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El Tribunal Cuarto de Control del Área Metropolitana de Caracas condenó a 12 años de prisión al sargento de segunda de la Guardia Nacional Bolivariana Johan Rojas, tras considerar las pruebas presentadas por el Ministerio Público que lo hacen culpable del homicidio del joven de 17 años Fabián Urbina, ocurrido en 2017 durante las protestas antigubernamentales de ese año.

El asesinato de Urbina ocurrió en medio de las manifestaciones realizadas en las inmediaciones del distribuidor Altamira, municipio Chacao, donde un piquete de la GNB fue confrontado por un grupo de civiles.

Ese 19 de junio de 2017 varios efectivos de esta unidad castrense dispararon con armas de fuego contra la multitud, causando heridas de bala a varios, entre ellos Urbina, quien ingresó a la clínica El Ávila sin signos vitales.

La información pudo ser corroborada por la organización no gubernamental Foro Penal, que en su momento apoyó la acción jurídica en contra del Estado venezolano.

El hecho ocurrió exactamente en horas de la tarde del 19 de junio y debido a que fue público y notorio con videos y fotografías, el Ministerio Público procedió y el 23 de junio dictan medida preventiva de libertad contra tres guardias nacionales:  Johan Rojas Díaz, Raymon Ávila León y Jesús Rojas Báez, a quienes se les ordena como centro de reclusión los calabozos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Boleíta.

Sobre los otros dos uniformados no se pudo conocer cual fue su sentencia, así como tampoco el sitio de reclusión para Rojas. En redes sociales se conoció que antes de la sentencia hubo 21 diferimientos de la audiencia preliminar.

Medidas contra Venezuela

La sentencia del GNB que disparó durante una protesta se produce a pocos días de que la Corte Penal Internacional indicara que existen suficientes indicios parea investigar a Venezuela por posible violación de los derechos fundamentales.

Ante la CPI existen varios expedientes, pero de ellos resaltan los relacionados a las violaciones de Derechos Humanos en donde la administración de Nicolás Maduro es señalada como responsable y otro presentado por la Procuraduría General de la República junto al Ministerio Público venezolano, en contra de las sanciones impuestas por Estados Unidos a personeros del Gobierno.