Aracelis Librada Sánchez Nieves habita una casa de bloques anaranjados en El Valle. La misma en la que asesinaron a su hijo, Darwilson Sequera. Al lado de la puerta principal hay un altar con fotos en las que aparece él desde que tenía dos años hasta los 19, edad en la que un grupo armado y encapuchado le disparó frente a su hermana de 11 años. Las imágenes del joven están adornadas con corazones de foamy, iluminadas con velas y rodeadas de caramelos.
Pero este hecho, en vez de hundirla en la desesperanza, le dio fuerza para luchar contra el Goliat venezolano: la impunidad. Y aunque nunca terminó el bachillerato y sus padres la abandonaron con sus dos hermanas siendo una niña; hoy ella es el soporte, la compañía y el apoyo de 45 familias, a quienes la policía les arrebató a un ser querido en eso que se conoce como enfrentamiento..
A l lado del altar hay una pila de periódicos que son su fuente primaria de información. Diariamente los revisa para buscar a otras madres que vivan una situación similar a la suya: que perdieron a sus hijos en ejecuciones extrajudiciales. Sabe que su caso no es único y quiere ayudar.
“Siempre veía que la policía mataba a jóvenes en enfrentamientos y pensaba que ese era el trabajo del Cicpc, que en algo estarían. Hasta que me mataron a mi muchacho. Mi hijo no tenía expediente por ningún lado, ni se enfrentó con una pistola a ellos. Hasta ahora no entiendo qué fue lo que pasó ahí”, manifestó.
Ahora patea Caracas, usa el Metro y viste con la ropa que le permite costear la pensión. Los últimos tres años de vida los reparte entre la burocracia de la Fiscalía General de la República y el acompañamiento a otros familiares.
Vivir en un carro para escapar de la muerte
Ese 12 de junio de 2013 era la tercera vez que funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) visitaba la vivienda donde Aracelis vivía con sus tres hijos y su esposo. La primera vez, los agentes se metieron a la casa y revisaron los cuartos y la computadora de la familia Sequera Sánchez. No importaron las quejas ni las preguntas de Aracelis, los cuatro uniformados hicieron lo que les dio la gana. Se llevaron varios documentos de Darwilson.
La segunda vez amenazaron y golpearon a sus hijos varones, pero ya no había nada que llevarse. Una semana después, Aracelis recibió una llamada de un hombre que le advertía sobre la maldad del Cicpc. Le dijo que iban a incriminar a su hijo en un delito y que para evitarlo debía pagar 40.000 bolívares. Ella vendió sus enseres y juntó el dinero que depositó en una cuenta bancaria. Semanas después, la voz volvió a llamar y a exigir más pago porque “esos hombres son muy malos, pueden matar a tu hijo”. Ella no tenía más dinero ni cosas que vender. Se fue de su casa y vivió por una semana en un carro con toda su familia. Al final, regresó. Fue entonces cuando mataron a su hijo.
“Cuando hago la denuncia en el Cicpc me piden que firme un papel donde dice que a mi hijo lo apodaban ‘Masacre’. No firmé nada porque eso es mentira, al igual que el delito de droga que le achacaron. Mi hijo mayor vio en la morgue las tres heridas de bala que tenía Darwilson en el pecho, pero en el acta forense aparece una. También dice ese papel que mi hijo disparó con la derecha. ¡Mi hijo era zurdo!”, explicó Aracelis.
Al ver esas irregularidades, Aracelis se marcó la meta de limpiar el nombre de Darwilson y hacer que la justicia se vuelva hacia los funcionarios que le dispararon. Acudió al Ministerio Público para hacer la denuncia por el homicidio de su hijo y hacer escuchar su voz.
Durante sus gestiones, Aracelis conoció a miembros de Cofavic, la organización no gubernamental que se dedica a la protección de los Derechos Humanos. Sus miembros le dieron ánimo, le indicaron que ella era víctima y que debía permanecer firme, porque había otras familias pasando por lo mismo; pero al final desistían y nunca lograban obtener justicia.
Un antes y un después
Hasta el 12 de junio de 2013, Aracelis Sánchez Nieves era una ama de casa a tiempo completo. Buscaba a sus hijos adolescentes al liceo para evitar que se escaparan y se fueran por el “mal camino”. Estaba pendiente de sus tareas y ayudaba a su hija menor con los quehaceres escolares.
Además de su rol de madre, ella hacía helados y tortas para vender y completar el sueldo mínimo que le tocaba como pensión por estar jubilada del Instituto Nacional del Menor (Inam) desde 2006.
