Integrantes de la Coalición Sindical Nacional exigieron libertad plena para Ada Macuare, una de las dos enfermeras detenidas el pasado 21 de julio en el Hospital Alí Romero de Barcelona (Anzoátegui) por demandar mejores condiciones laborales y salarios justos.
El representante de la Coalición por el sector judicial, Emilio Negrín, aseguró que Ada Macuare y la licenciada Jhoana Paredes, esta última liberada tras siete horas del arresto, sufrieron una detención arbitraria porque no se presentó ninguna orden de arresto en su contra por parte de un tribunal. “Fueron secuestradas”, expresó.
A Macuare, gerente del área de enfermería del hospital, la señalan por instigación al odio, declaró el sindicalista Edisson Hernández a El Pitazo. Este lunes, cuando estaba prevista su la audiencia de presentación, trabajadores sanitarios acudieron a la sede del Palacio de Justicia en la ciudad de Barcelona para pedir por su liberación.
El abogado reclamó el cese de la persecución y amedrentamiento en contra de los trabajadores del país, especialmente contra los del área de la salud.
Indicó que al no proveer de herramientas e insumos para que el personal sanitario desempeñe su labor asistencial, el Estado atenta contra su vida. Refirió que de los fallecidos por COVID-19 en el territorio, 17 % eran empleados del sector salud.
La integrante del comité ejecutivo de la Federación de Enfermeras de Venezuela, Matilde Escobar, calificó de “penosa” la situación que atraviesa el gremio con «salarios paupérrimos». Aseguró que la organización gremial no se rendirá en la lucha por reivindicaciones.
Insistió en que los hospitales no tienen suficiente material de bioseguridad para atender a todos los pacientes con COVID-19 y otras patologías.
“Cómo se le puede exigir a una persona con un salario de hambre, con las peores condiciones sanitarias que se han presentado en la historia de Venezuela que vaya a arriesgar su vida. A contagiarse con una enfermedad mortal como es el coronavirus, más ahora con esta variante Delta, sin protección de ningún tipo”, dijo el expresidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss), Rafael Arreaza.
Señaló que al personal sanitario a penas le entregan un tapabocas, un par de guantes y una bata para una semana, cuando normalmente deberían cambiarlos cada dos pacientes como mínimo.
Arreaza recordó además que, según un monitoreo de la ONG Médicos Unidos, 60 % del personal sanitario del país aún no se vacuna contra el coronavirus.
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Integrantes de la Coalición Sindical Nacional exigieron libertad plena para Ada Macuare, una de las dos enfermeras detenidas el pasado 21 de julio en el Hospital Alí Romero de Barcelona (Anzoátegui) por demandar mejores condiciones laborales y salarios justos.
El representante de la Coalición por el sector judicial, Emilio Negrín, aseguró que Ada Macuare y la licenciada Jhoana Paredes, esta última liberada tras siete horas del arresto, sufrieron una detención arbitraria porque no se presentó ninguna orden de arresto en su contra por parte de un tribunal. “Fueron secuestradas”, expresó.
A Macuare, gerente del área de enfermería del hospital, la señalan por instigación al odio, declaró el sindicalista Edisson Hernández a El Pitazo. Este lunes, cuando estaba prevista su la audiencia de presentación, trabajadores sanitarios acudieron a la sede del Palacio de Justicia en la ciudad de Barcelona para pedir por su liberación.
El abogado reclamó el cese de la persecución y amedrentamiento en contra de los trabajadores del país, especialmente contra los del área de la salud.
Indicó que al no proveer de herramientas e insumos para que el personal sanitario desempeñe su labor asistencial, el Estado atenta contra su vida. Refirió que de los fallecidos por COVID-19 en el territorio, 17 % eran empleados del sector salud.
La integrante del comité ejecutivo de la Federación de Enfermeras de Venezuela, Matilde Escobar, calificó de “penosa” la situación que atraviesa el gremio con «salarios paupérrimos». Aseguró que la organización gremial no se rendirá en la lucha por reivindicaciones.
Insistió en que los hospitales no tienen suficiente material de bioseguridad para atender a todos los pacientes con COVID-19 y otras patologías.
“Cómo se le puede exigir a una persona con un salario de hambre, con las peores condiciones sanitarias que se han presentado en la historia de Venezuela que vaya a arriesgar su vida. A contagiarse con una enfermedad mortal como es el coronavirus, más ahora con esta variante Delta, sin protección de ningún tipo”, dijo el expresidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss), Rafael Arreaza.
Señaló que al personal sanitario a penas le entregan un tapabocas, un par de guantes y una bata para una semana, cuando normalmente deberían cambiarlos cada dos pacientes como mínimo.
Arreaza recordó además que, según un monitoreo de la ONG Médicos Unidos, 60 % del personal sanitario del país aún no se vacuna contra el coronavirus.