo. 

Rechazo a la mesa de diálogo judicial

Frente a la sede del máximo tribunal, la manifestación sumó el respaldo del gremio jurídico para exigir la renuncia de los jueces actuales y la eliminación de los “tribunales de terrorismo”. 

El presidente del Frente Nacional de Abogados de Venezuela, Noé Mujica, advirtió que el país se enfrenta a una justicia de facto con autoridades designadas a dedo. “Rechazamos y condenamos el acuerdo recién logrado en la presunta mesa de diálogo entre la Asamblea del 2015 y la del 2025, porque se pretendió designar supuestamente a unos abogados honorables”, dijo. 

El vocero gremial argumentó que la actual conformación del Comité de Postulaciones Judiciales excluye a la sociedad civil, lo que representa una violación directa al segundo aparte del artículo 270 de la Constitución. 

“De manera acelerada y por madrugonazo tratan de esconderse detrás de esa honorabilidad para imponer magistrados, pero al lado de los familiares de las víctimas les decimos que nunca serán jueces si salen de esa comisión”, indicó.