La familia de Cristina Ramos ha recorrido al menos 45 refugios y casi todos los hospitales de Caracas y La Guaira en una incesante búsqueda. La venezolana de 71 años fue rescatada de las ruinas de su edificio en Playa Grande —que colapsó debido a los fuertes terremotos del 24 de junio— y posteriormente fue trasladada al Hospital Naval Dr. Raúl Perdomo Hurtado, donde se perdió su rastro. La septuagenaria se volvió viral por la conversación que mantuvo con sus rescatistas mientras estaba atrapada, en la que manifestó preocupación por tener un “patuque en la cara”. En respuesta, uno de los hombres que trabajaba para ayudarla le dijo: “No, usted lo que está es bonita y esas uñas me encantan”, en un gesto de empatía que quedó grabado en vídeo.

Para el 28 de julio de 2026, ninguno de los parientes o allegados de Cristina sabe dónde está. Su ahijada, Yusdalid Jiménez, denuncia que van 33 días sin información de lo que ocurrió con Ramos, cuyo nombre no aparece en ningún registro en morgues o centros de salud. La joven señaló que su madrina sufrió las consecuencias del síndrome de aplastamiento y un posible trastorno neurológico. Además, enfatizó que Cristina es paciente oncológica, lo que vuelve crítica su situación.

“Luego del terremoto nos indicaron que la llevaron al Hospital Naval. En ese hospital siempre nos negaron que ella entró. Nos dijeron “Ella nunca entró aquí”. Por varios días nosotros mandamos a personas distintas a preguntar, a ver si nos proporcionaban una información distinta. El esposo de mi madrina fue rescatado también y duró allí en ese hospital hasta el 1 de julio, pero él ni siquiera salía en las listas ni con el primer o el segundo nombre”, explicó Jiménez en entrevista con Efecto Cocuyo.

Advirtió que en el hospital reinaba el caos en el registro de nuevos ingresos y que por ello la pareja de Ramos, Jesús Enrique Magallanes, no fue anotado en ninguna lista oficial del centro de salud mientras estuvo internado.

“Todos los familiares que están en Caracas se han dedicado a buscar a mi madrina en todos los hospitales de Caracas. No está en ninguna morgue. Inclusive un hermano de ella se fue a hacer una prueba de ADN y tampoco hemos dado con ella. Hoy ya son 33 días desde que la sacaron de su casa con vida. Los rescatistas nos proporcionaron información desde el momento uno: cuando la sacaron, cuando la subieron a la ambulancia de Servicios Vitales Salud, que estando Cristina adentro ellos la hidrataron por la vena. El último vídeo que nos proporcionaron es cuando ellos la meten en la ambulancia. Ellos nos dieron el número de la ambulancia. Yo hablé con el que iba manejando y con dos doctores que estaban dentro de la ambulancia, que me dijeron que la entregaron al Hospital Naval”, explicó Jiménez.

De acuerdo con el testimonio de Jiménez, el personal del hospital argumentó que la falta de servicio eléctrico tras el sismo generó fallas operativas y que los pacientes eran evaluados en las afueras antes de moverlos en ambulancias a otros centros.

“Nosotros lo que le pedimos al hospital es que nos deje ver las grabaciones de las cámaras para ver cuál fue la ambulancia que se la llevó”, apuntó Jiménez. El 27 de julio, la hija de Ramos, Crisnel Mata, solicitó a las autoridades estatales prestarle atención al caso.

“Lo único que hemos pedido hasta ahora es saber el paradero de mi madre después de que llegó al Hospital Naval, en donde todavía no he recibido nada”, dijo Mata en un vídeo publicado en su perfil de Instagram.

Se requiere un plan nacional para los desaparecidos

El caso de Cristina Ramos no es el único que ha encendido las alarmas en el país. Hay fotografías y carteles en las puertas de los hospitales y refugios, en las inmediaciones de edificios derrumbados y en los centros de acopio que aún persisten. Fotos impresas a la carrera en blanco y negro, con los rostros de los que todavía nadie ha encontrado vivos o muertos. En redes sociales se viralizan las fichas con los nombres, direcciones y números de parientes atentos a cualquier noticia. Las familias de los no localizados tras el terremoto del 24 de junio aguardan y hasta la fecha no obtienen respuestas.

