La democracia se aleja en Venezuela. Así lo apunta el nuevo informe sobre la situación de los derechos humanos del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), organización que cumple su tercera década este 2018. Un ejemplo de esta afirmación fueron los mecanismos de represión aplicados durante las protestas de 2017, en las que se usó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) y a grupos de civiles armados en contra de los manifestantes.
El profesor de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (Ucla) e investigador de Provea, Nelson Freitez, aseguró este miércoles 13 de junio en la presentación del informe de Provea que el aumento de la represión se debe a la etapa de “Declive del Proyecto Bolivariano“.
Indicó que en este momento se registra el incremento de la represión pero también se consolida la participación de “paramilitares” (grupos de civiles armados y organizados) en el control del orden público con la aplicación del Plan Zamora.
Este plan fue la respuesta a las continuas manifestaciones que calentaron la calles desde el 1° de abril de ese año, debido a dos sentencias que emanó el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que rompían el orden constitucional del país. “Es el plan estratégico y operacional que activa la Seguridad y Defensa de la Nación en caso de amenazas al orden interno, que puedan significar una conmoción social y política o una ruptura del orden institucional”, indicó el Gobierno el 18 de abril de 2017.
Lea también: Provea explica en qué consiste el Plan Zamora
Freitez dijo que la fase de “declinación” no es la única en su análisis de la gestión chavista-madurista. Hay una primera etapa a la que llamó “Inicio del Proyecto Revolucionario” que va desde 1999 a 2004, en el que la represión militar fue casi nula, mientras que se vio el comienzo de la participación paramilitar en la función de control del orden público.
Luego hay una segunda fase a la que llamó “Radicalización del Proyecto Revolucionario” en la que se activaron restricciones legales, además de la judicialización y criminalización de las protestas. Este periodo va desde 2005 a 2012, según el profesor de derechos humanos.
El informe de Provea muestra las cifras del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (Ovcs), que contabilizó 9.787 protestas durante el año 2017, equivalente a 27 protestas diarias en todo el país. Esta cifra representó un aumento de 41% respecto de 2016, cuando se documentaron 6. (https://bettysco.com) 917 manifestaciones, con un promedio diario de 19.
Rafael Uzcátegui, director de Provea, mencionó que ante la ausencia de información pública, la única forma de obtener datos oficiales es a través de las declaraciones de los voceros del Gobierno. En ese sentido, manifestó que en el 165° período ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), representantes del Estado venezolano revelaron que entre el 1° de abril y el 31 de julio habrían ocurrido más de 9.200 protestas, un promedio de 77 manifestaciones al día.
En ese contexto de manifestaciones, fueron asesinadas 139 personas y, según la ONG Foro Penal, hubo 3.802 heridos producto de la acción represiva del Estado y grupos paramilitares; 5.517 personas fueron arrestadas arbitrariamente, y 760
civiles fueron procesados bajo jurisdicción militar. De ellos, 554 quedaron privados de libertad, violándose su derecho al juez natural y al debido proceso contemplado en el artículo 49 de la Constitución.
Derecho a la Justicia
En este informe, Provea determinó que persiste el retardo procesal y constató un incremento exponencial del uso de la justicia militar para juzgar a civiles. Se tuvo conocimiento de cientos de personas puestas a la orden de esa jurisdicción por manifestar, en especial en las protestas de abril a julio de 2017.
El TSJ dictó el año pasado por lo menos 72 sentencias. De estas se contaron 43 que afectaron directamente a 58 funcionarios públicos, por lo general representantes de partidos de oposición.
Provea alertó sobre la adopción de la Ley contra el Odio por parte de la “fraudulenta” ANC, y de hecho, la Cidh la considera un instrumento de restricción a la libertad de expresión con penas exorbitantes que amenazan a partidos políticos y medios de comunicación, siendo un instrumento para la persecución política de la disidencia.
“Yo no quise estar aquí”, así empezó su intervención David José Vallenilla, padre del manifestante David Vallenilla, quien fue asesinado durante las protestas. Él es el reflejo de las fallas en el sistema de justicia, pues asegura que pese a que se conoce quién es el autor material del homicidio de su hijo, aún no se ha llegado a un juicio.
Indicó que las audiencias preliminares se han diferido en cuatro oportunidades por la falta de traslado. Además se le ha negado a la Fiscalía la información de la cadena de mando que estuvo activa ese día, pues según él quienes la integran también son responsables de la muerte de mi hijo.
“El juez José Maximino Márquez me preguntó por qué mi hijo se había ido a protestar después de salir del trabajo en vez de irse a su universidad, como queriendo justificar lo que le pasó”, denunció Vallenilla, quien es abogado.
Susana Rafalli: En 2017 se profundizó el uso de la comida como herramienta de control político
Foto: Nelson Freitez/EFE