Coordinadoras de organizaciones defensoras de derechos humanos se pronunciaron este miércoles 14 de febrero en Caracas y exigieron la liberación de la activista y presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel.
Desde el edificio donde operan las oficinas del Sistema de Naciones Unidas en Venezuela, condenaron la detención de San Miguel y sus familiares, alertaron sobre su desaparición forzada, cuestionaron la actuación de la Fiscalía sobre este caso y denunciaron los peligros que enfrentan las organizaciones de la sociedad civil.
“No es aceptable bajo ningún concepto que Rocío San Miguel esté detenida en este momento”, expresó Andrea Santacruz, abogada y profesora de la Universidad Metropolitana (Unimet).
Mientras que Claudia Carrillo, del Comité de Familiares y Víctimas de El Caracazo (Cofavic), advirtió sobre el aumento en el número de mujeres que en los últimos años se han convertido en víctimas de la represión gubernamental en Venezuela.
«Me uno a la solicitud de mis compañeras de que se deben adoptar las medidas para garantizar la salud y estabilidad de Rocío San Miguel y su familia. Poner fin ya a todos los ataques del contra de las personas defensoras de derechos humanos», llamó.
La desaparición forzada de San Miguel
Laura Louza, codirectora de Acceso a la Justicia, hizo hincapié en la desaparición forzada, un crimen de lesa humanidad como lo establece el Estatuto de Roma en su artículo 7.
«La desaparición forzada se constituye cuando no hay información sobre esta persona, su paradero, sus condiciones de salud y dónde está recluida. Lo único que se sabe es que fue presentada en un tribunal de terrorismo«, mencionó sobre los pocos detalles que a través de su cuenta en la red social X ha dado el fiscal general designado por la Constituyente de 2017, Tarek William Saab, del caso.
Martha Tineo, coordinadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, sostuvo que la represión de Miraflores es un patrón que se aplicó en la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial.
«Tenemos que exigir a la comunidad internacional y a Naciones Unidas que intercedan a favor de Rocío San Miguel. Estamos ante un patrón sistemático de ataque a las personas defensoras de los derechos humanos», resaltó.
Las preguntas que debe responder el fiscal
Los abogados de San Miguel informaron que el tribunal de terrorismo ordenó su detención en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en su sede de El Helicoide, donde varias veces acudieron para pedir información sobre su paradero y se lo negaron.
Además, Lexys Rondón, coordinadora del Laboratorio de Paz, llamó la atención sobre la opacidad desde que a la activista la detuvieron el 9 de febrero en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado Vargas.
«Queremos preguntarle al fiscal general de la República, si es el debido proceso por qué Rocío San Miguel no fue presentada a las 48 horas de que fue detenida. Nosotros estuvimos en El Helicoide y allí nos dijeron que Rocío no estaba allí con su familia», recriminó.
Mencionó que no le permitieron ni a ella ni a sus familiares tener derecho a la defensa privada como lo contempla la Constitución de Venezuela de 1999.
«Por qué a esta hora cuando ustedes están aquí (10:45 de la mañana del miércoles 14 de febrero) Rocío San Miguel sigue incomunicada. Tiene cinco días que no se ha podido comunicar con ninguno de nosotros», insistió.
También abogó por un pronunciamiento de los gobiernos democráticos en el mundo.
El director-presidente de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, dijo que no era «inteligente» la decisión de detener a Rocío San Miguel, lo que reitera el patrón de persecución contra defensores de derechos humanos en Venezuela.
Con información de Iván E. Reyes