Tanto la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos como la Misión Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela alzaron su voz en rechazo a la detención arbitraria y la desaparición forzada de la que fue víctima la abogada Rocío San Miguel, al igual que cinco miembros de su familia.
No es la primera vez que ambas instancias advierten sobre violaciones de derechos fundamentales en Venezuela.
La Misión Independiente ha presentado cuatro informes sobre la situación de DD. HH. en el país, el último en septiembre de 2023, cuando -al igual que lo hizo en anteriores documentos- identifica un patrón de persecución, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas «de corta duración», torturas, incluida la sexual, violaciones al debido proceso, como la imposición de defensores públicos y condenas sin pruebas.
El caso de la presidenta de la ONG Control Ciudadano, al igual que tres integrantes de Vente Venezuela, organización política fundada por María Corina Machado, son los ejemplos más recientes de una larga cadena que no cesa, pese a las denuncias nacionales e internacionales y el compromiso del Estado venezolano de respetar los acuerdos suscritos en materia de DD. HH.
A continuación les compartimos un repaso del registro y las observaciones formuladas tanto por la Misión como por el Alto Comisionado de DD. HH, en las que la mención de crímenes de lesa humanidad como parte de un ataque sistemático y generalizado de gobierno contra la disidencia política son una constante.
¿Qué tienen en común los cuatro informes?
El primer informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, conformada a finales de 2019, fue presentado en septiembre de 2020. Este grupo de expertos que ha trabajado remoto, porque el gobierno venezolano no les permite la entrada al país.
En cada informe se mencionaron casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluida la violencia sexual y de género, cometidos por agentes estatales venezolanos desde 2014.
Para 2020, se investigaron 223 casos, de cuyo análisis la Misión dijo al concluir que existían motivos razonables «para creer que estas violaciones fueron cometidas como parte de una línea de conducta generalizada y sistemática, y de conformidad con políticas de Estado, y que, por esa razón, constituyen crímenes de lesa humanidad».
La Misión documentó 16 casos de operaciones policiales, militares o conjuntas que dieron lugar a 53 ejecuciones extrajudiciales. También examinó 2.552 incidentes adicionales en los que se produjeron 5.094 muertes por las fuerzas de seguridad, aunque no todos fueron necesariamente arbitrarios.
Entre 2015 y 2017, señala ese documento, las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), supuestamente establecidas para combatir el crimen, dieron lugar a detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. La Misión investigó o examinó 140 operaciones, que dieron lugar a la muerte de 413 personas, en ocasiones con disparos a quemarropa.
«Las detenciones en algunos casos equivalían a desapariciones forzadas de corta duración e incluían torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluidos actos de violencia sexual, ya fuera para obtener confesiones o como castigo. Un ex director del Sebin dijo a la Misión que la institución tenía un “comportamiento cultural” de tortura», reza el informe.
Uno de los casos más llamativos fue el del capitán de la Armada, Rafael Acosta Arévalo, quien murió producto de torturas bajo la custodia de la Dgcim.
La lupa en el Poder Judicial
El segundo informe de la Misión se presentó en septiembre 2021. En ese entonces documentó 122 casos de víctimas que arrestó la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), de las que a 77 las sometieron a tortura, violencia sexual y/u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. La tortura se llevó a cabo en su sede de Boleíta, en Caracas, y en una red de centros de detención encubiertos en todo el país.
«El Sebin ha torturado o infligido malos tratos a detenidos -entre ellos políticos de la oposición, periodistas, manifestantes y defensores de los derechos humanos- principalmente en el centro de detención “El Helicoide”, en Caracas.
La Misión investigó 51 casos que ocurrieron desde 2014. El informe detalla cómo las órdenes fueron impartidas por autoridades del más alto nivel a funcionarios de menor rango», destacaron.
La Misión igualmente entrevistó a 177 personas, entre ellas a representantes legales de las víctimas y exmiembros de órganos judiciales, incluyendo jueces, juezas y fiscales.
Concluyó que existen motivos razonables para creer que, en los casos analizados, juezas, jueces y fiscales fallaron en su obligación de proteger a opositores y opositoras contra detenciones y arrestos arbitrarios y, en ocasiones, contribuyeron a dichas detenciones arbitrarias, por ejemplo, dando sustento legal a detenciones y arrestos arbitrarios realizados sin orden judicial, que se justificaron a menudo bajo la figura de la flagrancia en contra de lo que habría surgido de los hechos; o solicitando y emitiendo órdenes de aprehensión a posteriori.