Después del asesinato de su hijo, Aracelis amplió su margen de maniobra. Sin abandonar sus responsabilidades, fabrica cintas de cabello, hace tortas y además se ha especializado en el manejo de redes sociales.”Yo no sabía usar una computadora, ni Twitter, ni Facebook. Pero cuando murió Darwilson necesitaba expresar lo que sentía. Le dije a mi hija que me enseñara y poco a poco, preguntando para qué servía tal o cual botón, fui aprendiendo. Le mandé tuits a Nicolás Maduro, Cilia Flores, Miguel Rodríguez Torres. Les dije que mataron a mi hijo, que me ayudaran y no tuve respuesta”, dijo Aracelis.
También llena fichas con casos de violaciones de derechos humanos y hace talleres sobre su defensa en Cofavic. También es la presidenta de la Organización de Familiares Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos (Orfavideh) y apoya a 45 familias con la misma situación. Desde 2014 Aracelis organiza carpetas marrones con recortes de periódicos de casos, donde la palabra “enfrentamiento policial” resalta en los títulos. En ellas, va anotando la dirección de habitación que reseñan los medios y sale cada mañana a buscar a las familias de los jóvenes asesinados.
En su nueva labor conoció a Milagros César, madre de José Gregorio César, de 19 años. Para dar con ella, Aracelis tuvo que llamar más de tres veces a su hermano para que se la comunicara. Finalmente, el hombre accedió.
“A ella y a las otras mujeres les decía que no estaban solas, que podía ayudarlas a denunciar en la Fiscalía. Que yo entendía por lo que estaban pasando, porque yo también era víctima”, narró Aracelis.
El milagro de Milagros
Milagros es una mujer de 55 años y tenía cinco hijos. El 26 de marzo de 2013 le mataron a uno en la UD2 de Caricuao. Según ella, el joven había salido de su casa para ir a entrenar al Estadio Brígido Iriarte de El Paraíso; pero en la noche le dan la noticia de que el joven se había caído de una moto. Un eufemismo para retardar la verdad: a José Gregorio lo mató el Cicpc porque supuestamente se enfrentó a ellos con un arma calibre .357, cuando intentaba robar.
“Hay un testigo que contó que mi hijo estaba hablando con otro muchacho cuando llegó la policía y le disparó. Ese testigo es clave en el caso de mi hijo, pero ahora no quiere declarar”, contó Milagros, quien lleva consigo los artículos del Meridiano donde registraron los triunfos deportivos de su hijo.
José Gregorio era boxeador profesional. Había competido en 183 peleas durante 10 años de trayectoria y había representado al país en Cuba, República Dominicana y Ecuador, país del que se trajo el Cinturón de Oro.
Milagros admite que ella desconocía las leyes y que podía exigir que la muerte de su hijo fuese investigada. Se sintió sola e insignificante porque un allegado a Cilia Flores le aseguró que contra “ellos” (el Cicpc) no podía ganar. Pero Aracelis y Cofavic le dieron ánimos.
“Que se cansen ellos, porque yo no me voy a cansar”, dice orgullosa una Milagros que también es parte de Orfavideh, y tres años después de la muerte de su hijo sabe qué es una exhumación, una imputación y un acto conclusivo -fases por las que su caso ha pasado ya.
Ahora Milagros acompaña a Aracelis. A veces la primera se queda en casa de la segunda, organizan los recortes de periódico, revisan el archivo de los casos de víctimas y preparan tortas para vender.
“Con ese dinero ayudamos a las familias para que puedan ir a la Fiscalía. Es para el transporte porque a veces no tienen nada. También hago cintas de cabello con ese fin”, comentó Aracelis.
Las dos esperan que su organización sea aceptada por el Registro Mercantil IV en Plaza Venezuela, cuya acta constitutiva introdujeron a principios del año pasado. “Nos han devuelto el documento siete veces, que si por el puntico o por una raya más arriba. Lo último que nos dijeron es que debemos quitar del nombre las palabras derechos humanos, porque así no nos van a registrar”, denunció Aracelis.
Ese obstáculo no les ha impedido buscar más casos. Aracelis y Milagros, con la ayuda de Cofavic, esperan reunir a 25 familias víctimas de violaciones de derechos humanos para llevarlos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Deben ser familias constantes, y eso es lo más difícil porque a veces se cansan. Les decimos que no van a tener justicia mañana, sino que es un camino largo y que debemos dejar constancia de la lucha”, explicó.
Aracelis dice que limpiar el nombre de su hijo es su motivación, que hacer justicia es su impulso y que contar una y otra vez lo que ha pasado, le frena el dolor. Mantiene contacto con Cofavic, con sus abogados y sus psicólogos, pues la hija menor -que presenció la muerte de su hermano- ha registrado cuadros depresivos. “Quiero estudiar, quiero terminar mi bachillerato. Quiero estudiar derecho. Todo esto lo hago por mis hijos”. Aunque uno de ellos ya no esté.
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Fotos y video: Adriana L. Fernández