La hermana de María Vernet, tenía 52 años viviendo en el edificio Cuatricentenario, que está ubicado al final de la Av. Victoria, al oeste de Caracas. La mujer murió y en el inmueble quedó un familiar de la fallecida.
El pasado miércoles, 18 de septiembre, un hombre que aseguró ser fiscal del Ministerio Público, dos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y dos abogadas, ingresaron al edificio para verificar quien vivía en algunas propiedades. A Vernet le dijeron: “si no entregas el apartamento se van a meter los colectivos”.
Vernet, que llegaba de viaje del exterior, tuvo pocas horas para empacar todo lo que había en el apartamento de su difunta hermana. Las personas que amenazaron con desalojarla por la fuerza, le dieron a elegir entre dar el inmueble a una persona sin casa o si se lo entregaba a alguien que vivía en el sótano del edificio.
La mujer, nerviosa, firmó un documento que no sabe de qué se trataba y le cedió la propiedad a un hombre que vivía desde hace muchos años en la zona subterránea de la edificación. “Preferí dárselo a él, que lo conozco de muchos años, que entregárselo a esos malandros”, dijo Vernet, mientras ordenaba las cajas de la mudanza forzada.
Lo mismo ocurrió en otros dos apartamentos del Cuatricentenario. Los supuestos funcionarios ya sabían cuáles eran las propiedades que estaban desocupadas o estaban siendo cuidadas por allegados de los dueños. “Entraron y forzaron las rejas. Llegaron derecho porque ya sabían cuales estaban desocupados, forzaron la cerradura del piso 5 y del 8”, contó una vecina.
Emilio Negrín, familiar de uno de los afectados, aseguró que quienes pretendían apropiarse de los apartamentos, tumbaron con mandarrias las cerraduras y luego las cambiaron por unas nuevas. “El ciudadano Luis Bracho, se identificó como fiscal y como representante de la Alcaldía de municipio Libertador. Llegaron con un decreto en el marco de el Plan Ubica tu Casa. Hay un comunicado donde decían que en teoría las personas que se iban del país perdían el derecho a su propiedad”, relató.
Según Negrín, los funcionarios policiales y el presunto fiscal dejaron vacíos los apartamentos que lograron violentar para adjudicarles posteriormente a familias sin viviendas. Los vecinos aseguran que una mujer que habita en el urbanismo y que pertenece a las Unidades de Batalla Bolívar Chávez (Ubch) fue quien permitió el ingreso a quienes querían quedarse con los inmuebles.
Amenaza
Los dueños del pent house del edificio Cuatricentenario se fueron del país y dejaron el apartamento al cuidado de una señora. La mujer estaba en su casa cuando la mañana del miércoles, llegó el supuesto fiscal y los dos funcionarios de la PNB, que forzaron la cerradura y le dieron un ultimátum: se tiene que ir el 2 de octubre, usted está aquí como cuidadora no como propietaria.
Una vez que estas personas se retiraron del edificio, los vecinos cambiaron nuevamente las cerraduras y enviaron a familiares a habitar los apartamentos de los que se apropiarían los funcionarios.
Carlos Julio Rojas, coordinador general del Frente Norte en Defensa de Caracas, denunció que el caso del edificio Cuatricentenario no es el único en la ciudad. Esta organización estima que al menos 15 zonas de la capital están bajo amenazas de apropiación.
“Con el llamado censo le dan la excusa a las personas. Los censos deben ser realizados con académicos y personas capacitadas. Los consejos comunales tienen carta abierta para hacer desastre”, alertó.
Qué dicen desde el chavismo
Ante los rumores y cadenas en redes sociales, tras el adelanto del censo nacional que debía hacerse en 2021 y se aplicará este 2019, Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), negó el miércoles, 18 de septiembre, que el gobierno pretenda apropiarse de los inmuebles privados, pero mencionó que las casas asignadas por el gobierno serán verificadas.
“Si a usted le entregaron una casa y usted decidió irse de Venezuela y ahí tocan esa puerta y no hay nadie, (pero si) algún día abren y dicen estoy alquilado, ya va; la casa no es para alquilar, la vivienda es para la familia y un censo no significa para nada que le van a quitar la vivienda, se va a chequear y así que pueden comenzar a chillar”, dijo durante la transmisión de su programa Con el mazo dando.
A pesar de las declaraciones del también presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el artículo 471-A del Código Penal venezolano, reza que si una persona invade una propiedad privada pudiera ir a prisión por al menos 10 años, aunque el artículo no hace referencia a los casos de adjudicaciones.
Fotos de supuesta ocupación de viviendas vacías son viejas y descontextualizadas
Cuándo procede un desalojo
Tras el caso de desalojo en el edificio Cuastricentenario, el abogado Daniel Gil, asegura que los desalojos de las viviendas se dan cuando se agota la vía administrativa.
“Existen procedimientos especiales y hay sus excepciones. Eso se hace a través de un tribunal, a través de un juez; debe haber un procedimiento amplio”, explicó.
Gil asegura que aunque los hogares de la Gran Misión Vivienda Venezuela, son adjudicados por el Estado, la Constitución nacional garantiza el derecho a la vivienda. “Un desalojo es ilegal, si hablamos de adjudicación tenemos que ver los contratos, si en ese contrato hay unas cláusulas que digan perderá la opción a la vivienda si se va del inmueble en cierto tiempo. Si se pagó la vivienda no tienen por qué quitársela”.
Cómo se prepara el ciudadano
El jurista cree que es indispensable que el ciudadano evalúe cuáles son los documentos que tiene de la propiedad donde habita. “Hay un tema de anarquía y una falta de respeto a la propiedad privada, es lamentable”. Gil hace las siguientes recomendaciones para que el ciudadano esté preparado ante cualquier eventualidad:
⭕️ No debemos caer en pánico por rumores
⭕️Hay que tener organización vecinal
⭕️Deben poner sus documentos en orden, mucha gente desconoce lo que es una vivienda principal o qué es cancelar una hipoteca.
⭕️Se debe tener la documentación al día.
