Estado venezolano sigue en deuda con la comunidad LGBTIQ+ #28Jun

LA HUMANIDAD · 28 JUNIO, 2021 18:07

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Shari Avendaño | @shariavendano

Foto por Iván E. Reyes

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La comunidad LGBTIQ+ venezolana celebra el Día Internacional del Orgullo a la espera de un panorama más inclusivo. El Estado venezolano mantiene deudas en materia de derechos para reconocer y proteger al colectivo de la discriminación y la violencia sistemática, según comentó el director del colectivo de activistas Movimiento Somos y fundador del Centro LGBTIQ+, Jau Ramírez.

Para el director de la organización defensora de los derechos LGBTIQ+ la discriminación está presente “en todos los niveles” de la vida de las personas que forman parte de la comunidad, situación que se agravó a raíz de la emergencia humanitaria y sanitaria en Venezuela por el COVID-19.

“Las discriminaciones actuales no son nada distintas a las viejas, solo que actualmente todas las discriminaciones se han agravado y todas las vulnerabilidades también a raíz de la llegada de la emergencia humanitaria y por supuesto de la pandemia“, dijo Ramírez. Agregó que este sector no forma parte de los planes de respuesta humanitaria, con excepción de acciones puntuales.

Deudas en derechos

Si bien algunos instrumentos de la legislación venezolana mencionan la prohibición de discriminación en razón de orientación sexual e identidad de género, el país aún tiene muchas deudas pendientes con el colectivo. La Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (artículo 21), la Ley de Instituciones del Sector Bancario (artículo 173) y la Ley de Regularización y control de Arrendamientos de Viviendas (artículo 5) son algunos de los instrumentos que incluyen la prohibición de exclusión.

El activista explicó que en líneas generales hay una ausencia de legislación que le garantice derecho civiles a la comunidad y mitigue la discriminación y violencia sistemática. Los crímenes de odio contra este sector no están tipificados y no existen leyes que promuevan la inclusión de personas LGBTIQ+, la identidad de género, el reconocimiento de hijos e hijas de familias homoparentales, el matrimonio igualitario, el cambio de nombre de las personas transgénero, entre otros.

El pasado lunes, 28 de junio, varias ONG protestaron en Las Mercedes (Caracas) contra los crímenes de odio, tras los recientes asesinatos de miembros de la comunidad LGBTI en el país: una mujer trans y dos homosexuales. Sosteniendo cruces negras en sus manos con los nombres y edades de las víctimas, el grupo que protestó solicitó a las autoridades la prevención de la discriminación en el país.

Monitoreo reducido en regiones

Con la desaparición y cierre de varios medios de comunicación en las regiones, también se dificultó el monitoreo de crímenes de odio contra el colectivo. Uno de los últimos reportes de los que se tiene conocimiento data del año 2015, fue elaborado por la organización Acción Ciudadana contra el Sida.

La Defensoría del Pueblo creó una sección especial para recibir denuncias de la comunidad; sin embargo no cuenta con instrumentos jurídicos “que garantice la sostenibilidad e institucionalidad de estas instancias”.

En el año 2019, la Defensoría envió un documento con sus aportes al experto independiente sobre protección contra la violencia y discriminación por orientación sexual e identidad de género de la Oficina de la Alta Comisionado para las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Ohchr, por sus siglas en inglés). Allí se especifica que implementaron “una serie de mejorías (no especificadas) en su sistema de recepción y sistematización de denuncias”. También señalaron que instaron al Ministerio de Planificación a incorporar el enfoque de género en la construcción de indicadores.

Invisibles

La comunidad no aparece reflejada en las estadísticas oficiales. En el año 2011, continúa el informe de la Defensoría del Pueblo, el Censo de Población y Vivienda ejecutado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) tomó en cuenta a las parejas homosexuales dentro de sus conteos. De esta manera, se determinó que en el país había entre 4 mil y 6 mil hogares con jefes de familia del mismo sexo.

Sin embargo, en el año 2014, las cifras desaparecieron del informe final del Censo entregado y aprobado por la Asamblea Nacional, según se explica en informe elaborado por la Red Lgbti Venezuela en el año 2015. Los funcionarios del INE dijeron a la Asociación Civil Unión Afirmativa, que los datos finales fueron muy inferiores e inconsistentes. Por esa razón, no podían ser incluidos en las cifras oficiales.

“Incluso existe una profunda prohibición de la aparición de las personas LGBTIQ+ en la vida pública, en los medios de comunicación. Las representaciones son bastante violentas, estigmatizantes y deshumanizantes hasta cierto punto”, comentó Ramírez. El activista lamentó que no exista un marco jurídico que frene los discursos de odio contra personas de la comunidad o sus representaciones en los medios.

Buenas prácticas

Para el activista, la construcción de un marco jurídico para la comunidad necesita de la recuperación institucional del país. De esta manera se puede transversalizar el tema en los espacios públicos y privados. “No puede haber democracia sin derechos civiles, pero también es muy cierto que no puede haber derechos civiles si no hay una democracia muy sólida en Venezuela. Así que esto pasa también por una recuperación institucional”.

Hay países que son ejemplo de buenas prácticas de inclusión y respeto por las personas LGBTIQ+. Reino Unido tiene planes de incorporación para el colectivo en sectores clave. Este año la comunidad será censada en Inglaterra y Gales. En Latinoamérica, Uruguay y Argentina también han implementado políticas de reconocimiento a la comunidad.

“Creo que de alguna manera estos procesos y todos estos cambios en la región pueden inspirar muchísimo a Venezuela en los procesos de recuperación histórica, recuperación institucional”, concluyó.