338 ataques contra defensores y organizaciones de DDHH se registraron en dos años en Venezuela, dice Cofavic

LA HUMANIDAD · 2 FEBRERO, 2021 19:00

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Efecto Cocuyo | @efectococuyo


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El Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos de 1989 (Cofavic) aseguró que, desde octubre de 2018 a octubre de 2020,  se registraron 338 casos de ataques contra personas u organizaciones defensoras de derechos humanos en Venezuela.

La cifra fue revelada durante la presentación de la actualización el Informe Enemigos Internos: defender derechos humanos en Venezuela en el contexto por la pandemia de COVID 19, la mañana de este martes 2 de febrero, a través de la plataforma Zoom.

Luego de consultar a al menos 100 defensores de DDHH que trabajan en organizaciones no gubernamentales en el país, la ONG explica que han registrado una preocupante escalada de las agresiones, actos de hostigamiento y criminalización contra quienes defienden derechos humanos.

Esta escalda de la que habla Cofavic “ha implicado el uso indebido del derecho penal contra personas y organizaciones en el contexto de una política sistemática de estigmatización, persecución y criminalización”, según el estudio.

Además de Cofavic en la realización del estudio participaron la Organización Mundial Contra la Tortura (Omct) y  la Vicaría de Caracas para los DDHH.

“Nuestras organizaciones han podido constatar el aumento de los ataques, que revisten un carácter tanto cuantitativo como de gravedad en los patrones registrados, habiéndose incrementado las cifras de ataque en contra de personas y organizaciones que defienden derechos humanos en más de un 157% con respecto a las cifras de 2019”, dice el documento.

Según el estudio,  el 82% de los ataques registrados han sido perpetrados por entes estatales. “Podemos decir que hay una política de Estado que apunta a cerrar, aún más, el espacio democrático (…) las principales víctimas son las ONG, en esta última etapa se busca socavar y minimizar la actuación y las capacidades de las ONG”, señala Liliana Ortega de Cofavic.

Ortega explica que los mayores protagonistas de las restricciones han sido funcionarios públicos de los más altos niveles que utilizan los medios públicos y el poder.

“Durante 2020 el aumento fue exponencial, en parte porque también se mantuvo la curva ascendente de acciones de exigibilidad de derechos ante la gravedad de la emergencia humanitaria profundizada por las restricciones de los estados de excepción debido a la pandemia: solo en el primer semestre de 2020 hubo en promedio 25 protestas diarias (equivalente a un total de 4.414 en ese periodo)”, se lee en el documento.

Para la representante de Cofavic no solo se enfrentan a una pandemia sino que hay una profunda crisis de derechos humanos en el país. “Las ONG y los defensores están en la primera línea de respuesta y de detención”, dijo.

En el informe se expone la medida tomada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en la cual dispuso de que ningún tribunal podía despachar hasta el 13 de abril del 2020. “Resulta preocupante el impacto de la crisis sanitaria sobre el sistema de justicia y el derecho a la tutela judicial efectiva”, se lee.

Tras la polémica medida judicial, el 80% de las personas defensoras de derechos humanos encuestadas en la investigación de estas organizaciones manifestaron “que no han podido presentar denuncias o realizar el seguimiento de casos ante instancias como el Ministerio Público o la Defensoría del Pueblo, lo que demuestra un impedimento al acceso a la justicia”.

Frenar las voces

Para Miguel Martín Zumalacárregui, de la Organización Mundial Contra la Tortura (Omct), con el incremento del 157% de ataques en contra de defensores de derechos humanos el Estado venezolano demuestra que busca frenar las voces independientes y las de la sociedad civil.

“En contexto de crisis no se han quitado (el gobierno) su política (represiva) de Estado, evidencia que la situación de derechos humanos es un mal endémico (en Venezuela)”, dijo Zumalacárregui, desde Bruselas.

El representante de la Omct explicó que el mayor número de ataques contra defensores de DDHH se concentraron en el Distrito Capital, en el estado Táchira y en Lara. “Un andamiaje a nivel institucional en Venezuela, aunada a una política pública de información al servicio de la difamación”.

Zumalacárregui señala que el caso Azul Positivo es un ejemplo “emblemático y perfecto” para explicar las políticas del Estado venezolano. El activista se mostró preocupado por los cargos “muy graves” a los que se enfrentan estos cincos trabajadores humanitarios.

“Tenemos amenazas cada vez más graves en Venezuela”, indicó.

Sobre la visita que realiza al país Alena Douhan, relatora Especial de la ONU sobre repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, José Gregorio Guarenas, representante de la  Vicaría de Caracas para los DDHH, indicó que aunque valoran que haya venido Douhan, echan de menos que no se haya invitado a otros relatores de importancia que han pedido visitar el país.

Ante los ataques, Guarenas expresó que estos están vinculados a los trabajos que realizan los defensores. “Para nadie es un secreto los ataques que reciben los defensores de DDHH”.

La actualización del informe detalla los recientes ataques contra medios de comunicación independientes que contribuyen a una reducción significativa de los espacios cívicos. Entre los medios y organizaciones defensoras del derecho a la información que ha sido atacados se encuentran: Efecto Cocuyo, VPI TV, Panorama, Tal Cual, El Pitazo, radio Fe y Alegría y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa.

Para leer el informe completo haga clic aquí.