Ver más de

María Eugenia Mendoza de Carrero (65 años) pensó que estaban invadiendo su casa. Era la madrugada del 2 de abril cuando escuchó que reventaban los vidrios de su puerta y forzaban la cerradura.

“¡Papá, no abras!, ¡auxilio!, ¡auxilio!”, gritó su hija Maury Carrero (40 años) antes de que los hombres armados y enmascarados la alcanzaran.

Cerca de las 4:30 de la mañana alrededor de 15 funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) entraron a la fuerza al edificio, ubicado en Prados del Este, y despertaron de golpe a la conserje a quien interrogaron para saber quiénes vivían en el piso 8. “Ellos ni sabían cómo se llamaba Maury, vinieron fue buscando a Luis Somaza”, afirma Mendoza.

Luis Somaza es el director de atención al ciudadano de la Asamblea Nacional y un colaborador del presidente interino Juan Guaidó.

Maury confirmó que sí hablaba con el exconcejal, pero que no sabía dónde estaba resguardado ni tenía relación con Guaidó.

La madre insiste que su hija no forma parte de ninguna conspiración: “Esta amistad con Luis no tiene que ver con política, ellos quedaron como amigos desde que ella trabajó para él en el Concejo Municipal de Baruta por dos años”.

Recuerda que el allanamiento se hizo sin la orden de un juez.

“A las 6:30 de la mañana dijeron que se la iban a llevar y la traerían en tres horas”, afirma Mendoza. Pero las tres horas se convirtieron en un día y medio en el que la contadora pública estuvo desaparecida.

Presa en cuarentena

Maury ahora vive en una celda en la sede de la Dgcim de Boleíta. Le imputaron asociación para delinquir y ocultamiento de arma de fuego.

La ONG Foro Penal denuncia que estos delitos fueron inventados por motivos políticos.

Hasta el momento 10 personas que han sido relacionadas al líder opositor Juan Guaidó están privadas de libertad.

Las últimas cuatro detenciones ocurrieron en medio de la cuarentena decretada para contener la pandemia de COVID-19 en el país. En estos operativos, hechos sin procedimientos ni pruebas, le quitaron la libertad a Víctor Silio, Rómulo García, Demóstenes Quijada, todos empleados de Guaidó, y a la contadora que es la única mujer de la lista y no está vinculada con el político.

La pandemia profundiza el drama que viven las familias de los presos políticos. Mauria Eugenia Mendoza no ve a su hija desde hace 12 días porque las visitas en todas las cárceles del país fueron suspendidas por el coronavirus.

Habló con ella una vez por teléfono, el jueves 9 de abril. “Ella dice que lo que más le duele es que ni siquiera dejaron que se despidiera de mí y que le echara la bendición”, expresa.

Familiares y amigos la describen como una devota del Nazareno de San Pablo, una buena vecina y una profesional ejemplar.

Por la pandemia los carceleros pidieron a la familia que llevara cinco botellas de cinco litros de agua, cloro, desinfectante, ropa, sabanas y una almohada. “Yo le metí tapabocas, guantes y sus cosas personales”, agrega Mendoza.

Las condiciones en los calabozos y sitios de reclusión ponen en peligro a los presos en el país porque no cumplen con las mínimas normas de salubridad alertan organizaciones como Provea (Programa Venezolano de Educación Acción en Derecho Humanos).

La directora del Observatorio Venezolano de Prisiones, Carolina Girón, señaló que “el hacinamiento es un caldo de cultivo para las enfermedades”.

La comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional emitió un comunicado para advertir que los presos políticos están en riesgo como consecuencia del hacinamiento, la insalubridad y las torturas y tratos crueles a los que son sometidos.

La ausencia de su hija le afecta todos los días. “Yo soy una persona enferma, tengo artrosis (enfermedad degenerativa que produce la destrucción de los cartílagos de las articulacioens) y ella era la que me ayudaba”, lamenta Mendoza.

El director de Foro Penal, Alfredo Romero, adelantó que presentaron el caso de Maury a los representantes de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que se encuentran en el país para que sea elevado al grupo de detenciones arbitrarias de la ONU.

El papel del defensor ha sido clave, afirma agradecida la madre de Maury, porque fue quien dio con su paradero.

Extorsión a familiares

El familiar de otro de los detenidos aseguró a Efecto Cocuyo que la policía lo extorsiona a cambio de evitar que su hermano esté recluido junto a presos comunes.

La persona, que pidió proteger su identidad, dijo que ha tenido que pagar hasta 900 dólares para que le hagan llegar la comida y los insumos que le manda y le permitan comunicarse con su familia por teléfono.

“No tengo casos de extorsión reportados, pero eso es una constante. Los familiares tienen que pagar al menos 200 dólares solo para cubrir pagos extra. Esos pagos son para que tengan las mínimas condiciones y puedan acceder a sus derechos como la llamada telefónica”, confirmó la diputada de la Asamblea Nacional, Adriana Pichardo.