En 113 de casos de detenciones que examinó, las personas detenidas o sus representantes denunciaron la comisión de tortura, violencia sexual y/u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. En 67 de estos, las víctimas comparecieron ante los tribunales con claras marcas de maltrato o plantearon denuncias de dichos tratos durante las audiencias.
Igualmente documentó violaciones al debido proceso como audiencias de presentación fuera de los lapsos legales (después de 48 horas) o diferimientos que prolongaron la prisión preventiva de manera indefinida, negativa a autorizar defensa privada e imposición de defensores públicos o negativa de acceso al expediente en los casos en los que se cuenta con defensa privada.
Represión selectiva
En septiembre de 2022, la expertos que designó el Consejo de DDHH de la ONU dieron a conocer su tercer informe sobre Venezuela en el que se plasmó la investigación de casos que incluyen 122 oficiales y exoficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) y civiles vinculados con ellos, a quienes arrestaron y torturaron (violencia sexual y/u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes perpetrados) funcionarios de la Dgcim entre el 12 de febrero de 2014 y ese año.
El cuarto informe, presentado en septiembre de 2023, no fue la excepción. También registró detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas de corta duración (horas), tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, y violencia sexual, aunque menos casos reportados que en informes anteriores.
Entre enero de 2020 y agosto de 2023, la Misión registró al menos cinco privaciones arbitrarias de la vida, 14 desapariciones forzadas de corta duración, 58 detenciones arbitrarias, 28 casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes contra personas detenidas, incluidos 19 casos de uso de violencia sexual y de género contra hombres y mujeres.
Detienen a defensores de derechos humanos
«Continúan cometiéndose en Venezuela graves violaciones a los derechos humanos. Recientemente, estos incidentes se han llevado a cabo de manera más selectiva contra determinadas personas de la sociedad civil, tales como dirigentes sindicales, periodistas y personas defensoras de derechos humanos», apuntó Marta Valiñas, presidenta de la Misión, durante la presentación del informe.
El informe también apuntó que la Misión recibió información sobre «el uso de tortura psicológica, incluyendo amenazas de hacer daño a las parejas e hijos de los detenidos, imponerles mayores períodos o peores condiciones de detención, o someterlos a torturas o violación».
Recordaron el caso de los seis sindicalistas (Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Néstor Astudillo y Reynaldo Cortés) a quienes condenaron el 1 de agosto de 2023 a 16 años de prisión por protestar para exigir reivindicaciones laborales. Mencionaron que la falta de independencia de las instituciones judiciales venezolanas coartan el movimiento de líderes sociales suprime el debate y la vida política.
En diciembre de 2023 estos a estos seis dirigentes los excarcelaron con medidas cautelares, producto del canje de presos políticos estadounidenses y venezolanos por el empresario colombiano, Alex Saab, detenido en Estados Unidos desde 2021.
¿Qué ha dicho Alto Comisionado de DDHH?
En su presentación ante 53 período de sesiones del Consejo de DD. HH de la ONU, en julio de 2023, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió la liberación de todas las personas detenidas ilegal o arbitrariamente, incluidas 16 personas cuyas detenciones consideraron arbitrarias por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU; y las personas cuya detención preventiva superó el límite legal.
Türk expresó preocupación por el caso del directivo de Fundaredes y defensor Javier Tarazona, detenido desde el 2 de junio de 2021 y que según familiares presenta problemas de salud. A Tarazona lo apresaron de manera arbitraria, según abogados, tras hacer denuncias sobre la actividad de grupos guerrilleros colombianos en Venezuela. Permanece en la sede del Sebin El Helicoide.
En su caso también denunciaron la desaparición forzada en vista de que fue interceptado por el Sebin en Punto Fijo, estado Falcón, junto a otros miembros de Fundaredes y no se tuvo información oficial sobre su paradero durante 24 horas.
Antes -en marzo de 2023- en una actualización sobre la situación de DD. HH. en Venezuela, en el 52 período de sesiones del Consejo de DD. HH. de la ONU, el Alto Comisionado expresó «profunda preocupación» por las personas que son detenidas arbitrariamente y pidió liberación inmediata.
Señaló que su equipo seguía documentando casos, incluidas personas que permanecían detenidas después de que se hayan emitido órdenes de liberación y personas mantenidas en prisión preventiva más allá de los límites legalmente establecidos.
«Los defensores y defensoras de los derechos humanos y los periodistas siguen sufriendo ataques, intimidación y criminalización. Por ejemplo, seis sindicalistas y dirigentes sindicales llevan más de nueve meses detenidos por cargos de conspiración y asociación para delinquir», señaló Türk.