Los 13 empleados de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Venezuela dejaron ya el país y se encuentran en Panamá para proseguir desde ahí su labor, confirmó este martes a Efe la portavoz del organismo Marta Hurtado, después de que la semana pasada el Gobierno venezolano ordenara suspender sus actividades.
La oficina que dirige el alto comisionado Volker Türk tiene mandato global por lo que puede continuar monitoreando la situación de los derechos humanos de Venezuela aunque no tenga presencia física allí, agregó la fuente oficial.
La portavoz no dio más detalles sobre la salida de los empleados, aunque el propio mandatario Nicolás Maduro aseguró este lunes que ya se había completado el sábado, cuando se cumplía el plazo de 72 horas que se había dado a los funcionarios de la oficina para dejar el país.
Qué dijo Maduro de la Oficina de DDHH de la ONU
Maduro aseguró en su programa semanal de televisión que la oficina «se transformó en una oficina de espionaje interno, de conspiración interna (…) en el bufete de abogados de terroristas, conspiradores, golpistas y magnicidas de Venezuela».
«Hasta tanto esa oficina no respete la letra de Naciones Unidas, la independencia y soberanía de Venezuela y no rectifique y pida disculpas públicas, no volverá al país. Esperemos que rectifiquen», aseguró el líder chavista.
La antecesora de Türk al frente de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, la chilena Michelle Bachelet, había firmado un acuerdo en 2019 con el Gobierno de Venezuela pare mejorar la cooperación en materia de derechos humanos, lo que permitía la presencia continua en el país de oficiales de derechos humanos de la ONU.
La suspensión se anunció un día después de que el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, asegurase que el Gobierno venezolano le impidió visitar centros de detención y que las autoridades cambiaron constantemente su agenda durante su visita de dos semanas al país.
Además, este lunes el fiscal general designado por la Constituyente de 2017, Tarek William Saab, aseguró que una de las razones de la salida de los empleados de la Oficina de DDHH de la ONU fue que calificaran la detención de la activista Rocío San Miguel como una desaparición forzada, delito tipificado como un crimen de lesa humanidad que el Ministerio Público y el chavismo niegan.
La medida de Miraflores trajo la condena y el rechazo nacional e internacional, tanto de organizaciones de la sociedad civil como de gobiernos e instituciones defensoras de derechos humanos.
Con información de Efe