Ha pasado más de un mes tras el doblete sísmico que sacudió Venezuela y aún no se han publicado cifras oficiales de desaparecidos.

“Nosotros hemos instado al Estado venezolano a crear un plan nacional de exhumaciones e identificaciones, que tenga un registro unificado de personas desaparecidas y un banco nacional de perfiles genéticos, de manera que toda la información pueda cruzarse. Muchos de estos cuerpos están bajo los escombros, hay que exhumarlos. Exhumar es desenterrar (…) Para la identificación de restos en las condiciones de una catástrofe con la dimensión de la que padecimos aquí en Venezuela no basta con cumplir solamente con uno de estos aspectos, digamos los elementos pre-mortem o los exámenes médico-forense. Estos elementos deben confluir y deben tener un resultado sólido que permita tener resultados”, explicó Liliana Ortega, abogada y co-fundadora del Comité de Familiares y Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (COFAVIC).

Las Organización de Naciones Unidas (ONU) ha recalcado la importancia de contar con las cifras de personas desaparecidas en caso de desastres o conflictos armados, debido a que resultan indispensables para dimensionar la magnitud real de una tragedia y, lo más importante, garantiza el derecho a la verdad de las familias afectadas. Además, el registro evita que los casos sean invisibilizados a través de los años. No obstante, Ortega advierte que no basta con acumular datos, ya que la gestión de estas cifras requiere una verificación minuciosa:

“Un caso erróneo que lleve a la confusión puede ocasionar realmente mayor destrucción sobre la destrucción que ya existe. Destrucción del tejido social y eso tiene un daño enorme para una sociedad como la nuestra. Entonces es muy importante que exista este plan nacional con este listado unificado para que todos los expertos que puedan actuar puedan dar información eficaz con verificación sólida. Los familiares no pueden estar excluidos de este proceso ni tampoco la sociedad, porque esta catástrofe tiene efecto en toda la sociedad. Por lo tanto, la garantía de protección del Estado subsiste para todos y por supuesto en la rama individual para los sobrevivientes”, apuntó Ortega.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ya ha advertido en diferentes oportunidades sobre la importancia de gestionar el tema. De acuerdo con la publicación institucional actualizada para septiembre de 2025 y titulada Personas desaparecidas y sus familias (Missing persons and their families), quienes esperan noticias de un familiar desaparecido no logran cerrar por completo el duelo.

“Esa incertidumbre provoca graves efectos psicológicos y emocionales. También puede acarrear dificultades jurídicas, administrativas, sociales y económicas. Las profundas heridas que deja la desaparición de una persona siguen afectando las relaciones entre comunidades y pueblos, a veces, durante varios años”, apunta el CICR en su página oficial.

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Qué dicen los protocolos internacionales

Ortega recordó que existen diferentes normativas y protocolos internacionales a los que Venezuela debe prestar atención a la hora de de abordar a los desparecidos por el terremoto. Instó al Estado venezolano a regirse por el Protocolo de Minnesota y el protocolo de Identificación de Víctimas de Catástrofes (IVC) de la Interpol para el tratamiento e identificación de restos humanos.

“Hay tres sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establecen una hoja de ruta sobre Venezuela que no han sido cumplidas, de cómo se debe proceder en este tipo de casos donde hay que identificar personas desaparecidas (…) Hoy existen en el mundo una serie de protocolos y estándares muy robustos que garantizan la dignidad de las víctimas”, señaló Ortega a Efecto Cocuyo.

Finalmente, la cifra de personas desaparecidas tras los terremotos en Venezuela podría rondar las 50.000, según estimaciones no confirmadas recibidas por la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA). El gobierno continúa guardando silencio al respecto. Este 28 de julio, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado venezolano una respuesta transparente e integral. El organismo alertó también que la capacidad de reacción del país se ve gravemente afectada por la crisis humanitaria y la falta de Estado de derecho preexistentes.